Ex DINA no procesados, eliminados de lista a honorarios del Ejército

/ La Nación

Martes 15 de septiembre de 2009 | | País

El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías.

Dos ex agentes DINA que no están procesados por violaciones de los derechos humanos pero que se mantenían en la lista de funcionarios a honorarios del Ejército percibiendo sueldos mensuales por prestaciones de servicios fueron eliminados de esta nómina.

Se trata del coronel (R) de Ejército que fue ayudante del ex jefe de esa asociación ilícita Manuel Contreras, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, y del médico cardiólogo Sergio Pliscoff Marcovick.

Dado que el Ejército informó al ministro de Defensa Francisco Vidal y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que de todas las listas de funcionarios de planta, a contrata y honorarios, no existía ningún ex agente DINA que no se encontrara encausado por delitos de lesa humanidad, La Nación consultó a esa institución por qué Acevedo y Pliscoff fueron borrados de la lista a honorarios si sobre ellos no pesaba un auto de procesamiento.

La respuesta del Departamento Comunicacional del Ejército fue que “los motivos de sacar de la lista de funcionarios a honorarios del Ejército a los señores Hugo Acevedo Godoy y Sergio Pliscoff Marcovick, se debió a que ambos presentaron la renuncia voluntaria a la institución”.

De esta manera, suman doce los ex agentes y miembros de esa rama castrense que no pertenecieron a los servicios represivos, que dejarán de seguir recibiendo pagos mensuales en calidad de recontratados.
De ellos, diez están procesados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

Hay otros tres ex agentes de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que si bien están procesados por este tipo de delitos, aún permanecen en servicio activo. A éstos el Ejército no les cursó la baja y los mantuvo en servicio, hasta que en su contra exista una sentencia condenatoria de primera instancia.

El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías, mientras que Pliscoff percibía $532.864 al mes trabajando en el Centro Médico Militar Santiago Centro.

Acevedo fue uno de los seis ex agentes que La Nación Domingo presentó en el reportaje “La DINA a honorarios” publicado el pasado 30 de agosto.

Pliscoff operó en la década de los setenta en las clínicas en que la DINA asesinó prisioneros, y luego fue médico de la CNI operando hasta fines 1989 en los centros clínicos heredados de su antecesora. Después, el Ejército lo recontrató para seguir trabajando en la institución.

QUEDAN ALGUNOS

En la nómina a honorarios continúan los ex agentes de la CNI y DINE, coronel (R) Pedro Pablo Bustos Valderrama y Adolfo Born Pineda, respectivamente. Bustos, ex agregado militar ante Naciones Unidas, recibe $1.341.205 mensuales por asesorías, y Born $873.018 como “analista en seguridad”.

Born, ex jefe de seguridad de Copesa, fue condenado en mayo de 2003 a cinco años como autor del secuestro y desaparición en 1978 del agente DINE Guillermo Jorquera.

En 2007 la Corte de Santiago elevó la condena a seis años, pero en 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió, a pesar de las múltiples pruebas en su contra.


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CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN EXIGE ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Todos los actores de la Educación por un cambio profundo.

Congresos Regionales

El pasado 28 y 29 de agosto, se realizó en el aula magna de la ex Universidad Técnica del Estado (USACH) el Congreso Regional Metropolitano de Educación, previo al nacional. Así mismo se realizaron congresos en muchas universidades y regiones del país donde discutieron las grandes problemáticas de la crisis de la educación chilena. 

Entre las regiones y ciudades congregadas están: Concepción, Atacama, Valparaíso, la Araucanía y la Metropolitana.

CONGRESO NACIONAL

Alrededor de mil quinientas personas, reunidas en representació n de todos los sectores de la educación, repletaron este viernes 4 y sábado 5 de septiembre las instalaciones del sector poniente de la USACH para participar de un acto histórico. 

Todas las regiones del país asistieron al evento para discutir y dar forma a un proyecto nacional de Educación y dar solución a los problemas que vienen socavando el sistema educativo del país. 

Frente a la crisis de la educación chilena, la ciudadanía busca construir una alternativa propia haciendo uso de su soberanía. 

Los asistentes se dividieron en seis ejes temáticos distribuidos en siete grupos de discusión cada uno (42 grupos). Luego de dos días de discusión, los participantes se reunieron en seis grandes comisiones para sintetizar y deliberar las conclusiones generales que serían planteadas al pleno después del mediodía del sábado. 

Varios temas fueron tópico de análisis para la ciudadanía. 

Se discutió durante dos días y se concluyó acerca de seis importantes ejes temáticos: Institucionalidad y Rol del Estado, Financiamiento, Acceso y permanencia, Sentido de la Educación Pública, Educación a lo largo de la vida y Participación ciudadana. 

Estos fueron los temas que cientos de profesores, estudiantes secundarios, universitarios, académicos, funcionarios y asistentes de la educación, reflexionaron y deliberaron en la región y a lo largo del país. 

Algunas conclusiones del Congreso fueron:

Asamblea Constituyente, para una Nueva Constitución Política que permita:

- Poner fin al Estado Subsidiario.

- Establecer el rol garante del Estado hacia el Derecho a una Educación gratuita, democrática, plural, laica y participativa. 

- Garantía de acceso y permanencia en Educación, desde el nivel Parvulario hasta la Educación superior.

- Desmunicipalizació n de la Educación básica y media, y el traspaso de los establecimientos educacionales al Estado.

- Fortalecimiento del Ministerio de Educación en su rol administrativo y fiscalizador de la educación. Con mecanismos de desconcentració n regional y con participación directa de la ciudadanía.

- Fortalecimiento de la Educación Pública universitaria de carácter Estatal. 

- Democratizació n de la Educación en todos sus niveles. 

- Pluriestamentalidad en las instituciones.

- Participación vinculante de la ciudadanía en las políticas y legislación educativa del país.

- Fin al sentido mercantil de la educación, por un sentido humano y social.

- Participación ciudadana en la configuración de un proyecto país que guíe el sistema nacional de educación.

- Rechazo categórico a la LOCE, Ley General de Educación, Ley de financiamiento de la Educación superior y Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.

Todas estas fueron conclusiones en la mayoría de los congresos Regionales (III, V, VI, VIII,  IX, Metropolitana y otras) y tuvieron su contundente ratificación en el Congreso Nacional de Educación.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE, como necesidad de un cambio profundo.

Una educación que no esté al servicio del mercado y sí al servicio del ser humano fue una de las primeras preocupaciones. Pero, como lo planteó la gran mayoría de las comisiones, ni esto ni ningún otro cambio pueden llevarse a cabo sin una transformació n profunda a la Constitución Política del país. 

La discusión fue larga y por primera vez en la historia de nuestra patria, gran parte del pueblo chileno en reunión asume un compromiso soberano de tal magnitud, tomando el destino en sus propias manos. 

La Asamblea Constituyente debiera ser desde hoy la causa principal del Movimiento Educacional chileno, convirtiéndose en piedra angular para el logro de todas las demandas planteadas. 

Esto formó parte de una serie de propuestas que reflejan la necesidad de una mayor participación ciudadana en las decisiones del país. 

Una nueva constitución permitiría poner fin al Estado subsidiario que durante 17 años ha ido privatizando el derecho a la educación y otros derechos como el agua, la electricidad, la salud y el cobre. Establecer el Derecho a la Educación como una responsabilidad del Estado, quien deba garantizarla de manera gratuita hasta la universidad, fue uno de los acuerdos más importantes. 

Las Universidades Estatales y las privadas ya no se diferencian, y pensar en una educación gratuita, como existe en todos los países del mundo, resulta imposible sin un cambio profundo. Respecto a esto surgió un gran debate, el cual concluyó acordándose la necesidad de acabar con el financiamiento estatal hacia universidades privadas.

Se demostró un categórico rechazo a la Ley General de Educación (LGE) y a todas las leyes relacionadas, proponiendo la participación de los actores educativos en la configuración de nuevas leyes. 

Así terminó esta jornada histórica, no vista desde hace varias décadas en nuestro país.

Es de esperarse que este consenso nacional se transforme en una actividad articulada y permanente de reflexión y movilización social para la construcción de una nueva educación y de una nueva sociedad chilena.

Atte

Matías Sagredo Z 

PD: Fotografía gentileza de periodista FECH

-- 

Atentamente

REDESCHILE

Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente

Vicaría digitaliza sus archivos

Jueves 3 de septiembre de 2009
La Nación

Con el apoyo de la embajada de Alemania, todos los documentos de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz reunidos desde 1973 serán archivados digitalmente antes de fines de año.
Así lo informó ayer María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría durante la visita a la entidad que realizó Wilfried Krug, encargado de negocios de representación diplomática germana.
El proyecto en marcha busca preservar la totalidad de la documentación archivada relativa a personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas y conformar una gran biblioteca digital que estará disponible para actividades de educación, promoción y defensa de los derechos humanos.


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Caso Riggs: procesan a ex edecán de Pinochet

Jueves 3 de septiembre de 2009
Por Leslie Ayala / La Nación

El monto malversado por el cual se encausó a Moreno Saravia es de al menos US$100.000. Tras ser notificado de esta resolución por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, el general (R) fue traslado hasta el Comando de Policía Militar del Ejército.

El general (R) Sergio Moreno Saravia fue procesado por malversación de caudales públicos. Foto: UPI

 Un nuevo procesamiento en el denominado caso Riggs dictaminó ayer el juez Juan Manuel Valderrama.
Esta vez el encausamiento fue en contra del general (R) Sergio Moreno Saravia, ex edecán de Augusto Pinochet, quien sirvió como enlace para que el dictador sacara ilegalmente del país gastos reservados que después internó para comprar diversos bienes a nombre del otrora comandante en jefe del Ejército.
El fallo establece que existen antecedentes suficientes en la causa para acreditar la existencia del delito de malversación de caudales públicos por parte de Moreno, quien en su calidad de secretario general del Ejército realizó el enlace para sacar gastos reservados del erario nacional para traspasarlo a fondos personales de Pinochet, quien utilizó estos dineros para comprarse casas para él y su familia.
El monto malversado por el cual se encausó a Moreno Saravia es de al menos US$100.000. Tras ser notificado de esta resolución por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, el general (R) fue traslado hasta el Comando de Policía Militar del Ejército.
COMPRA DE CASAS
Entre los inmuebles comprados está el departamento Nº 403 del edificio Los Maitenes, en Reñaca (después lo vendió en $ 40 millones).
Asimismo, el fallecido dictador -con el dinero malversado a través de la sociedad Belview International S.A.- le compró a su esposa, Lucía Hiriart, la casa de calle General Gorostiaga Nº 509, en Ñuñoa, propiedad de la cual también se deshizo más tarde. Meses después compró una parcela en la hacienda El Convento en Santo Domingo, la que posteriormente fue traspasada a sus hijos.
En 1995 adquirió una residencia en Iquique avaluada en $75 millones los cuales canceló en efectivo. Según el procesamiento, el general Pinochet compró ese mismo día otra propiedad del recinto ubicado en Playa Chipana.
El mismo año, y por recomendación de su edecán, le compró al miembro de la cúpula de la DINA coronel (R) Marcelo Moren Brito el fundo Rupumeica, en Lago Ranco, en $22 millones. Así como también adquirió tres propiedades en Vitacura, mediante vales a la vista.
La importancia de esta resolución recae en que por primera vez el juez establece que está "absolutamente claro" que Pinochet, a través de la sociedad Belview (del cual era dueño), adquirió numerosos bienes con dineros de gastos reservados del Ejército que sacaba y devolvía del exterior y que el general (R) Moreno colaboró para ello.

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Relación de las Últimas Noticias en Derechos Humanos

¿Qué relación puede haber entre la campaña publicitaria para el reconocimiento masivo de detenidos desaparecidos, la aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, y el Indulto Presidencial Masivo del Bicentenario?

Para nosotros, los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que hemos sobrevivido durante 37 años a este desastre emocional, político y social, nos resulta perceptible, por experiencia, una relación casi premeditada que siempre nos lleva al camino del “Nunca Jamás”.

¿Será que vamos a guardar muestras de sangre para el día que los detenidos desaparecidos aparezcan?, ¿si los que han aparecido es solo por la acción de búsqueda que hemos desarrollado nosotros, con la más absoluta carencia de recursos y apoyo del Estado y de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes saben donde están y son quienes los hicieron desaparecer? Esta duda se responde a si misma con la necesidad de invertir el orden de las acciones que nos podrían llevar a un final acorde a lo que esperamos en relación a una política de derechos humanos y reparación al daño sufrido por el genocidio cometido, o sea, primero tenemos que realizar una campaña de búsqueda, como esas humildes y arriesgadas campañas clandestinas que realizamos en dictadura, que nos llevaron a hallar a los nuestros a lo largo del país, campañas que esperábamos haber oficializado después del año 1990 y que hasta ahora esperamos, más allá de tantas madres y familiares que han envejecido y han muerto en la tortura de esperar. En conclusión, es muy difícil que este muestreo responda al problema de fondo, y muy lejos de las expectativas que produce en los familiares solo servirá para identificar los restos que hemos hallado y durante tantos años esperan en la morgue de Santiago. Entonces, lo importante, lo gravitante, sería que luego de este muestreo masivo, venga un programa de búsqueda que en justicia exija al Ejército, a la Marina, a la Aviación y a Carabineros, la entrega de los restos de las víctimas de desaparición forzada, que ellos esconden como instituciones.

Luego -¿La aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas nos lleva a ese objetivo?- lo ideal es que así sea, pero, esta ley solo se refiere y apunta a la regularización de asuntos patrimoniales y civiles relacionadas con bienes y herencias de los detenidos desaparecidos, y aún así, los culpables del crimen masivo, golpistas y militares que actualmente son miembros del senado no la aprueban por el solo hecho de referirse a “Desaparición Forzada de Personas”, cosa que ellos hasta hoy niegan, con la más eficiente y lúcida mentalidad criminal.

Finalmente, el Indulto Presidencial Masivo del Bicentenario, nos parece un presagio de indulto para los criminales de nuestros familiares ejecutados y detenidos desaparecidos, porque si estamos hablando de ancianos condenados que están enfermos y merecen, en virtud de su edad y dolencias, pasar los últimos momentos de sus vidas junto a sus familiares como una manifestación piadosa de la sociedad vigente, que apela a cuestiones religiosas y cristianas fundamentalmente, los acusados y condenados por las causas judiciales que hemos llevado adelante a pesar de tantos obstáculos, se han hecho viejos , enfermos al parecer, y han apelado a la pérdida geriátrica de la memoria.

La relación que existe entonces entre estas tres noticias que han circulado simultáneamente en la farándula nacional de los derechos humanos, es que producen el mismo sentimiento de incredulidad depresiva en torno a la posibilidad de hallar a nuestros detenidos desaparecidos, llegar a la verdad de los hechos y aplicar la justicia necesaria para no repetir, quizás dentro de los próximos cien años de nuestra Nación un nuevo genocidio; porque en el Centenario de 1910, también el Gobierno dictó una Ley de Amnistía o Indulto para los presos políticos, los exiliados, los prófugos y los desertores del ejército en la Gran Huelga de 1907 en Tarapacá, quienes, con la más absoluta impunidad del Estado, fueron acusados y condenados por la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Genocidio cometido en esa época, a pedido y en beneficio de los intereses económicos del Imperio Británico.

Felizmente, hemos desarrollado la práctica de la Recuperación de la Memoria Histórica, que en base a relatos, causas judiciales y vivencias, ha ido configurando nuestra verdad, la que nos llevará al Juicio Histórico que ineludiblemente nos dará la razón, y condenará a los culpables, a pesar de la impunidad impuesta por el poder político y económico de los genocidas, que en este Bicentenario seguramente volverán a ser encubiertos.

Angélica Palleras Norambuena

Hermana de Adolfo Palleras N.

Ejecuta en tortura por la Caravana de la Muerte

Copiapó, octubre de 1973

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Se posterga Propuesta de Indulto Presidencial

Iglesia posterga propuesta sobre indulto para después de presidenciales

Así lo informó el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, tras almorzar con la Presidenta Bachelet en La Moneda.

por latercera.com - 12/08/2009 - 16:02

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Foto: Ximena Navarro

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Escucha a monseñor Goic

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Tras sostener un almuerzo con la Presidenta Michelle Bachelet, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, informó que la Iglesia postergará la entrega de su propuesta para realizar un indulto masivo -para condenados que cumplan con ciertos requisitos- para después de las elecciones presidenciales.

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal dijo que en la cita "le hemos entregado a la Señora Presidenta los fundamentos que hemos considerado para solicitar un indulto jubilar en el Bicentenario para quienes están condenados por los tribunales de justicia. Y le hemos expresado que presentaremos una propuesta concreta cuando se dé un momento más propicio para el diálogo ciudadano sereno que requiere una iniciativa como ésta. Agradecemos la buena disposición que, gracias a Dios, ha encontrado en vastos sectores esta actitud de misericordia, que brota de nuestro mandato evangélico siguiendo una de las más antiguas tradiciones bíblicas y de nuestra historia patria".

En ese sentido, Goic agregó que "en el fragor de esta campaña electoral no es oportuno colocar un tema que requiere mucha serenidad, mucho diálogo y mucha paz en los corazones y ella (la Presidenta) también lo ha asumido así".

La propuesta de la Iglesia por motivo del Bicentenario del país, consiste en otorgar el indulto a reos mayores de 70 años, enfermos terminales, reclusos por hechos menores que no sean delitos de sangre, mujeres que están criando hijos y extranjeros recluidos por delitos menores, entre otros.

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Transcurridos 19 años de la “vuelta a la democracia” se reconoce legalmente en Chile la desaparición forzada de personas

12 de Agosto de 2009

Aprueban ley sobre desaparición forzada de personas

El Tribunal Constitucional rechazó la intención del Senado de exigir un alto quorum para su aprobación.

Un proyecto que norma el reconocimiento legal de personas desaparecidas será finalmente ley en Chile, después que el Tribunal Constitucional rechazara la intención del Senado de exigir un alto quorum para su aprobación, informaron fuentes legislativas.

Se trata de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, que regulariza asuntos patrimoniales y civiles a los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

La norma había sido aprobada por el Senado, pero la mesa directiva de esa rama legislativa había exigido un quorum de ley orgánica constitucional (tres quintos de los senadores en ejercicio) para la aprobación del último informe, de una comisión mixta, previo a su aprobación definitiva.

Un grupo de senadores socialistas recurrió entonces al tribunal constitucional, que resolvió que el informe de la comisión mixta "debe entenderse aprobado por el Senado en todas sus disposiciones de ley común (simple mayoría)".

Uno de los recurrentes, el senador socialista Juan Pablo Letelier, destacó que el fallo del tribunal constitucional no sólo es valioso en este caso, sino que "pone fin a una interpretación que por 19 años permitió que una minoría obstaculizara el avance de leyes que la mayoría de los parlamentarios habían aprobado".

Letelier responsabilizó al presidente del Senado, Jovino Novoa, de haber maniobrado para dilatar la aprobación de la ley.

El fallo del Tribunal Constitucional "es un tremendo triunfo, no solamente de esta ley y de las familias de los detenidos desaparecidos, sino de la forma en que deben tramitarse los proyectos de ley en el Congreso", concluyó Letelier.

Según estableció en 1991 la Comisión Rettig, durante la dictadura de Augusto Pinochet 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 fueron considerados detenidos desaparecidos.

EFE