¿Qué hay detrás del derrumbe de la Mina San José y desaparición de 33 trabajadores?

“Haremos todas las investigaciones para establecer responsabilidades”.

En esta frase del presidente Piñera podría resumirse el discurso de la autoridad ante los hechos acaecidos en la mina San José de la minera San Esteban en la Tercera Región (comuna de Copiapó) y que tienen hasta el cierre de este Pulso a 33 trabajadores enterrados con vida a mas de 600 metros de la superficie. Esta misma frase la han repetido ya algunos parlamentarios que anunciaron la creación de una “comisión investigadora”, así como los ministros de Estado vinculados con el tema.

 

Pero, que hay detrás de esta desgracia?. Que mas necesitan investigar para llegar a concluir lo que es evidente, y que todos conocemos de sobra?.

 

Lo primero, los hechos son producidos por que existen condiciones deplorables de trabajo, carencia de respeto a normas básicas de seguridad, insuficiente fiscalización de los diversos estamentos que deben hacerla, como el Sernageomin y las respectivas Inspecciones del trabajo. Lo concreto, lo claro, es que la mina no estaba en condiciones de operar y si lo hacía, es amparada en las necesidades que agobian a las familias de quienes ponen en riesgo su vida para llevar el sustento a sus hogares. 

 

Ya ha sucedido antes con quienes trabajan en pirquenes en la zona del carbón y con decenas de accidentes con victimas fatales en diversas faenas mineras a lo largo del país. Así seguirá sucediendo por que a fin de cuentas en un sistema donde manda el capital, los trabajadores son lo menos importantes. Ya encontraran los patrones fuerza de trabajo dispuesta a seguir arriesgando la vida con tal de obtener el sustento. 

 

En la mina San José así como en otras faenas mineras hay contratistas y subcontratistas, seres humanos que trabajan sin ningún tipo de protección, vestidos con sus propias ropas ante la imposibilidad de uniformes aptos, que carecen de alimentación o la que reciben es deficiente, que ganan sueldos de hambre y que se ven obligados a cumplir estas labores por que las privaciones aprisionan a sus grupos familiares.

Hoy es la minería, ayer fue la pesca, las salmoneras, ¿O acaso ignoramos que cuando los afectados se rebelan, los reprimen y a veces los matan como sucedió hace un tiempo con los trabajadores forestales?. Hagan todas las investigaciones que quieran, no deberán buscar mucho y se encontraran con que hay miles de trabajadores que no tienen su previsión al día por lo que no reciben prontamente las atenciones que su estado de salud demanda. Señores, no pasa solo en la minería, eso ténganlo muy claro.

Para nadie es un secreto que decenas de hechos similares a los de San José se suceden a diario, muchos de los cuales quedan en el anonimato porque no hay victimas fatales y también porque los informativos esquivan ponerlos en primera plana. Es más fácil escribir sobre farándula, deportes y delincuencia. Eso es lo que vende, eso es lo que distrae, eso es lo que estupidiza. Es lo que han hecho todos estos años. 

 

La principal lección que de aquí debemos sacar es que se requiere apurar el paso en el trabajo por fortalecer la organización sindical y que esta a su vez debe actuar con más firmeza, cuando de proteger la vida de los trabajadores se trata. Que se llegue a solicitar la suspensión de sanciones o desdecirse de la petición de fiscalización solo por mantener la fuente de trabajo, nos pone a las puertas de que hechos como estos continúen repitiéndose y mas trabajadores pongan en peligro sus vidas. 

 

Esperamos el rescate con vida de estos compañeros, pero cualquiera sea el desenlace final los trabajadores no pueden seguir tolerando este desprecio de los poderosos a la vida humana. Hay que exigir de la autoridad rapidez en las fiscalizaciones y sanciones ejemplares para aquellos empresarios que violan sistemáticamente la ley.

Es por eso que no podemos dejar de llamar la atención por la información aparecida en la pagina B5 del suplemento Economía y Negocios de El Mercurio del 8 de Agosto de 2010. Ahí se da cuenta del término de labores de la Unidad Inspectiva Programada (UIPO) en la Dirección del Trabajo, unidad considerada como pieza clave en materia de fiscalización laboral. Según la directora de la repartición se trata de liberar personas que estaban en el nivel central para que se vayan a fiscalizar a las diversas inspecciones.

 

Para quienes denunciamos permanentemente violaciones a los derechos de los trabajadores y vemos con pesar que no siempre se fiscaliza como corresponde, esta noticia provoca inquietud. Veremos si las intenciones de la directora dan de verdad frutos, veremos si el trasladar personal a trabajar en las Inspecciones provoca efectivamente una mayor y mejor fiscalización ante el aumento de los abusos. Nosotros tenemos la impresión que lo que de verdad hace falta, es contratar mas personal para que las fiscalizaciones no estén durante semanas en un escritorio, mas personal idóneo que cuando fiscaliza denuncias exija la presencia de los dirigentes sindicales que hicieron las denuncias. Que las sanciones no disminuyan a la mitad por el simple hecho de que se cancelan las multas en los plazos fijados.

 

Hace falta tomar mas en consideración a las organizaciones de funcionarios quienes tienen claro los déficits y también las propuestas para mejorarlos. Los trabajadores necesitan que se vele por sus derechos y se castigue a quienes los pasan a llevar.

Finalizó la huelga de Correos de Chile y como se carece de información, no queda claro si los trabajadores obtuvieron los beneficios por los que resolvieron iniciar su paralización. Aún así, se trata de un paso importante que debe ser analizado, y muy en serio, por quienes están periódicamente en procesos de negociación. 

 

Los trabajadores deben convencerse que no queda otro camino que la huelga y que para que este sea efectivo debe tener tras de si a la mayoría de quienes laboran en la empresa. Deben comenzar a dar importancia al sostenimiento económico del movimiento a través del Fondo de Resistencia. Deben asumir que la huelga es permanente, durante las 24 horas y considerar todas las acciones que permitan derrotar la posición patronal.

 

Aprovechamos de saludar por estas líneas a los trabajadores de Embotelladora Latinoamericana (54 trabajadores), Autotest (87 trabajadores), Transportes Master (53 trabajadores) que terminaron sus procesos de negociación colectiva obteniendo mejoras en sueldos, gratificación y otros beneficios menores. Nuestro respaldo a los asociados al Sindicato de Coppelia (73 trabajadores), Servicios Austral de Concepcion (40 trabajadores), Casinos Chile (56 trabajadores) y EGT (26 trabajadores) que están en proceso de negociación.

Por ultimo queremos llamar la atención por la huelga que hasta este momento llevan adelante los 28 trabajadores de Cervecería Austral en Punta Arenas, movimiento que se iniciara el 2 de agosto. Invitamos a enviar correos de saludo a zorro15gj@hotmail.com.

Al cierre, un saludo a los mas de 100 dirigentes que en representación de sindicatos afiliados del norte, centro y sur del país incluido el extremo austral, participaran de la fase final del XI Congreso Nacional de la CGT, encuentro que se iniciara en Marzo de esta año con la discusión en asambleas del documento central y cuyas resoluciones fueron a su vez discutidas en encuentros zonales de dirigentes en todo el país.

 

Estamos convencidos que la participación activa es la herramienta que se necesita para el nuevo sindicalismo que proponemos.

 

 

MANUEL AHUMADA LILLO

Presidente C.G.T.

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Toma de embajada de Chile en Bruselas, en apoyo a la causa Mapuche-

Veinte miembros activistas de la –Coordinadora por la causa Mapuche en Bélgica-, ocuparon la embajada de Chile en Bruselas, bloqueando la puerta principal del edificio. Todos vestidos con buzos de color blanco, con un “Slogan” en el cual se leía: “Libertad para el pueblo Mapuche”, lograron ingresar a las dependencias de la Embajada chilena para proceder a encadenarse desde el interior y bloquear la entrada principal de la sede chilena....

Puesta online a las 11:33, el 13 de Agosto del 2010

En el día de ayer 12 de agosto 2010, Veinte miembros activistas de la –Coordinadora por la causa Mapuche en Bélgica-, ocuparon la embajada de Chile en Bruselas, bloqueando la puerta principal del edificio.

Todos vestidos con buzos de color blanco, con un “Slogan” en el cual se leía: “Libertad para el pueblo Mapuche”, lograron ingresar a las dependencias de la Embajada chilena para proceder a encadenarse desde el interior y bloquear la entrada principal de la sede chilena.

Según un portavoz de la “Coordinadora por la causa Mapuche en Bélgica”, la toma de la embajada chilena, estaba en marcada en el llamado; “El día de acción global en marcha el 12 de agosto 2010 en mas de 20 países, que solidarizan con la el Pueblo Mapuche y su causa, pero, y muy especialmente con los 32 prisioneros políticos mapuches en huelga de hambre desde este pasado 12 de julio 2010.

El “Global Action Day”, busca dar a conocer la situación que vive el pueblo Mapuche. Pueblo autóctono del sur de Chile y de la Patagonia Argentina, que se ve enfrentado a empresas transnacionales del agua, electricidad, madera y minerales en una clara “usurpación de territorio”, según dirigentes mapuches.
Sgun el comunicado de la –Coordinadora por la causa Mapuche-: “La extrema pobreza, el despojo de sus tierras y las insuficientes medidas tomadas por el estado chileno para solucionar el problema, les ha empujado desde hace ya unos años, a iniciar una campaña que han llamado; “Recuperación de tierras”, apoyándose en derechos ancestrales.
Esto, ha provocado que, el estado chileno, tiene posesión para proteger a las multinacionales y terratenientes, militarizando la zona y aplicando, una serie de leyes restrictivas entre ellas, la “Ley anti-terrorista-, que data del periodo de Pinochet y que solo se ha aplicado a los prisioneros políticos pertenecientes al pueblo Mapuche.

La aplicación de esta ley, hace, que delitos “comunes”, vean aumentado sus castigos, al ser considerados como actos terroristas y reciben condenas que no bajan de los 10 años.
Esta ley, permite además que, que los prisioneros sean condenados por dos justicias, la –Civil- y la militar, por un mismo delito. Además de la presencia de testigos sin rostro, hecho que, no garantiza un debido proceso.

A todo lo anteriormente mencionado, se suman, las innumerables recomendaciones emitidas desde las Naciones Unidas y sus estados miembros para que Chile, deje de aplicar dicha ley y ponga en práctica, los tratados sobre el respeto a los pueblos originarios.

Ante la nula respuesta a estas recomendaciones es que, 32 prisioneros políticos mapuches, decidieron iniciar el pasado 12 de julio 2010, un huelga de hambre con ingesta de liquido, en las diversas cárceles chilenas en las que se encuentran recluidos.
Este movimiento, se transforma así, en la primera huelga de hambre de Prisioneros políticos mapuches bajo el nuevo gobierno del presidente-empresario-, Sebastián Piñera.

Esta acción de denuncia se realiza en por lo menos 20 países en el mundo y no es mas que el comienzo de una cadena de acciones y reuniones tendientes a respaldar el petitorio emanado desde las cárceles chilenas”.

El –Comunicado-, termina diciendo; “ El derecho a un debido proceso, sin los montajes políticos-judiciales actuales, el termino de la –Ley Anti-terrorista-, el termino de la justicia militar y el fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso y la desmilitarización en las zonas Mapuches.”

Según portavoces de la –Coordinadora por la causa Mapuche en Bruselas-, el movimiento continuara con otras manisfestaciones.

Anibal Gonzalez Glez.
Journaliste-ecrivain
Antenne Latine
Vendredis de 18 à 21 heures (Belge)
www.radioairlibre.be, 87.7 Fm. Bruxelles 


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El pasado vive en el presente: réquiem para el derecho a la memoria? .

Asuntos Públicos
Santiago de Chile, 11 de Agosto de 201011 de Agosto de 2010

La voz de los derechos humanos no pertenece a nadie en particular. Ni a los expertos en el tema, ni a las elites de poder. Es quizá una de las singularidades del logro obtenido después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de 1948. Con todo, si hay quienes tienen y deben tener una voz especial en el tema, sobre todo cuando están en juego medidas y políticas unilaterales (eventuales indultos a violadores a derechos humanos), son las víctimas, las que están vivas, los familiares de aquellos que ha sufrido la pérdida de seres queridos a manos de agentes del Estado ( sean detenidos-desaparecidos, o fallecidos a causa de las torturas u otros métodos), y solo después, los movimientos, instituciones o personas que se han destacado por su defensa de los perseguidos y pasados a llevar.

En este último tiempo, los derechos humanos vuelven a reaparecer en el escenario público -constatando, dicho sea de paso, la imposibilidad de cerrar la discusión o su importancia por decreto-, de la mano de tres situaciones: la primera, los dichos del embajador Otero quien considera que los efectos de la persecución, tortura, relegación o exilio, sólo afectaron a unos pocos chilenos en el pasado.

Como si la negación de los derechos cívico-políticos y sociales al conjunto de los chilenos, no dejase consecuencias en el tejido social de un país que estaba habituado a expresarse y organizarse. Por lo que , aunque uno no hubiese sido detenido, exiliado o relegado, la atmósfera generalizada de vigilancia y represión dejó su marca en todos aquellos que nos tocó vivir en aquellos grises años.

Un segundo hecho, es la sentencia del Juez Solís, respecto a los responsables de la muerte del matrimonio Prats en Buenos Aires. Por qué - se ha preguntado, estimado lector-, hemos debido esperar mas de 30 años para tener la certeza jurídica de quiénes fueron sus ultimadores? Digamos, donde estaba la Justicia que fue incapaz de aclarar el caso antes ¿ Cuál ha sido al respecto el aporte a su esclarecimiento y la posterior reacción de la elite económica, política o militar?. O usted aun le da crédito a los cuentos que señalan el conflicto interno como causante de esas muertes ( así como la del ex canciller O.Letelier -en pleno Washington-; o el atentado al matrimonio Leigthon en Roma )?.

Una tercera situación, se relaciona con el mentado indulto bicentenario. En particular, si deben considerarse en él a responsables de graves violaciones a derechos humanos. Lamentablemente esta es una medida en que se mezclan las buenas intenciones, con algunas promesas de campaña política presidencial, que desnaturalizan su horizonte humanista.

Un indulto unilateral y sin fundamentos que incorpore a violadores a derechos humanos, no contribuirá a una auténtica reconciliación. Para que ella se diera, primero los victimarios tienen que reconocer sus faltas y pedir perdón, al menos, por el daño irreparable que han causado a compatriotas suyos. Al mismo tiempo, está la vía jurídica que resulta muy importante. No puede el país permitirse no hacer verdad y justicia, también en el aspecto jurídico-legal. Sin embargo, la justicia legal no es suficiente. También necesitaríamos el ejercicio de lo que se da en llamar justicia restauradora, esto es, una justicia que asuma el dolor y restaure ante el país, el honor y la dignidad de los que fueron detenidos, torturados, exiliados o desaparecidos. Cuando se habla de gestos “humanitarios” o de bondad, de cara al Bicentenario - y que considere a los violadores de los derechos humanos-, vienen a la memoria y duelen las fotos de Marta Ugarte , profesora, que apareció un día cualquiera -como por milagro-, flotando a orillas de una playa nortina, amarrada a unos pedazos de rieles oxidados, confirmando una sospecha terrible respecto a detenidos lanzados al mar. Vienen a la memoria las imágenes de los restos esparcidos aquí y allá del ex. general Prats y su esposa, en una calle oscurecida de Buenas Aires.

Están en la memoria las imágenes de tantos torturados una vez que - de manera afortunada, entre otras cosas, gracias al accionar valiente y señero del Cardenal Silva Henríquez y la Vicaría de la Solidaridad-, pudieron recuperar su libertad y salir vivos de una experiencia tan humillante y dolorosa.

Una sociedad que quiere vivir en la decencia, no puede permitirse pretender borrar el pasado doloroso; tampoco banalizarlo, excusarlo por el contexto, o jugar al supuesto empate moral. Los escaparates llenos de mercancías, las tarjetas de créditos, la impunidad programada , apuntalan la reproducción social de indiferencia moral, terreno siempre fértil para la eventual repetición de aquellos terribles sucesos. Cómo entonces tenemos que educar y auto-educarnos en cuanto sociedad después de Isla Dawson, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, Londres 38 y otras expresiones similares ?. Servirá a ese urgente objetivo para renovar nuestra cultura política pública, un indulto particular o general a violadores de los derechos humanos?
Por todo aquello no puede pasarse por alto la necesidad de un permanente y plural cultivo del derecho a la memoria. Hacerlo, sería ofender nuevamente la conciencia y el dolor de cientos de compatriotas que, desde distintas visiones de mundo, perdieron sus vidas, o quedaron con sus vidas dañadas para siempre, en aras de recuperar para todos el ejercicio de libertades y derechos confiscados. Aun, siguiendo a W. Benjamín, estamos en deuda con esas generaciones. No podemos olvidar las sentidas palabras del poeta: ” fueron arrojados/llueven/ asombrosas cosechas de hombres caen para alimentos de los peces en el mar/Viviana oye llover tierras santas/ oye a su hijo caer como una nube sobre la cruz despejada del pacífico”;


 Por Prof.Dr.Pablo Salvat Bologna
Director Magíster Ética social y Desarrollo humano/Depto Ciencia Politica y RRII, Universidad A.Hurtado

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Justicia deja sin efecto embargo de los bienes inmuebles a nombre de Pinochet en caso Riggs

Miércoles 11 de Agosto de 2010

Así lo confirmó el juez, junto con precisar que sólo se levanta la medida respecto de las casas, parcelas y terrenos que estén a nombre de Augusto Pinochet pero que los dineros incautados continuarán en custodia del tribunal. Estos fondos ascienden a poco más de 7 millones de dólares.

Las propiedades liberadas corresponderían a la parcela del Melocotón, un departamento -con dos bodegas y un estacionamiento-, ubicado en calle Blanco, en Valparaíso, y unos terrenos en Quintero.

El alzamiento se produjo luego que el magistrado acogiera parcialmente una solicitud hecha por la defensa de Lucía Hiriart, quien argumentó que no existiendo una causa civil pendiente, resulta improcedente mantener el embargo.

“Se solicitó al tribunal el alzamiento de todos los bienes y además, de los dineros que están embargados en la causa y el tribunal sólo accedió al alzamiento de bienes raíces que estén inscritos a nombre del general Augusto Pinochet, quien se encuentra sobreseído definitivamente en la causa. A juicio del tribunal es procedente esa petición”, explicó el ministro Manuel Valderrama

Luego de conocer la resolución, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes -quien representa los intereses del fisco- manifestó que el organismo “evaluará apelar del dictamen”.

Para el CDE no resulta viable retornar propiedades o dineros a la familia Pinochet mientras no esté establecida su procedencia, pues es justamente su eventual origen ilícito lo que se investiga en el marco del caso Riggs.

“Todavía sigue adelante el proceso, es un proceso complejo, con una estructura financiera compleja. Vamos a estudiar si procede alzar estas medidas cautelares”, indicó el profesional del CDE.

Los abogados de Lucia Hiriart también podrían impugnar el fallo, pues esperaban un alzamiento total y no parcial.

En junio pasado, la auditoría que realizaron peritos de la Universidad de Chile a los fondos de Pinochet arrojó que su fortuna alcanzó poco más de US$21 millones y que, de esa suma, casi US$18 millones no están justificados y se desconoce su origen.

Fuente: 

Radio Universidad de Chile online

Caso Pisagua repone en el tapete a ex edecán Krauss

Por Jorge Escalante / La Nación 

 

La Sala Penal de la Corte Suprema solicitó a Argentina que amplíe los márgenes de la extradición del mayor (R) Herrera, concedida en 1994, para que responda por siete asesinatos cometidos en ese lugar entre el 15 y el 30 de enero de 1974.

 Viernes 6 de agosto de 2010 | | País

La solicitud a la justicia argentina resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema para que amplíe el margen de los términos de la extradición a Chile del mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, concedida el 8 de abril de 1994, aviva el fantasma que persigue al ex agente de la CNI y ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, por los crímenes de Pisagua.
En 1994, la extradición de Herrera, sacado de Chile clandestinamente en 1991 por la inteligencia del Ejército para evitar que respondiera judicialmente por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, fue concedida por Argentina sólo para que en Chile respondiera por el crimen del sindicalista, del carpintero Juan Alegría y del transportista de La Serena Mario Fernández.
Ahora, la sala penal solicitó expresamente a la justicia argentina que extienda esa restricción para que Herrera responda por siete asesinatos cometidos en el campo de concentración de Pisagua, entre el 15 y el 30 de enero de 1974.
En ese período, en dicho campo los prisioneros fueron ejecutados extrajudicialmente Nelson Márquez Agurto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chánes Chánes.
En el proceso, el mayor (R) Herrera le imputa a Krauss darle la orden para matar a Márquez. El detenido, torturado hasta enloquecer, apareció una tarde errando por la playa y fue acusado de intentar fugarse.
Además, Herrera confesó a La Nación el 2002 que Krauss también le ordenó disparar sobre los otros prisioneros mencionados, cuyos nombres aparecieron en un bando militar como “puestos en libertad” desde el campo.
En junio de 1990, los siete cuerpos se hallaron sepultados en una fosa clandestina en Pisagua.

SALIDA DEL CARGO

El 22 de julio de 2004, la jueza Carmen Garay procesó por estos delitos a Herrera y Krauss, lo que al ex agente CNI le costó su salida del cargo que ejercía como edecán de la Cámara de Diputados.
Antes de ello, el aún edecán afirmó a La Nación Domingo, en julio del 2004, que “éste es un cuento de nunca acabar y aquí hay intereses políticos detrás”, declarándose “inocente” de esos crímenes. Aunque Krauss no niega en el proceso que estuvo en Pisagua en ese tiempo con el grado de capitán.
Sin embargo, después de que el proceso pasó a manos del juez Joaquín Billard, que aún instruye la causa, éste revocó el procesamiento de Krauss, produciéndose luego una serie de acontecimientos procesales que terminaron con éste fuera del juicio y que la parte querellante evaluó en su momento como “extraños”.
Ahora, si la justicia Argentina concede la ampliación pedida que permitiría que Herrera volviera a formar parte de esta causa, dado que su procesamiento también fue anulado, el abogado querellante Adil Brkovic dijo a este diario que “volveremos a pedir el procesamiento del coronel Krauss y de Herrera Jiménez”.
Brkovic sostiene que en el caso del ex edecán “fue muy extraño que el Consejo de Defensa del Estado se desistiera de apelar para que el procesamiento de Krauss fuera repuesto, porque existen suficientes antecedentes que lo inculpan”.

 

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Agrupación se querella por 103 ejecutados políticos

Por L. A. C. / La Nación 

Viernes 6 de agosto de 2010 | | País

Un total de 103 nuevas querellas por ocho mujeres y 95 hombres que fueron asesinados durante el régimen militar interpuso ayer la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ante el ministro en visita Mario Carroza, quien está a cargo de la indagatoria de estos casos. En total, ya suman 203.
La presidenta de la agrupación, Alicia Lira, manifestó que la presentación de estas acciones judiciales reafirma el compromiso que tienen de luchar para que la justicia investigue “los más de mil cien crímenes de la dictadura. Que se investigue a los responsables y luego se les sanciones para no permitir ninguna ley que aplique más impunidad de la que ya hay en este país”.
La presentación se enmarca, según explicó la dirigenta, en la campaña “Impunidad jamás”, iniciada el año pasado por la agrupación luego que el Poder Judicial, a través del ministro Sergio Muñoz, realizara un catastro de los casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos que aún no poseen una causa abierta a nivel país.
Asimismo, la dirigenta manifestó su descontento con el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que según detalló “no ha presentado ninguna querella por ejecutados políticos como lo mandata la ley” desde que asumió el 11 de marzo pasado el Presidente Sebastián Piñera.

CONFECCIÓN DE LIBELOS

Al respecto, la abogada Rossy Lama -secretaria ejecutiva del Programa de DDHH- indicó que durante estos cinco meses se han estado presentando querellas para que se indaguen 14 casos de detenidos desaparecidos que, hasta el momento, no tenían causa penal abierta, “y aún faltan dos más que estamos a punto de presentar”, indicó Lama.
En esa misma línea, dijo que las querellas por ejecutados políticos “están en proceso de confección y de acompañamiento de documentos y todos los antecedentes que requiere una querella de estas características, lo cual se ha visto demorado en algunos casos porque queremos entregar la información lo más completa posible”.
Acto seguido, la jefa del Programa de DDHH aseguró que en las próximas semanas se harán parte de las causas instruidas por el ministro Carroza.

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Nueva condena a la cúpula de la Dina

31 de Julio de 2010

Por desaparición de ocho opositores

El ex jefe de la Dina fue sentenciado a 15 años y un día de cárcel por la desaparición de ocho opositores al gobierno de Augusto Pinochet, por lo que acumula más de 200 años por diversas violaciones a los derechos humanos. Además, se suman el ex brigadier Miguel Krasnoff, y los ex coroneles del Ejército Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo y Daniel Cancino Varas, el oficial en retiro de Gendarmería Orlando Manzo Durán, el ex oficial del Ejército Rubén Fiedler Alvarado y Pedro Herrera Henríquez, el suboficial en retiro de Carabineros Pedro Alfaro Fernández y el ex teniente coronel del Ejército Fernando Lauriani Maturana.

por El Mostrador

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Presidente responde a dichos de Manuel Contreras sobre libertad de militares condenados

Viernes 30 de Julio de 2010

Fuente :Emol/ANSA

El ex jefe de la DINA dijo ayer que espera que el Mandatario cumpla con la promesa que hizo, como candidato, sobre la prescripción de los delitos. SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera no tardó este viernes en responder a los dichos del ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras, quien anoche en una entrevista televisiva recordó el compromiso asumido por el Mandatario en noviembre pasado ante los militares en retiro, cuando era candidato. "Ahí dijo que se preocuparía de que se aplicara estrictamente la ley y por la agilización de los procesos. Si se cumple la ley, deberían aplicar a todos nosotros la prescripción de las causas", comentó el ex oficial de Ejército desde la cárcel de Punta Peuco, donde se encuentra recluido por 38 condenas que suman 209 años. Al respecto, el Jefe de Estado recordó hoy que tiene un compromiso con todos los chilenos de hacer cumplir las leyes. "Yo me comprometí ante todos los chilenos, de hecho juré cuando asumí como Presidente cumplir y hacer cumplir las leyes y, por supuesto, ese compromiso lo tengo con los 17 millones de chilenos", manifestó. El martes 10 de noviembre, el entonces postulante a La Moneda se reunió con cerca de 500 militares en retiro en el Círculo Español y fue en ese escenario donde garantizó que en su eventual Gobierno iba "a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están en servicio activo o en retiro, sin arbitrariedades, en forma oportuna, sin mantener procesos ad aeternum que nunca terminan".

Pedirán extraditar a ex agente fugada a Dinamarca

Por Jorge Escalante / La Nación

La ex integrante de la DINA y la CNI, suboficial (R) de la Armada, salió con su identidad el 10 de mayo pasado y fue encausada el 9 de julio último. Abogado Nelson Caucoto afirma que “se cumplen requisitos para la extradición”.

Viernes 30 de julio de 2010 | | País

La extradición desde Dinamarca de la ex agente DINA-CNI, suboficial (R) de la Armada, Ema Verónica Ceballos Núñez, pedirá el abogado querellante en el crimen de los cinco militantes del FPMR, Nelson Caucoto.
Previendo su procesamiento, la ex agente huyó a Dinamarca el pasado 10 de mayo saliendo con su identidad por el aeropuerto internacional de Santiago.
El magistrado Mario Carroza la encausó el 9 de julio último en calidad de coautora del secuestro y desaparición del frentista Julián Peña Maltés.
El secuestro de los frentistas entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 fue una operación coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, la Central Nacional de Informaciones (CNI), y el Comando de Aviación del Ejército (CAE).
Los cinco fueron asesinados en el cuartel Borgoño de la CNI y sus cuerpos arrojados al mar a bordo de un helicóptero Puma del CAE.
Aunque no está comprobado, los frentistas pudieron ser secuestrados para canjearlos por el coronel Carlos Carreño, gerente comercial de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), a quien el FPMR secuestró el 1 de septiembre de 1987. Pero Carreño apareció liberado el 3 de diciembre de 1987 en Sao Paulo, Brasil.
El abogado Caucoto dijo a La Nación que “se cumplen todos los requisitos para pedir la extradición”, aclarando que aunque no existiera tratado bilateral entre Chile y Dinamarca “opera el principio de la reciprocidad”.
La Corte de Apelaciones debe resolver pronto si procesa en esta causa a los generales (R) Santiago Sinclair y Ricardo Ortega, este último ex jefe de la DINE.


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Manuel Contreras habla sobre muerte de general Prats y declara inocencia en causas que ha sido condenado

El ex director de la Dina le envió un mensaje a las hijas del ex comandante en jefe del Ejército. "Yo sentí mucho que muriera su padre porque fue profesor mío en la Academia de Guerra", dijo.

por Ansa - 29/07/2010 - 23:15 

El condenado general Manuel Contreras, quien fuera el director de la Dina, afirmó esta noche que "no matamos a nadie que no fueran terroristas cuando se enfrentaron a nosotros".

El ex oficial de Ejército dijo en entrevista con Chilevisión que no aceptaba ninguno de los cargos que se le hacen y por los cuales suma más de 40 condenas por desaparición, muerte, homicidio, asociación ilícita.
"A nadie he mandado a matar jamás ni he dado ninguna orden de  matar. En el Ejército de Chile no se da orden de matar" y  aseguró que las manos "no las tengo manchadas con sangre".

A las hijas del general Carlos Prats, por cuyo crimen fue condenado hace tres semanas a 17 años de prisión, dijo que sólo les podía decir que "yo sentí mucho que muriera su padre porque fue profesor mío en la Academia de Guerra".

Reiteró que la CIA fue responsable del atentado que le costó la vida a Prats y a su esposa Sofía Cuthbert, cometido en 1974 en Argentina.

Contreras, quien acumula más de 40 condenas por violaciones a  los derechos humanos, dijo que sólo él debía estar en prisión y se quejó de que ninguno de los ex agentes condenados de la Dina  va a salir con vida de los penales militares por la suma de  penas que tienen.

 

 

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Contreras entrega su versión del caso Prats y critica al actual jefe de Ejército

LA TERCERA | EDICIÓN viernes 30 de julio de 2010 | PAG: 12

El ex jefe de la Dina aseguró que era inocente y reiteró que la CIA fue la responsable del asesinato del general Prats. Por lo mismo, cuestionó al comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el repudio público que hizo de los militares condenados por este caso.

por Francisco Artaza

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Tres semanas después de que la Corte Suprema lo condenara como autor del homicidio del general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, perpetrado en septiembre de 1974, en Buenos Aires, el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda, llamó ayer a los medios de comunicación al Penal Cordillera y concedió una extensa ronda de entrevistas para dar su versión sobre este crimen y criticar la decisión del actual comandante en jefe del Ejército, de repudiar a los responsables del crimen.
Contreras estaba sentado en una silla de ruedas, aunque puede caminar con ayuda de un bastón, debido a una molestia en la pierna derecha causada por la diabetes. A sus 81 años, se le ve delgado, dice que ha bajado 17 kilos, y antes de aceptar preguntas relata su historial médico: "Las enfermedades ahí las tengo... cáncer, una diabetes que me preocupa y que me impide caminar bien, no me suelta el músculo de la pierna derecha", dice. La diabetes la controla con dieta, pero él se apresura en señalar que "ya estamos cerca de la diálisis. Me llevaron a operarme para ponerme una fístula en el brazo y no resultó, después me pusieron una prótesis y tampoco funcionó".
Pese a sus molestias, dice que pasa la mayor parte del día en la cabaña que le sirve de celda, escribiendo en un computador un nuevo libro. "Será una especie de recuento de mis vivencias, no me gustan las biografías", dice. La escritura y el frío invernal hacen, según él, que vea muy poco a sus ocho compañeros de penal, entre los que figuran Pedro Espinoza Bravo y uno de sus peores enemigos en los servicios de seguridad, el ex director de la CNI general Odlanier Mena. "A Mena, lo saludo cuando lo veo, con eso basta", dice, aunque niega que haya mala relación entre los reos.
Según Contreras, el debate sobre el indulto que propició la Iglesia era inconducente. "Me alegro mucho que el Presidente haya dicho que no habrá indulto. No servía para nada, no habríamos salido con el indulto. De nosotros hay 56 presos, de esos, sólo 10 podrían haber salido con el indulto, los demás nos quedábamos adentro, porque teníamos otros procesos y condenas. Lo que hemos pedido es que él cumpla lo que nos prometió el año pasado, cuando se reunió con los militares (R) en el Círculo Español. Ahí dijo que se preocuparía de que se aplicara estrictamente la ley y por la agilización de los procesos. Si se cumple la ley, deberían aplicar a todos nosotros la prescripción de las causas", señala.
¿Algún obispo se acercó a usted para hablar del tema del indulto?
No. Supe que vino un obispo a hablar con uno de los que están presos aquí, pero fue en forma privada. Cuando iba al Hospital Militar hablaba a veces con algunos sacerdotes. Les dije que el indulto no tenía ningún efecto real para nosotros y que lo único que serviría es que el Presidente Piñera se pusiera fime para que se respetara la ley de amnistía y la prescripción de las causas. Ninguno de mis hombres debería estar preso, porque yo respondo por todo lo que se hizo. Respondo de lo que hicimos, no de lo que se nos imputa.
Caso Prats
Pese a las 38 condenas que tiene encima y que suman 209 años de presidio, Contreras niega su responsabilidad en los crímenes. "El homicidio de Prats fue obra de la CIA, la Dina no tuvo nada que ver", reitera.
Para Contreras, la justicia no tomó en cuenta los antecedentes que él aportó sobre el rol de la CIA. Según su versión, "Prats estaba sentenciado a muerte desde marzo de 1974". Así le habría quedado en claro tras una conversación que sostuvo en esa época con el director de la CIA Richard Helms, en Langley, en el cuartel central del organismo de inteligencia estadounidense. "Helms me pidió que la Dina fuera una filial de la CIA. Le dije que no, que iba a trabajar con mi gente y que no saldríamos del país. Entonces Helms me dijo que pasáramos a otro punto, que era muy importante para él. Me dice que estaban muy preocupados por el general Prats, porque en Argentina le estaban ofreciendo encabezar un gobierno en el exilio y Perón le había ofrecido la mitad del ejército argentino para cruzar la cordillera y tomar el poder en Chile. Helms me dijo que no nos metiéramos con Prats porque ellos lo tenían controlado, entre otros, por los informantes chilenos de la CIA", dice.
¿Cómo califica el homicidio de Prats?
Fue un acto abominable. Fui amigo del general Prats, su alumno, y después nos tocó interactuar en muchas ocasiones y siempre nos entendimos.
¿Qué sintió ante el repudio del Ejército hacia usted y los demás autores del crimen de Prats?
La declaración del general Fuente-Alba fue un insulto cobarde. El comunicado no es una reflexión del Ejército es el acto pasional de una persona. No acepto que el general ignore la verdad sobre la inocencia de seis oficiales de alto grado.
El 21 de julio, Contreras envió una carta a Fuente-Alba, en la que lo acusaba de "no tener moral para tratarnos así después de su trágica, infame, cobarde participación en Calama en 1973". El ex jefe de la Dina asegura tener pruebas de sus acusaciones, las que, dice, entregará a tribunales, pese a que el juez Víctor Montiglio estableció que Fuente-Alba no había intervenido en las acciones de la "Caravana de la muerte" en Calama.


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