escrito por Alfonso Insunza Bascuñán
viernes, 04 de julio de 2008
Cuando se habla de la independencia de los poderes públicos que debe existir en un Estado de Derecho, a fin de asegurar el debido equilibrio entre éstos, siempre surge la interrogante sobre si nuestra Constitución Política contempla los mecanismos necesarios para lograr la total autonomía de los órganos del Estado que dicen relación con la forma de nombramiento y los controles políticos.
El Poder Ejecutivo a cargo de un Jefe de Gobierno y Jefe de Estado radicados en el Presidente de
En relación al Poder Legislativo, los diputados y senadores pueden ser requeridos por determinadas infracciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional, y son también elegidos por sufragio universal.
Con respecto al Poder Judicial, los magistrados de los tribunales superiores de justicia pueden también ser responsables ante el Congreso a través de la acusación constitucional por notable abandono de deberes. Sin embargo, existe un debate en cuanto a la forma en que deben ser nombrados los jueces para asegurar su real independencia frente a los otros poderes, considerando que no son elegidos por sufragio universal.
En nuestra historia Constitucional, considerando las Constituciones Políticas de 1828, 1833, 1925 y la actual, se ha optado por diversos sistemas de nombramiento. La de 1828 en su artículo 46 establecía la facultad exclusiva del Congreso para nombrar a los cinco ministros de
La Constitución Política de 1925, en su artículo 83 estableció un sistema mixto, al expresar que los ministros y fiscales de
Nuest
Como se puede observar, nuestro país históricamente ha consagrado solamente el sistema de nombramiento por el Jefe de Estado, por el Congreso, o por ambos desechando otros sistemas, tales como la autogeneración que supone una total autonomía del órgano jurisdiccional; de elección popular como en algunos Estados miembros de los EE.UU., o bien, como en Francia, y España, donde la designación es por parte de un Consejo integrado por miembros de los tres órganos del poder estatal y representantes de instituciones de otro carácter, como gremiales y académicas.
En Francia,
En
En nuestro país, en el año 1986, se efectuó el Séptimo Congreso Nacional de Abogados, cuyas conclusiones sobre Estado de Derecho, vigencia y protección de los Derechos Humanos, Estatuto jurídico de la abogacía, y administración de justicia, fueron muy críticas sobre la actuación del Poder Judicial en esa época, fundamentalmente en lo que dice relación con la protección de los derechos civiles y políticos de las personas durante el régimen militar.
Una de las conclusiones del Congreso de Abogados fue la necesidad de “obtener que el órgano judicial sea realmente un Poder Público”, pues no basta la proclamación formal de carácter de Poder del Estado, sino que es necesario, crear una institucionalidad que, en los hechos, lo transforme en un Poder verdaderamente independiente de un Estado democrático. Para alcanzar esta finalidad se aprobó proponer la creación de un organismo denominado “Consejo Nacional de Justicia”, que estaría encargado de proyectar y materializar una política al respecto. Su radio de acción no estaría limitado a lo meramente judicial, sino que, debería tener en cuenta todas aquellas acciones que el Estado debe emprender para lograr la efectiva integración nacional a la vida jurídica, con especial énfasis en la defensa de los sectores marginados. Este Consejo Nacional, según las conclusiones del Congreso de Abogados, debería estar integrado por personas pertenecientes a los tres poderes públicos y por representantes de los sectores académicos y profesionales.
En el año 1991, el Presidente Aylwin envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, proponiendo entre otras materias, la creación de este Consejo Nacional de Justicia. En el mensaje presidencial, se expresaba la necesidad de introducir normas que garanticen la auténtica independencia del Poder Judicial, dotándole de poderes amplios y suficientes que lo constituyan en verdadero garante de los derechos humanos y de las libertades públicas.
La reforma propuesta era precisamente
Su integración estaba compuesta por el Presidente de
Los ministros, Fiscales de las Cortes de Apelaciones y los Jueces letrados seguirían siendo nombrados por el Presidente de
Para enfatizar la independencia del Poder Judicial se intercalaba en el actual art.73 de
Este proyecto de reforma Constitucional no prosperó, pero a futuro deberá insistirse en la necesidad de que, previo a un debate de toda la sociedad sobre esta materia, es necesario crear un organismo autónomo para le nombramiento y control del Poder Judicial, que asegure en forma transparente, la carrera judicial por méritos y excluya cualquier atisbo o sospecha que ésta puede ser interferida, por motivos extraños a la justicia, por otros órganos del Estado.
La mejor garantía de la función imparcial de esta clase de organismos autónomos, es que existan personas representativas del ámbito judicial, académico y gremial, que asegure la realización de labro de los jueces con plena independencia.
Por lo anterior, la creación del Consejo Nacional de Justicia sigue siendo un tema pendiente.
Alfonso Insunza Bascuñán
Abogado
Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad Arcis
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