Ex DINA no procesados, eliminados de lista a honorarios del Ejército

/ La Nación

Martes 15 de septiembre de 2009 | | País

El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías.

Dos ex agentes DINA que no están procesados por violaciones de los derechos humanos pero que se mantenían en la lista de funcionarios a honorarios del Ejército percibiendo sueldos mensuales por prestaciones de servicios fueron eliminados de esta nómina.

Se trata del coronel (R) de Ejército que fue ayudante del ex jefe de esa asociación ilícita Manuel Contreras, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, y del médico cardiólogo Sergio Pliscoff Marcovick.

Dado que el Ejército informó al ministro de Defensa Francisco Vidal y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que de todas las listas de funcionarios de planta, a contrata y honorarios, no existía ningún ex agente DINA que no se encontrara encausado por delitos de lesa humanidad, La Nación consultó a esa institución por qué Acevedo y Pliscoff fueron borrados de la lista a honorarios si sobre ellos no pesaba un auto de procesamiento.

La respuesta del Departamento Comunicacional del Ejército fue que “los motivos de sacar de la lista de funcionarios a honorarios del Ejército a los señores Hugo Acevedo Godoy y Sergio Pliscoff Marcovick, se debió a que ambos presentaron la renuncia voluntaria a la institución”.

De esta manera, suman doce los ex agentes y miembros de esa rama castrense que no pertenecieron a los servicios represivos, que dejarán de seguir recibiendo pagos mensuales en calidad de recontratados.
De ellos, diez están procesados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

Hay otros tres ex agentes de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que si bien están procesados por este tipo de delitos, aún permanecen en servicio activo. A éstos el Ejército no les cursó la baja y los mantuvo en servicio, hasta que en su contra exista una sentencia condenatoria de primera instancia.

El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías, mientras que Pliscoff percibía $532.864 al mes trabajando en el Centro Médico Militar Santiago Centro.

Acevedo fue uno de los seis ex agentes que La Nación Domingo presentó en el reportaje “La DINA a honorarios” publicado el pasado 30 de agosto.

Pliscoff operó en la década de los setenta en las clínicas en que la DINA asesinó prisioneros, y luego fue médico de la CNI operando hasta fines 1989 en los centros clínicos heredados de su antecesora. Después, el Ejército lo recontrató para seguir trabajando en la institución.

QUEDAN ALGUNOS

En la nómina a honorarios continúan los ex agentes de la CNI y DINE, coronel (R) Pedro Pablo Bustos Valderrama y Adolfo Born Pineda, respectivamente. Bustos, ex agregado militar ante Naciones Unidas, recibe $1.341.205 mensuales por asesorías, y Born $873.018 como “analista en seguridad”.

Born, ex jefe de seguridad de Copesa, fue condenado en mayo de 2003 a cinco años como autor del secuestro y desaparición en 1978 del agente DINE Guillermo Jorquera.

En 2007 la Corte de Santiago elevó la condena a seis años, pero en 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió, a pesar de las múltiples pruebas en su contra.


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CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN EXIGE ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Todos los actores de la Educación por un cambio profundo.

Congresos Regionales

El pasado 28 y 29 de agosto, se realizó en el aula magna de la ex Universidad Técnica del Estado (USACH) el Congreso Regional Metropolitano de Educación, previo al nacional. Así mismo se realizaron congresos en muchas universidades y regiones del país donde discutieron las grandes problemáticas de la crisis de la educación chilena. 

Entre las regiones y ciudades congregadas están: Concepción, Atacama, Valparaíso, la Araucanía y la Metropolitana.

CONGRESO NACIONAL

Alrededor de mil quinientas personas, reunidas en representació n de todos los sectores de la educación, repletaron este viernes 4 y sábado 5 de septiembre las instalaciones del sector poniente de la USACH para participar de un acto histórico. 

Todas las regiones del país asistieron al evento para discutir y dar forma a un proyecto nacional de Educación y dar solución a los problemas que vienen socavando el sistema educativo del país. 

Frente a la crisis de la educación chilena, la ciudadanía busca construir una alternativa propia haciendo uso de su soberanía. 

Los asistentes se dividieron en seis ejes temáticos distribuidos en siete grupos de discusión cada uno (42 grupos). Luego de dos días de discusión, los participantes se reunieron en seis grandes comisiones para sintetizar y deliberar las conclusiones generales que serían planteadas al pleno después del mediodía del sábado. 

Varios temas fueron tópico de análisis para la ciudadanía. 

Se discutió durante dos días y se concluyó acerca de seis importantes ejes temáticos: Institucionalidad y Rol del Estado, Financiamiento, Acceso y permanencia, Sentido de la Educación Pública, Educación a lo largo de la vida y Participación ciudadana. 

Estos fueron los temas que cientos de profesores, estudiantes secundarios, universitarios, académicos, funcionarios y asistentes de la educación, reflexionaron y deliberaron en la región y a lo largo del país. 

Algunas conclusiones del Congreso fueron:

Asamblea Constituyente, para una Nueva Constitución Política que permita:

- Poner fin al Estado Subsidiario.

- Establecer el rol garante del Estado hacia el Derecho a una Educación gratuita, democrática, plural, laica y participativa. 

- Garantía de acceso y permanencia en Educación, desde el nivel Parvulario hasta la Educación superior.

- Desmunicipalizació n de la Educación básica y media, y el traspaso de los establecimientos educacionales al Estado.

- Fortalecimiento del Ministerio de Educación en su rol administrativo y fiscalizador de la educación. Con mecanismos de desconcentració n regional y con participación directa de la ciudadanía.

- Fortalecimiento de la Educación Pública universitaria de carácter Estatal. 

- Democratizació n de la Educación en todos sus niveles. 

- Pluriestamentalidad en las instituciones.

- Participación vinculante de la ciudadanía en las políticas y legislación educativa del país.

- Fin al sentido mercantil de la educación, por un sentido humano y social.

- Participación ciudadana en la configuración de un proyecto país que guíe el sistema nacional de educación.

- Rechazo categórico a la LOCE, Ley General de Educación, Ley de financiamiento de la Educación superior y Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.

Todas estas fueron conclusiones en la mayoría de los congresos Regionales (III, V, VI, VIII,  IX, Metropolitana y otras) y tuvieron su contundente ratificación en el Congreso Nacional de Educación.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE, como necesidad de un cambio profundo.

Una educación que no esté al servicio del mercado y sí al servicio del ser humano fue una de las primeras preocupaciones. Pero, como lo planteó la gran mayoría de las comisiones, ni esto ni ningún otro cambio pueden llevarse a cabo sin una transformació n profunda a la Constitución Política del país. 

La discusión fue larga y por primera vez en la historia de nuestra patria, gran parte del pueblo chileno en reunión asume un compromiso soberano de tal magnitud, tomando el destino en sus propias manos. 

La Asamblea Constituyente debiera ser desde hoy la causa principal del Movimiento Educacional chileno, convirtiéndose en piedra angular para el logro de todas las demandas planteadas. 

Esto formó parte de una serie de propuestas que reflejan la necesidad de una mayor participación ciudadana en las decisiones del país. 

Una nueva constitución permitiría poner fin al Estado subsidiario que durante 17 años ha ido privatizando el derecho a la educación y otros derechos como el agua, la electricidad, la salud y el cobre. Establecer el Derecho a la Educación como una responsabilidad del Estado, quien deba garantizarla de manera gratuita hasta la universidad, fue uno de los acuerdos más importantes. 

Las Universidades Estatales y las privadas ya no se diferencian, y pensar en una educación gratuita, como existe en todos los países del mundo, resulta imposible sin un cambio profundo. Respecto a esto surgió un gran debate, el cual concluyó acordándose la necesidad de acabar con el financiamiento estatal hacia universidades privadas.

Se demostró un categórico rechazo a la Ley General de Educación (LGE) y a todas las leyes relacionadas, proponiendo la participación de los actores educativos en la configuración de nuevas leyes. 

Así terminó esta jornada histórica, no vista desde hace varias décadas en nuestro país.

Es de esperarse que este consenso nacional se transforme en una actividad articulada y permanente de reflexión y movilización social para la construcción de una nueva educación y de una nueva sociedad chilena.

Atte

Matías Sagredo Z 

PD: Fotografía gentileza de periodista FECH

-- 

Atentamente

REDESCHILE

Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente

Vicaría digitaliza sus archivos

Jueves 3 de septiembre de 2009
La Nación

Con el apoyo de la embajada de Alemania, todos los documentos de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz reunidos desde 1973 serán archivados digitalmente antes de fines de año.
Así lo informó ayer María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría durante la visita a la entidad que realizó Wilfried Krug, encargado de negocios de representación diplomática germana.
El proyecto en marcha busca preservar la totalidad de la documentación archivada relativa a personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas y conformar una gran biblioteca digital que estará disponible para actividades de educación, promoción y defensa de los derechos humanos.


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Caso Riggs: procesan a ex edecán de Pinochet

Jueves 3 de septiembre de 2009
Por Leslie Ayala / La Nación

El monto malversado por el cual se encausó a Moreno Saravia es de al menos US$100.000. Tras ser notificado de esta resolución por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, el general (R) fue traslado hasta el Comando de Policía Militar del Ejército.

El general (R) Sergio Moreno Saravia fue procesado por malversación de caudales públicos. Foto: UPI

 Un nuevo procesamiento en el denominado caso Riggs dictaminó ayer el juez Juan Manuel Valderrama.
Esta vez el encausamiento fue en contra del general (R) Sergio Moreno Saravia, ex edecán de Augusto Pinochet, quien sirvió como enlace para que el dictador sacara ilegalmente del país gastos reservados que después internó para comprar diversos bienes a nombre del otrora comandante en jefe del Ejército.
El fallo establece que existen antecedentes suficientes en la causa para acreditar la existencia del delito de malversación de caudales públicos por parte de Moreno, quien en su calidad de secretario general del Ejército realizó el enlace para sacar gastos reservados del erario nacional para traspasarlo a fondos personales de Pinochet, quien utilizó estos dineros para comprarse casas para él y su familia.
El monto malversado por el cual se encausó a Moreno Saravia es de al menos US$100.000. Tras ser notificado de esta resolución por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, el general (R) fue traslado hasta el Comando de Policía Militar del Ejército.
COMPRA DE CASAS
Entre los inmuebles comprados está el departamento Nº 403 del edificio Los Maitenes, en Reñaca (después lo vendió en $ 40 millones).
Asimismo, el fallecido dictador -con el dinero malversado a través de la sociedad Belview International S.A.- le compró a su esposa, Lucía Hiriart, la casa de calle General Gorostiaga Nº 509, en Ñuñoa, propiedad de la cual también se deshizo más tarde. Meses después compró una parcela en la hacienda El Convento en Santo Domingo, la que posteriormente fue traspasada a sus hijos.
En 1995 adquirió una residencia en Iquique avaluada en $75 millones los cuales canceló en efectivo. Según el procesamiento, el general Pinochet compró ese mismo día otra propiedad del recinto ubicado en Playa Chipana.
El mismo año, y por recomendación de su edecán, le compró al miembro de la cúpula de la DINA coronel (R) Marcelo Moren Brito el fundo Rupumeica, en Lago Ranco, en $22 millones. Así como también adquirió tres propiedades en Vitacura, mediante vales a la vista.
La importancia de esta resolución recae en que por primera vez el juez establece que está "absolutamente claro" que Pinochet, a través de la sociedad Belview (del cual era dueño), adquirió numerosos bienes con dineros de gastos reservados del Ejército que sacaba y devolvía del exterior y que el general (R) Moreno colaboró para ello.

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