"La causa de los derechos humanos es una causa que se va gestando, construyendo y nutriendo día a día, es una causa que demora en cristalizar como faro de atención pública en la ciudadanía y gobernantes", declaró Bachelet en una visita a la corte donde inauguró un nuevo edificio."
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, alabó hoy el trabajo "excepcional" que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la OEA, con sede en Costa Rica, y afirmó que la defensa de esos derechos se debe nutrir "día a día".
"La causa de los derechos humanos es una causa que se va gestando, construyendo y nutriendo día a día, es una causa que demora en cristalizar como faro de atención pública en la ciudadanía y gobernantes", declaró Bachelet en una visita a la corte donde inauguró un nuevo edificio.
Agregó que "lamentablemente esa causa a veces sufre dramáticos retrocesos y eso lo sabemos bien los chilenos que fuimos testigos del derrumbe de una democracia centenaria y del terror enquistado en el Estado, el miedo hecho industria y el dolor transformado en rutina" en la época de la dictadura de Augusto Pinochet.
Bachelet, quien estuvo acompañada en el acto oficial por su colega costarricense, Óscar Arias, y la presidenta de la CorteIDH, la también chilena Cecilia Medina, destacó el "excepcional trabajo" de ese organismo regional, al que calificó de "pionero en una causa noble" y un "hito en la región".
En la actualidad, dijo, "hay que reconocer que estamos en presencia de la más vasta movilización política y jurídica que la humanidad recuerde en defensa de la dignidad de la persona".
Añadió que "hoy en día no existe Gobierno que pueda violar derechos humanos y luego jactarse de ello".
Según Bachelet, la defensa de los derechos humanos constituye hoy "la base ética" de los gobiernos, por lo que reafirmó su "compromiso y respeto" tanto al trabajo que realiza la CorteIDH como sus resoluciones y sentencias.
"Muchas resoluciones han fortalecido y perfeccionado los estándares de protección de las libertades individuales en nuestro continente, han contribuido a que nos miremos nosotros mismos y que entendamos y admitamos que persisten muchas fallas en nuestras sociedades", manifestó la presidenta chilena.
Bachelet aseguró que aunque algunas veces sea "complejo" de llevar a cabo, su país está comprometido a cumplir con lo que ordene la Corte para proteger las garantías de los ciudadanos, en especial reformas a la legislación que pueden llegar a tardar años en concretarse.
La gobernante citó algunos esfuerzos que ha hecho su país para fortalecer los derechos humanos como una reforma constitucional para derogar la censura cinematográfica, una ley de transparencia y acceso a la información pública y la consolidación de sistema de protección social.
La presidenta anunció además, que la CorteIDH celebrará por primera vez un periodo de sesiones en Chile en abril del 2009.
Por su parte, el presidente Arias recordó a los chilenos que murieron, fueron torturados o tuvieron que salir de su país durante la dictadura, pero celebró el retorno de la democracia y destacó a Bachelet como un ejemplo.
La presidenta de la Corte, Cecilia Medina, resaltó que la presencia de Arias y Bachelet en el tribunal "reafirma el compromiso que los Estados adquirieron en 1969 al adoptar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, piedra fundamental para la creación en el continente de un orden social basado en el respeto a la dignidad y los derechos de todos".
Bachelet se encuentra desde ayer en Costa Rica en una visita oficial.
La presidenta visitará también hoy el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y por la tarde viajará, junto a Arias, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en El Salvador desde hoy hasta el viernes próximo.
Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo 12 de octubre de 2008
El secreto más oscuro del general
En pocos días más se determinará el alto mando del Ejército. El actual jefe del DINE, que es la quinta antigüedad, hoy se encuentra complicado en el caso por la desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987, tras el secuestro del coronel Carlos Carreño. Él mismo admitió su participación en el secuestro de la frentista Karin Eitel, torturada en medio de la compleja operación que involucró a la CNI y a la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército.
Corría recién el primer día de septiembre de 1987 y unos cinco mil agentes de seguridad de la dictadura militar recorrían frenéticos las calles de Santiago y los principales pasos fronterizos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez parecía haber asestado un golpe de nocáut al corazón mismo del régimen con el secuestro del gerente comercial de Famae, el coronel Carlos Carreño Barrera, un personaje entonces desconocido para la opinión pública pero de alta importancia estratégica, pues conocía los antecedentes de la fabricación de armas secretas y de una serie de negocios que involucraban al mismísimo Augusto Pinochet.
Sólo un pequeño grupo, sin embargo, estaba al tanto de cuál era la acción más terrorista que los servicios de seguridad habían urdido para responder al desafío planteado por el grupo subversivo: secuestrar a cinco militantes del Frente, para tener una carta con la que extorsionar al grupo que mantenía cautivo al hombre de Famae. Entre los que conocían el plan estaba un pequeño y robusto mayor de Ejército.
Ricardo Ortega Prado tenía 34 años cuando era jefe del G4, un secretísimo comando del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) encargado de vigilar la actividad subversiva en las poblaciones de todas las comunas de la Región Metropolitana. Por ello, cuando desde las direcciones conjuntas de la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) y la CNI les ordenaron elaborar un listado con los cinco nombres, el trabajo fue hecho con la máxima rapidez. Según antecedentes de la causa que sigue el ministro Mario Carroza, y que busca esclarecer la suerte de los militantes del Frente Manuel Rodríguez, Ortega habría ayudado a elaborar el fatal listado de nombres de los cinco jóvenes, que hasta el día de hoy siguen desaparecidos.
Con la misma prestancia con que se pidió esta misión, Ortega y su G4 tampoco demoraron en dar con una mujer que se convertiría en rostro emblemático de la represión en el tramo final de la dictadura. Tras varias llamadas a la familia de Carreño, realizadas desde un teléfono público, el G4 pudo dar con la información necesaria para que la CNI detuviera, y posteriormente torturara salvajemente, a Karin Eitel, quien hacía de nexo entre los secuestradores y la familia del militar.
Hoy, el general Ortega es la quinta antigüedad de la institución castrense, y en los próximos días se jugará su continuidad como general de división. También ejerce como director de la DINE, la misma repartición que estuvo involucrada en los secuestros y desapariciones forzadas de los frentistas Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, todos detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de 1987.
El hombre de los secretos
El general Ortega dirige la DINE desde una oficina discretamente ubicada en un edificio del Paseo Bulnes. Por sus manos pasa la información más sensible que los servicios de inteligencia puedan recoger acerca de las amenazas contra la integridad territorial del país. La defensa nacional se rige, en gran medida, por toda la información que esta unidad castrense recaba y analiza para mantener al día el estado de los potenciales enemigos y los riesgos de la seguridad nacional. Todos los datos son prolijamente registrados y transformado en material de análisis que puede ser utilizado en cualquier momento en caso de ser necesario.
La oficina de Ortega, en un séptimo piso, funciona día y noche con iluminación artificial. Las persianas están invariablemente cerradas. Además, tiene un vidrio doble, con unos minúsculos parlantes que emiten música entre ambos cristales durante las 24 horas del día. Es una forma de bloquear cualquier equipo de intercepción auditiva que pretenda escuchar los innumerables secretos que este hombre maneja.
Esa es la relevancia del cargo que Ortega tiene y que le fue encomendado en 2006, cuando fue ascendido a grado de general y se le designó como jefe de Inteligencia. Sin embargo, pese al poder que le da la información que maneja, el panorama se le avecina complejo. Tanto los superiores jerárquicos de Ortega en 1987 como uno de sus subalternos se encuentran sometidos a proceso como coautores de secuestro calificado. Y si el ex jefe del G4 aún no cae se debe en buena parte a dos factores: los cambios de versión de algunos de los procesados que lo involucraban y el hecho de que el juez Carroza aún no decide interrogarlo en calidad de inculpado (exhortado a decir la verdad), el paso previo para someterle a proceso.
Ortega se juega muchas cosas en los próximos meses, entre esas, su continuidad en la institución o su llamado a retiro. El 29 de octubre se llevará a cabo la junta de generales, desde donde saldrá la propuesta para el alto mando de 2009 que será luego sometida a la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet. Todo indica que el tranco firme con que avanza la investigación depara más sorpresas y que, por lo mismo, el actual director de Inteligencia del Ejército podría tener que dejar las filas de la institución para enfrentar, ya retirado, el escenario judicial.
Avances en el proceso
La investigación que ha desarrollado la justicia en el caso de los últimos desaparecidos de la dictadura es casi tan notable como la labor que llevó a cabo el ministro Sergio Muñoz cuando aclaró el crimen de Tucapel Jiménez. El dato más significativo es que, cuando se pensaba que todo era responsabilidad de la CNI, las pesquisas del juez lograron descubrir que en el múltiple crimen ocurrido en las postrimerías de 1987 también había cabido un papel fundamental a la DINE y a su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).
Por ello es que primero fueron encarcelados los agentes de la CNI, encabezados por su director a la época, el general (R) Hugo Salas Wenzel, los mayores Álvaro Corbalán y
Krantz Bauer, y los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Arturo Sanhueza, Luis Santibáñez, Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.
La sorpresa llegó cuando se procesó al entonces vicecomandante en jefe del Ejército y más tarde senador designado Santiago Sinclair, junto con quienes eran en ese momento los jefes de la DINE, el general (R) Hugo Prado, y del BIE, el coronel en servicio activo Marcos Bustos.
Es este último quien ha estado a punto de sellar la suerte de Ricardo Ortega y es en él en quien se concentran las indagaciones del juez. ¿Por que? Bustos mintió en sus declaraciones y eso Carroza no lo deja pasar.
Más allá de la función que habría tenido el G4 en la identificación de los cinco jóvenes que más tarde serían detenidos por la CNI, las pesquisas indican que éstos fueron asesinados y posteriormente hechos desaparecer arrojando sus cuerpos al mar, hechos cuya autoría se están enrostrando mutuamente los agentes de ambos organismos.
Hasta ahora, la justicia ha sometido a todos los agentes que comprobadamente estuvieron en el Cuartel Borgoño de la CNI, lugar donde los frentistas permanecieron detenidos y posiblemente fueron asesinados. Y Ortega pasó por ese lugar.
Versiones encontradas
Un agente que integraba uno de los grupos del G4, de apellido Zamorano, señaló que él y su grupo, integrado por Rafael Rojas (El Piscola), Héctor Llanquinao, Marcos Bustos y Abelardo Oviedo (El Manzana) estuvieron durante varios días en el mencionado cuartel. "Estuvimos hasta el final. Permanecimos todo el día en Borgoño. Nos instalamos en el subterráneo en el mismo sector de los calabozos", señala la declaración de Zamorano.
El ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, declaró que la investigación y los operativos posteriores al secuestro del coronel Carreño "estuvieron centrados en el DINE, precisamente en el BIE, comandado por Julio Cerda. La presencia del DINE era relevante por tratarse de un oficial superior en servicio activo. No es efectivo que la Inteligencia del Ejército haya tenido un rol secundario. La orden de las detenciones (de los cinco frentistas) tienen que haber estado en conocimiento de Cerda".
También el entonces director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, asegura que respecto a Carreño y los secuestros, dicho organismo y el BIE "estuvimos coordinados en esta investigación. Yo me relacionaba con Cerda frecuentemente. Y esta orden debió venir del vicecomandante del Ejército. Debí mantener informado, por orden de la Presidencia, al subcomandante (sic) del Ejército (Sinclair)".
Marcos Bustos, el único de los procesados que está en servicio activo, declara en primera instancia que fue "notificado por mi jefe directo, el mayor Ortega, que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste".
El "Piscola", a su vez, señala que fue asignado al Cuartel Borgoño y que, estando ya en aquel lugar, se percató que existía una coordinación anterior entre la CNI y el G4, y que el capitán Marco Antonio Bustos "estaba al mando del mayor Ricardo Ortega".
Sin embargo, en otra declaración, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda. La misión de Ortega eran las poblaciones, trabajando las fuentes de información".
El propio Ricardo Ortega se acercó al tribunal para confirmar que su jefe directo era Cerda y que la orden para que Bustos concurriera a Borgoño vino del jefe del BIE. "No sería lógico que Cerda diera directamente la orden a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI porque ellos eran los expertos", afirmó.
Inteligencia telefónica
Otro episodio en que estuvo involucrado el G4 fue la identificación de la joven universitaria Karin Eitel, quien, tras ser detenida por la CNI, fue torturada y sometida a interrogatorios durante los 34 días que permaneció incomunicada por orden del fiscal Fernando Torres Silva, quien investigaba para la justicia militar el secuestro de Carreño. Aquella vez, una "exclusiva" de TVN mostró a la joven, maquillada y visiblemente dopada, asumiendo la responsabilidad por el plagio del militar.
Casi 20 años después, el general Ricardo Ortega reconoció en tribunales que "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel". El militar dijo en esa ocasión que, tras el plagio del gerente comercial de Famae, debió asistir a la familia de Carreño y acompañar al sacerdote Alfredo Soiza, quien actuaba como mediador. Según explicó, como el FPMR se contactó telefónicamente con la casa del secuestrado, "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos dejándolos fuera de servicio y se apostó personal de BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE para hacer saber que el teléfono del que se hacía la llamada estaba siendo ocupado por una mujer".
Según el relato de Ortega, "se siguió a la mujer y se entregaron los antecedentes a la CNI, al general Salas, para que esa repartición detuviera a la mujer que resultó ser Karin Eitel". Pero el director de la DINE niega que personal bajo sus órdenes haya participado en esa acción, así como en los posteriores interrogatorios a los que fue sometida.
"Yo no interrogué a Karin Eitel, yo la vi cuando acompañé al coronel Cerda hasta el Cuartel Borgoño", reconoció Ortega, admitiendo que estuvo en el mismo lugar donde estaban detenidos la mujer y los cinco frentistas. Sin embargo, niega haber concurrido al cuartel en otras oportunidades y niega que tanto el BIE como el G4 hayan tenido otra participación en los hechos.
Pero el agente del BIE Rafael Rojas Tapia señala que sí se le ordenó tomar contacto con un grupo de la CNI: "No obstante se me designó en esa función, ya existía una coordinación anterior y permanente entre el BIE, si mal no recuerdo el G4 dentro del BIE, que estaba al mando del mayor Ricardo Ortega, ignorando las coordinaciones que efectuaba. En mi caso trabajaba con los cabos Zamorano y Llanquinao".
Otro testimonio que relaciona a la sección del BIE dependiente de Ortega con las labores que se desarrollaron durante el período en que los cinco frentistas estuvieron detenidos junto a Karin Eitel es el de Gonzalo Asenjo Zegers, entonces jefe del Departamento de Análisis del Cuartel Borgoño y quien se suicidó en octubre de 2006 de un disparo en el pecho. "Hubo muchos detenidos que pasaron por el cuartel, los cuales eran interrogados a su vez por personal perteneciente al BIE; como prueba de ello, un hecho en que a mí personalmente me consta la participación directa y efectiva del BIE, fue el caso de la detención de Karin Eitel, la cual hacía las veces de vocera de los secuestradores de Carreño".
Hacia lo más alto
La última diligencia dictada por el ministro Carroza apunta a determinar de dónde provino la orden de eliminar a los cinco militantes del Frente. Hasta ahora, los mandos involucrados no han hecho más que tirarse la pelota entre ellos. Pero 15 altos oficiales de la época, entre brigadieres y generales (R) deberán acudir en los próximos días a tribunales para entregar su versión sobre una o varias reuniones que sostuvieron, donde no sólo se determinó destinar un equipo de la DINE para rastrear la pista de Carreño, sino que también se resolvió la muerte los subversivos.
Este dato fue aportado por el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, cuando se atribuían los asesinatos exclusivamente a la unidad que comandaba. En sucesivas declaraciones, Salas ha insistido en que todos los operativos que rodearon las pesquisas para dar con el paradero del ex gerente comercial de Famae fueron realizadas con recursos que no pertenecían a la Central, y que cada una de las acciones fueron producto de órdenes emanadas del mando institucional, las que se habrían concretado en varias reuniones ordenadas por el general Sinclair y en las que participó el consejo de generales de la Guarnición Militar de Santiago.
Respecto del destino de los cinco frentistas, la declaración de Salas es escalofriante: "La superioridad referida dispuso adoptar cualquier medida que no comprometiera en forma reglamentaria o legal de procedimiento con los detenidos, lo que se interpretó en este caso como que, como estaba siendo vulnerada la ley, por la prolongación de la privación de libertad en dependencias de la Central, esto es, en lugares que no fueran cárceles. Ello se entiende que la superioridad del Ejército disponía tácitamente que las personas que estaban detenidas debían ser ocultadas ( ). Posteriormente supe que el procedimiento empleado para poner término a las detenciones ya referidas fue la muerte de estos y la posterior disposición de los cuerpos".
El general Sinclair declaró primero que nunca tuvo información sobre los hechos de la causa, pero su versión cambió radicalmente en un careo con Salas Wenzel: "Debo señalar a su señoría que luego de ser preguntado por esta reunión de generales recordé que entre otras tantas de la misma clase, tuvo lugar la que se refiere el señor Salas". Esta declaración cargó los dados hacia el ex vicecomandante del Ejército. De ahí que haya sido la defensa del mismo Sinclair la que solicitó que se citara a declarar al resto de los integrantes del alto mando de la época.
Es un caso complejo, que ya cuenta con 27 encausados entre miembros de la CNI, la DINE y quienes permitieron y efectuaron la operación de lanzar al mar a los cinco frentistas, todos hechos acreditados en la causa. Hasta ahora Ortega no ha sido procesado, pero sí todos los que trabajaron con él. Habrá que esperar si el ministro Carroza considera que la evidencia que existe sobre su participación en los crímenes es suficiente para someterlo a proceso. //LND
Cuando se habla de la independencia de los poderes públicos que debe existir en un Estado de Derecho, a fin de asegurar el debido equilibrio entre éstos, siempre surge la interrogante sobre si nuestra Constitución Política contempla los mecanismos necesarios para lograr la total autonomía de los órganos del Estado que dicen relación con la forma de nombramiento y los controles políticos.
El Poder Ejecutivo a cargo de un Jefe de Gobierno y Jefe de Estado radicados en el Presidente de la República, elegido mediante sufragio universal cada cuatro años según la forma de Gobierno presidencial, es una responsabilidad que puede determinarse a través de la acusación constitucional por parte del Congreso, el Poder Legislativo.
En relación al Poder Legislativo, los diputados y senadores pueden ser requeridos por determinadas infracciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional, y son también elegidos por sufragio universal.
Con respecto al Poder Judicial, los magistrados de los tribunales superiores de justicia pueden también ser responsables ante el Congreso a través de la acusación constitucional por notable abandono de deberes. Sin embargo, existe un debate en cuanto a la forma en que deben ser nombrados los jueces para asegurar su real independencia frente a los otros poderes, considerando que no son elegidos por sufragio universal.
En nuestra historia Constitucional, considerando las Constituciones Políticas de 1828, 1833, 1925 y la actual, se ha optado por diversos sistemas de nombramiento. La de 1828 en su artículo 46 establecía la facultad exclusiva del Congreso para nombrar a los cinco ministros de la Corte Suprema y al Fiscal de la misma. El Poder Ejecutivo nombrada a los integrantes de las Cortes de Apelaciones a propuesta de la Corte Suprema.La Carta de 1833 en su artículo 104, estableció que los jueces y miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, eran nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Consejo de Estado, organismo consultivo presidido por el mismo Jefe de Estado.
La Constitución Política de 1925, en su artículo 83 estableció un sistema mixto, al expresar que los ministros y fiscales de la Corte Suprema eran elegidos por el Presidente de la República de entre cinco personas propuesta por la misma Corte. Los ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones eran designados por el Presidente de la República a propuesta de la Corte Suprema y los jueces letrados eran elegidos por el Presidente de la República a propuesta de la Corte.
Nuestra actual Carta Fundamental en su artículo 78 establece un sistema de nombramiento similar al criterio anterior agregando, que los ministros de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República de una quina elaborada por el Máximo Tribunal y con acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del Senado. Además, agregó que la Corte Suprema estará integrada por 21 ministros, cinco de los cuales deberán ser abogados extraños al Poder Judicial.
Como se puede observar, nuestro país históricamente ha consagrado solamente el sistema de nombramiento por el Jefe de Estado, por el Congreso, o por ambos desechando otros sistemas, tales como la autogeneraciónque supone una total autonomía del órgano jurisdiccional; de elección popular como en algunos Estados miembros de los EE.UU., o bien, como en Francia, y España, donde la designación es por parte de un Consejo integrado por miembros de los tres órganos del poder estatal y representantes de instituciones de otro carácter, como gremiales y académicas.
En Francia, la Constitución de 1958 en su artículo 65 establece el Consejo Superior de Magistratura, compuesto de nueve miembros designados por el Presidente de la República y que debe formular propuestas para los nombramientos de los magistrados, y el control de la disciplina de los jueces.
En la Constitución Española de 1978, su artículo 122 establece el Consejo General de Gobierno del mismo, integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey; doce jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, cuatro a propuesta del Senado y cuatro a propuesta del Congreso de Diputados entre abogados y juristas con más de quince años de ejercicio de la profesión. Es un órgano de Gobierno del Poder Judicial y sus funciones principales dicen relación con nombramientos, ascensos y disciplina de sus miembros. El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Rey a propuesta de este Consejo General.
En nuestro país, en el año 1986, se efectuó el Séptimo Congreso Nacional de Abogados, cuyas conclusiones sobre Estado de Derecho, vigencia y protección de los Derechos Humanos, Estatuto jurídico de la abogacía, y administración de justicia, fueron muy críticas sobre la actuación del Poder Judicial en esa época, fundamentalmente en lo que dice relación con la protección de los derechos civiles y políticos de las personas durante el régimen militar.
Una de las conclusiones del Congreso de Abogados fue la necesidad de “obtener que el órgano judicial sea realmente un Poder Público”, pues no basta la proclamación formal de carácter de Poder del Estado, sino que es necesario, crear una institucionalidad que, en los hechos, lo transforme en un Poder verdaderamente independiente de un Estado democrático. Para alcanzar esta finalidad se aprobó proponer la creación de un organismo denominado “Consejo Nacional de Justicia”, que estaría encargado de proyectar y materializar una política al respecto. Su radio de acción no estaría limitado a lo meramente judicial, sino que, debería tener en cuenta todas aquellas acciones que el Estado debe emprender para lograr la efectiva integración nacional a la vida jurídica, con especial énfasis en la defensa de los sectores marginados. Este Consejo Nacional, según las conclusiones del Congreso de Abogados, debería estar integrado por personas pertenecientes a los tres poderes públicos y por representantes de los sectores académicos y profesionales.
En el año 1991, el Presidente Aylwin envió al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, proponiendo entre otras materias, la creación de este Consejo Nacional de Justicia. En el mensaje presidencial, se expresaba la necesidad de introducir normas que garanticen la auténtica independencia del Poder Judicial, dotándole de poderes amplios y suficientes que lo constituyan en verdadero garante de los derechos humanos y de las libertades públicas.
La reforma propuesta era precisamente la Constitución del Consejo Nacional de la Justicia, como organismo autónomo, entre cuyas funciones cabría la formulación de la política judicial, la participación en la designación de los Ministros de la Corte Suprema, supervigilar o garantizar la independencia y buen funcionamiento del poder judicial, ejercer la tuición y dirección superior sobre los organismos auxiliares del mismo y otras.
Su integración estaba compuesta por el Presidente de la Corte Suprema, dos ministros de la Corte Suprema designados por la mima Corte en una sola votación; dos Ministros de Corte de Apelaciones designados por los funcionarios ubicados en la segunda categoría del escalafón primario del Poder Judicial; el Presidente de la Asociación de Magistrados más antigua del país; dos jueces letrados de asiento de Corte de Apelaciones designados en una sola votación; dos miembros designados por el Presidente de la República; dos Senadores, designados por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Senado, un miembro designado por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Directorio Nacional del Colegio de Abogados más antiguo, un miembro designado por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de los directorios de los Colegios de abogados que funcionen fuera de la Región Metropolitana, y un miembro designado por el Presidente de la República, de una terna presentada por el Consejo de Rectores de las Universidades reconocidas por el Estado.
Los ministros, Fiscales de las Cortes de Apelaciones y los Jueces letrados seguirían siendo nombrados por el Presidente de la República, en ternas elaboradas por la Corte Suprema y Corte de Apelaciones.
Para enfatizar la independencia del Poder Judicial se intercalaba en el actual art.73 de la Constitución Política, un nuevo inciso expresando que los jueces resolverán las causas de que conocen, sólo con sujeción a los hechos y al derecho aplicable sin restricción alguna, y sin influencias, presiones ni intromisiones de cualquier origen.
Este proyecto de reforma Constitucional no prosperó, pero a futuro deberá insistirse en la necesidad de que, previo a un debate de toda la sociedad sobre esta materia, es necesario crear un organismo autónomo para le nombramiento y control del Poder Judicial, que asegure en forma transparente, la carrera judicial por méritos y excluya cualquier atisbo o sospecha que ésta puede ser interferida, por motivos extraños a la justicia, por otros órganos del Estado.
La mejor garantía de la función imparcial de esta clase de organismos autónomos, es que existan personas representativas del ámbito judicial, académico y gremial, que asegure la realización de labro de los jueces con plena independencia.
Por lo anterior, la creación del Consejo Nacional de Justicia sigue siendo un tema pendiente.
Alfonso Insunza Bascuñán Abogado Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad Arcis
Un trabajo del historiador Martín Correa señala que Adán Luchsinger Martí y sus hijos no sólo compraron terrenos que habían sido arrebatados a los mapuches en Vilcún. También acusa que corrieron deslindes y cobraron en suelos las deudas que los comuneros adquirían en la pulpería de los patrones.
Por Claudio Leiva / La Nación Domingo
Domingo 31 de agosto de 2008
Estudio devela el historial de los fundos de la familia Luchsinger
Un trabajo del historiador Martín Correa señala que Adán Luchsinger Martí y sus hijos no sólo compraron terrenos que habían sido arrebatados a los mapuches en Vilcún. También acusa que corrieron deslindes y cobraron en suelos las deudas que los comuneros adquirían en la pulpería de los patrones.
Los fundos de la familia Luchsinger en Vilcún, cinco en total, se remontan a 1906, cuando el colono suizo Adán Luchsinger Martí compró 60 humildes hectáreas a un inmigrante alemán. Más de cien años después, las tierras del clan en esa zona suman 1.200 hectáreas, las que son reclamadas por las comunidades mapuches vecinas.
Son los mismos predios donde murió baleado el joven Matías Catrileo. Porque ni en los agitados años de la Unidad Popular esta familia había visto peligrar, como ahora, sus extensas propiedades. El último atentado al fundo Santa Rosa motivó que, por primera vez en cien años, un ministro del Interior visitara a este clan.
¿Cómo llegó esta familia a Chile? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Es cierto que usurpó las tierras, como reclaman las comunidades mapuches aledañas? El historiador Martín Correa Cabrera, investigador del Observatorio de los Derechos Indígenas, hoy Observatorio Ciudadano, publicó este año un estudio sobre los inicios de los Luchsinger en Chile y su relación con los mapuches.
Jorge Luchsinger, dueño del Santa Margarita, ha repetido una y otra vez que los campos de la familia están "saneados, oleados y sacramentados", y que ellos dan trabajo a los mapuches vecinos, con quienes no tendrían conflictos, porque los "agitadores son foráneos". En su investigación, Correa aporta antecedentes distintos.
El primer Luchsinger
El clan desciende de Adán Luchsinger Martí, quien nació el 22 de noviembre de 1868 en la ciudad de Engi, cantón suizo de Glarus. Llegó a Chile en 1883 y, antes de Vilcún, se asentó en Quechereguas, actual comuna de Traiguén, 70 kilómetros al norte de Temuco. El 10 de mayo de 1893 se casó con la inmigrante alemana Margaretha Rüff Studer.
Al igual que cientos de otros colonos italianos, franceses, suizos y alemanes, Adán Luchsinger fue "enganchado" en Europa por la Agencia de Colonización. Arribó a Talcahuano, puerta de entrada a la "Mesopotamia" de América del Sur. Con ese nombre se difundía en el viejo continente, en aquella época, a la recién pacificada Araucanía.
En Quechereguas, Adán Luchsinger recibió una concesión territorial de 60 hectáreas del fisco chileno, más una yunta de bueyes, una vaca parida, semillas y madera, entre otros bienes. En esta sencilla hijuela nacieron sus hijos Conrado, Enrique, Carlos y Melchor. En 1906, la familia Luchsinger se trasladó a Vilcún, a 20 kilómetros al oriente de Temuco.
Ese año, Adán compró 60 hectáreas al colono alemán Emilio Quepe y, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco (CBRT), a partir de 1909 el patriarca del clan no paró de adquirir terrenos, hasta totalizar más de mil hectáreas. A su muerte, en 1936, la herencia se dividió entre los cuatro hijos.
De acuerdo al Registro de Propiedades del CBRT, en la actualidad los descendientes de estos cuatro vástagos tienen cinco predios: el mencionado fundo Santa Margarita, de Jorge Luchsinger Villiger; el fundo Santa Rosa Lote 1, de Rodolfo Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa Lote 2, de Enrique Luchsinger Schiferli; el fundo Santa Rosa, de Eduardo Luchsinger Schiferli, y otro fundo Santa Rosa, también a nombre de Enrique Luchsinger Schiferli.
Castigo a los mapuches
También de 1908 y 1909 datan los títulos de merced concedidos a las diez comunidades mapuches de Vilcún que rodean los terrenos de los Luchsinger. Se trata de numerosas familias que han denunciado una historia de despojos y usurpaciones, primero de parte del Gobierno chileno de esa época, y a manos de los Luchsinger después.
En efecto, tras la "pacificación", el fisco consideró que los terrenos de los mapuches sin trabajar eran sitios baldíos y los requisó. Si las comunidades acreditaban la posesión de su tierra por el tiempo que la ley exigía, se podían quedar en la "reducción" o "reserva". En eso consistía el título de merced, en un terreno reducido y reservado para indígenas.
En cambio, a las familias de colonos europeos el Estado chileno les entregaba hijuelas de 70 cuadras, más otras 30 por cada hijo varón mayor de 10 años. También recibían los pasajes gratis hasta Chile, tablas, clavos, una yunta de bueyes, una vaca con cría, arado, carreta, máquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por dos.
Aquí está la raíz del problema, según el historiador Martín Correa: "Mientras a los mapuches se les castiga y reduce por carecer de medios de trabajo, a los colonos el Estado chileno los apoya, subvenciona y les entrega medios de trabajo".
El problema, asegura, se agravó cuando los colonos demarcaron los terrenos con líneas rectas. Las posesiones mapuches explica Correa siempre se han deslindado a través de accidentes naturales, como ríos, quebradas y alturas máximas. En cambio, las líneas rectas dibujadas en un plano poco o nada tienen que ver con la ocupación real y efectiva de un terreno. De ahí, entonces, las denuncias que recogió el investigador acerca de deslindes corridos "a la mala".
Hora de cobrar
El comunero Moisés Quidel entregó a Correa un relato que viene de sus abuelos: "Antes estaba Adán Luchsinger, Conrado después... La cosa es que antiguamente había poca gente y cerco no había; entonces, como ellos eran de plata hicieron cercos y marcaban donde se les antojaba no más, ¿Y qué iban a hacer los peñis, si no había medios? Y después que cercaron llegó la mensura, hicieron todos los documentos".
Quidel también le contó que Conrado Luchsinger "se instaló con una pulpería y los viejos decían que fue tanto el proceso de reducción, fue tan violento el proceso de poscolonización, que hubo gente que quedó totalmente empobrecida, quedó sin tierras, sin animales, les quitaron todos sus sembrados y ya no podían sembrar nada".
"Entonces, los peñis antiguos prosigue el relato iban a buscar harina para sobrevivir, trigo, sobre todo en las épocas de noviembre y diciembre, de grandes hambrunas. Mucha gente murió de hambre, y ahí Conrado Luchsinger abría libretas y la gente iba hipotecando sus corderos, sus animalitos y sus tierras. Y cuando llegaba la época [de cobrar] salía con carabineros, corría los cercos y así fue ampliando sus tierras, cobrando toda la plata de las deudas de la gente que compraba para sobrevivir. Al tiempo, él llegaba: ‘Tanto me debe usted, y como no tiene con qué pagarme, me paga en tierra’. Eso lo hacía en todas las comunidades".
Jorge Luchsinger, hijo de Conrado, contó en una entrevista a la revista "Qué Pasa" que "nosotros teníamos una pulpería en el fundo. Cada sábado la gente pedía, se le anotaba en el libro y a fin de mes se le hacía la liquidación y se le pagaba el saldo. Empezaron a decir que cobrábamos mucho por la mercadería, que no eran productos de calidad. Después reclamaban que la comida que les dábamos era mala, que tenía gusanos. Tiraban los platos al piso. Fueron las primeras protestas".
Devolución de tierras
Con estas "primeras protestas", el hijo de Conrado Luchsinger se refería a los años de Eduardo Frei Montalva y la reforma agraria, entre 1964 y 1970. Si bien a ninguno de los Luchsinger se les expropiaron terrenos, Jorge devolvió "voluntariamente" algunas tierras a los mapuches. Éstos dicen que fueron pedazos de cuatro o seis hectáreas, nada importante.
Sin embargo, las demandas territoriales tuvieron un gran auge en el Gobierno de Salvador Allende. En 1971, después de cuatro juicios, Jorge Luchsinger debió restituir 56 hectáreas a las comunidades Pedro Tori, Juan Cuyanao, Antonio Canío y Santos Marihueque.
Después del golpe de 1973, muchos latifundistas aprovecharon de "pasar la cuenta" a los activistas de sus fundos, aunque en esos convulsionados años las demandas mapuches no eran de raza. Hay detenidos desaparecidos de ese pueblo, pero las familias de las víctimas no hicieron gestiones judiciales o de otro tipo. Según el Informe Rettig, las causas de esta pasividad pueden haber sido el temor, el desconocimiento de cómo proceder, y una fundamental desconfianza en las instituciones del Estado.
Como sea, la familia Luchsinger estuvo tranquila hasta 1999, cuando la organización Ayjarewe Wenteche, de Truf Truf, sector ubicado al sur del fundo Santa Margarita, protagonizó la primera ocupación permanente de ese predio. Luego, en 2000, vinieron los atentados incendiarios, y a partir de 2005, el predio cuenta con vigilancia permanente de carabineros.
Demanda en Conadi
La investigación de Martín Correa también estableció que sí hay una reclamación por las tierras de los Luchsinger. Ellos insistían en que no había una demanda territorial. Sin embargo, en un catastro de la Conadi (www.conadi.cl/documentos_fondotierras/en%20proceso%20060507.pdf) aparece la comunidad Antonio Caniu en proceso de reclamación del fundo Santa Margarita.
El informe de Correa termina con otro mentís a la supuesta buena relación de los Luchsinger con sus vecinos mapuches. Se trata de un canal de tres metros de ancho por tres de profundidad que Jorge Luchsinger construyó en parte del perímetro de su predio. Tiene casi cinco kilómetros de largo y, según el agricultor, lo hizo para defenderse, porque "no me quedó otra alternativa".
Los mapuches están indignados. "Hizo un tremendo canal con máquina, ¿y qué no se muere ahí? Vacunos, un caballo se nos cayó, conejos, todo cae ahí. Y la veta de agua la rompió en la parte de arriba, nos dejó secos, y en esta parte de acá nos inunda (...)", señalan los comuneros que colindan con el fundo Santa Margarita.
"Es un tremendo daño agregan , echó abajo todo el bosque nativo, había como dos mil hualles grandes, arrasó con todo; así que ése sí que es un gran destructor. En ese canal se llega a caer uno en tiempo de invierno, lleno de agua, hasta ahí no más llega. Pa’l 18 [de septiembre] se cayó uno, Antonio Namuncura, murió ese hombre (...) No vamos a decir que es un gringo buena persona (...) Además, eso que dice de que da trabajo, más de cinco trabajadores no tendrá. ¿Y cuánto les paga? Una miseria. Entonces, él en la televisión lo cuenta bonito, en la prensa, pero no es así". //LND.
Miércoles 27 de agosto de 2008 Por José Miguel Jaque / La Nación
No sólo el obispo de Aysén tiene una cruzada verde. La Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile realiza un catrasto con los lugares con problemas medioambientales para apoyar a la comunidad. Ya están en carpeta: Vallenar, Aysén, Salamanca y Mehuín. Su Peregrinación por la Vida concluirá con una marcha contra Pascua Lama.
"La Patagonia se pone de pie, alza su voz, se une, se organiza, y construye su futuro con sudor y fe". Con esa frase concluye la introducción de la carta pastoral "Danos hoy el agua de cada día" que el obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora, dio a conocer ayer en Coyhaique acompañado del teólogo de la Liberación, Leonardo Boff.
En 80 páginas, Infanti impone una reflexión ética y cristiana de la comunidad con argumentos como el valor del agua, la Patagonia como fuente de recursos naturales y lo inhumano e inmoral de ciertos modelos económicos que explotan hasta destruir estos recursos. "Los años pasados, Chile ha reaccionado tarde (y muchas personas, muy tarde) contra las violaciones de los derechos humanos, y así todos sufrimos graves consecuencias. Nos comprometimos a un "NUNCA MAS" ser promotores o cómplices de estas atrocidades. Hoy también deberíamos ser una voz profética contra la tortura de la naturaleza, y en especial del agua", dice la carta.
Lo de Infanti no es una jugada aislada. Tampoco lo fue la marcha de principio de agosto donde sacerdotes y religiosas de Copiapó, encabezados por el obispo Gaspar Quintana, pidieron al Gobierno revisar la aprobación del proyecto Pascua Lama ante la escasez de agua en la región.
El pasado 15 de agosto, la homilía del cardenal Francisco Javier Errázuriz en la Catedral de Santiago se centró en la "ecología humana": "Hay que procurar un desarrollo sustentable sin que eso dañe los grandes recursos que Dios nos ha regalado", dijo la cabeza de la Iglesia en Chile. Ese mismo día, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre) envió la Peregrinación por la Vida a todas las diócesis del país detallando la actividad y pidiendo antecedentes de conflictos. La idea es identificar zonas donde la naturaleza está amenazada por emprendimientos productivos para exponerlos a la comunidad. "Hay una lista de grandes y pequeños conflictos a lo largo del país y queremos darle fuerza a la comunidad y ayudar a la reflexión", explica la hermana Cristina Hoar, quien dirige el departamento de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferre. "Muchas veces las empresas faltan el respeto y amenazan. Provocan destrucción, porque la gente sencilla no tiene a quién acudir y simplemente tiene que tolerar esta situación. Es lo que pasa en Vallenar".
Precisamente el 28 de septiembre en esta ciudad culminará la Peregrinación por la Vida con una masiva marcha por los impactos del proyecto Pascua Lama. Antes, el 10 de ese mes, se reunirán en Santiago probablemente en la Plaza de Armas- para dar a conocer los conflictos por las represas en Aysén y la minería en Salamanca o el ducto de Celco en Mehuín.
¿Veto a Boff?
La llegada de Leonardo Boff al país fue facilitada por la invitación de Fundación Avina que lo llevó a Buenos Aires y Neuquén. Infanti de la Mora no fue el único que lo contactó; también lo hizo el Centro Ecuménico Diego de Medellín para asegurar su participación en una charla sobre cambio climático. "Estaba todo listo para hacerlo en la Conferre porque está involucrada en la defensa del medio ambiente desde la fe. El presidente de la Conferre, Hernán Vargas, estuvo de acuerdo y nosotros íbamos a arrendar la sala", cuenta Álvaro Ramis, investigador y teólogo del Centro Ecuménico Diego de Medellín y ex presidente de la FEUC. Sin embargo, el lunes el pacto fue cancelado, porque "autoridades eclesiásticas de alto nivel pusieron sus reparos".
Boff no tiene santos en la corte de la Iglasia chilena, pero Infanti saltó la valla: en la presentación de su carta pastoral hubo acuerdo en que Boff evitaría temas polémicos.
Posición no es discursiva, sino activa. Religiosos salen a la calle a protestar o exigen por otras vías revisión de proyectos
VÍCTOR ZÚÑIGA, VERÓNICA MOYA Y RODRIGO ÁLVAREZ
Una verdadera "cruzada verde" en la defensa activa del medio ambiente del país emprendió la Iglesia Católica en cada una de sus diócesis de Chile. No sólo plantea el resguardo de la naturaleza, sino que adopta una posición antagónica a proyectos productivos que puedan poner en riesgo la tierra, el agua y el aire en regiones.
A comienzos de este mes, el propio obispo de Copiapó, Gaspar Quintana, encabezó una eucaristía en la catedral para plantear reparos al proyecto minero de la transnacional canadiense Barrick Gold para la extracción de oro desde el alto del valle cordillerano en Pascua Lama.
En la misa concelebrada se instaló el lienzo "Salvemos el agua y no a Pascua Lama".
En la XI Región de Aisén, el obispo Luis Infanti divulgará una carta este martes en relación con el resguardo de la flora y fauna de la región, ante la eventual construcción de megarrepresas en la región para la producción de hidroelectricidad, a lo cual se opone tenazmente.
La "ofensiva" está impulsada por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile (Conferre), presidida por el padre Hernán Vargas, quien el 15 de agosto aseveró: "A partir de hoy identificaremos aquellos lugares en los que no se respeta la naturaleza. Haremos peregrinaciones hasta el 28 de septiembre. Queremos defender la vida y estos medios de vivencia que tiene la humanidad, como el agua", aseveró.
Consultado por esta avanzada ecológica, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Alejandro Goic, contestó que el episcopado como tal no ha tenido un pronunciamiento oficial sobre los proyectos de Pascua Lama e Hidroaisén.
"Son los pastores de Copiapó y de Coihaique, en cuyo territorio se piensan realizar estos megaproyectos, los que se han pronunciado. Es importante recordar que nada de lo humano es ajeno a la Iglesia", dijo.
Consideró legítima la preocupación de ambos pastores por las consecuencias de estos proyectos, especialmente con un elemento esencial para la vida humana como es el agua.
"Compatibilizar el necesario desarrollo con la tutela del medio ambiente es un desafío fundamental. Los pastores de Copiapó y Coihaique han manifestado su inquietud en este sentido. Conocen la realidad de sus regiones, la aman, y aman sobre todo al pueblo que vive ahí".
Monseñor Goic dijo que esta postura por la defensa de la naturaleza está acorde con la misión continental de la Iglesia emanada de Aparecida, Brasil.
El prelado expresó que la separación entre la fe y la vida es un error grave. "Por ejemplo, si soy creyente y empresario, por exigencias de la fe debo respetar la naturaleza. La producción no es un dios al que se sacrifica todo... ¿Qué mundo vamos a dejar a las futuras generaciones?", se preguntó el obispo de Rancagua.
En cuanto a controversias surgidas del debate, el obispo sostuvo que es necesario un diálogo sereno, serio y constructivo.
Del tema tampoco ha estado ausente el cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz. En su homilía en el Día de la Asunción de la Virgen destacó que los seres humanos peregrinan en esta Tierra hacia el cielo, y que en ese tránsito es necesario cuidar y respetar la "ecología humana".
Monseñor Infanti presentará carta pastoral por el agua
COIHAIQUE.- Tras meses de intenso trabajo, el obispo de Aisén, Luis Infanti de la Mora, presentará oficialmente a la comunidad su "Carta Pastoral del Agua", en el marco de la celebración de la "Semana Social 2008".
El documento será presentado en el Cine Municipal, este martes, con la participación del teólogo brasileño Leonardo Boff.
La carta pastoral es esperada por diversos sectores de Chile y por los obispos de la Patagonia argentina, debido a la similitud de la problemática medioambiental que se está viviendo al otro lado de la cordillera.
El documento es extenso, y nace de una reflexión profunda que considera diversos aspectos. El obispo Infanti señaló que "en ella se plantea cuál debería ser nuestra relación con la naturaleza -don de Dios que aquí en Aisén abundantemente nos rodea-, cuál debería ser nuestra relación con el Creador y con las criaturas".
Su planteamiento es que los proyectos ambientales "son una violación al medio ambiente y la naturaleza" y que en el caso de los hidroeléctricos son un problema de todo el país. "Porque se está queriendo usar el agua, que es un don de Dios, que es un derecho de todos, para un negocio. ¡Eso es inaceptable!".
"Preferiríamos que Pascua Lama no se hiciera todavía"
COPIAPÓ.- El obispo de la diócesis de Copiapó, monseñor Gaspar Quintana, volvió a reiterar su posición de rechazo a Pascua Lama luego de reunirse, junto a sacerdotes y una religiosa del valle del Huasco, con la intendenta Viviana Ireland,
Allí manifestó la preocupación de la Iglesia atacameña sobre los riesgos ambientales que podría generar la explotación del yacimiento en la cabecera de esa cuenca.
Según contó el obispo, la reunión, convenida por ambas partes, sirvió para aclarar algunos dichos de la autoridad eclesial sobre la falta de transparencia en el proceso de aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto.
Aunque la intendenta, quien estaba acompañada por el director regional de la Conama y la gobernadora de Huasco, le aseguró que el proyecto fue aprobado con los más estrictos niveles de seguridad para el medio ambiente, los religiosos continúan reticentes a la concreción de esa iniciativa: "Les hicimos ver a las autoridades que han ocurrido errores que los cálculos o resultados finales no fueron favorables, y les nombramos el caso de Celco", contó monseñor Quintana.
Para el prelado todavía persisten dudas en la aprobación de Pascua Lama. "En visitas al valle, me ha llegado mucha información en la cual la gente se queja de engaños, que hubo por ahí platas que se repartieron, cosas que hacen pensar que no han sido las mejores estrategias para elaborar un proyecto, y en ese caso ha habido sombras de sospechas de que los caminos que se siguieron no fueron los más transparentes", dijo.
Frente a la eventual explotación sólo en lado chileno, dijo: "Nos gustaría que proyectos que pudieran incurrir en un alto riesgo no se hicieran todavía".
"Por ejemplo, si soy creyente y empresario, por exigencias de la fe debo respetar la naturaleza".
''El poder económico maneja al poder político y al judicial''
El emblemático sacerdote Luis Infanti lleva la batuta en la defensa del medio ambiente y por eso presentará la “Carta Pastoral del Agua”, que hará pública junto al mítico teólogo de la Liberación. En entrevista con El Mostrador.cl sitúa al mismo nivel la depredación de la naturaleza con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y plantea una mirada ética-religiosa que rechaza la “venta” de los recursos naturales. Su propuesta es cambiar la Constitución y nacionalizar el vital elemento, todo, por cierto, en el contexto de su batalla contra Hidroaysén.
Claudia Urquieta Chavarría
Si durante los años 80 la Iglesia Católica llevó la voz cantante en la defensa de los derechos humanos en medio de la represiva dictadura militar, la cruzada actual que empieza a tomar fuerza en el mundo eclesiástico apunta a amparar los derechos medioambientales de los pobladores.
Y si antes el conflicto llevaba uniforme militar, hoy se viste de neoliberalismo. Atuendo que a ojos del obispo de Aysén, Luis Infanti, responde a una herencia directa del régimen de Augusto Pinochet y de su más arraigada hija: la Constitución.
Porque en su opinión, la Carta Magna que nos rige abrió las puertas a la “venta” del país y a que quien tenga plata “compre lo que quiera, incluyendo la conciencia de las personas”. Pero lo más preocupante para este italiano radicado en Chile desde 1973, es el silencioso y progresivo traspaso de los recursos nacionales a holding extranjeros. Sobre todo los hídricos.
Por eso, el próximo 26 de agosto presentará “La Carta Pastoral del Agua” de más de 100 páginas y que seguirá en la línea de una primera misiva que escribió en 2006 y donde formuló 15 preguntas a la comunidad, promoviendo la reflexión en torno al tema medioambiental desde una mirada ética y espiritual, especialmente sobre el agua y los megaproyectos hidroeléctricos en general.
Pero esta vez el texto no sólo traerá preguntas, sino que apuntará a remover conciencias tanto a nivel ciudadano como gubernamental para la titánica tarea de cambiar la Constitución. Y la no menos complicada meta de abrir la ruta hacia la nacionalizació n del vital elemento.
La fecha elegida para difundir la misiva no es casual: ese día Leonardo Boff, uno de los principales mentores de la Teología de la Liberación y un ícono del movimiento ecologista de Brasil, se encontrará en Coyhaique y participará en la presentación del escrito. No fue fácil coordinar su llegada, pero, aprovechando un encuentro al que asistirá el brasileño en Bariloche, se hizo el enlace.
Pero la veta medioambiental promovida por Infanti también ha calado en otras latitudes: la fuerte arremetida de la Iglesia en proyectos como Pascua Lama en la Tercera Región, la creación de la Pastoral del Medio Ambiente en Villarrica o el trabajo medioambiental a través del Departamento de Acción Social (DAS) de Temuco, dan cuenta de un movimiento que va cobrando fuerza. Y cuya inspiración no vino del cielo, pero casi: las líneas se trazaron luego de la Quinta Conferencia del Episcopado en Aparecida, Brasil, en 2007, donde se incorporó a los mandamientos eclesiásticos el desarrollo sustentable y la activa participación de la Iglesia en el tema.
¿Cuáles son los principales temas a los que apunta en su carta?
-La problemática actual del medio ambiente, principalmente en torno al agua. Quiénes son los propietarios en Chile, qué uso se le da, cuál es el trato que recibe legalmente. También desde el punto de vista de la energía, sobre los usos varios que se la da al agua y qué energías son de vida y de muerte: ahí se trata específicamente lo relativo a las megarepresas. Y no me refiero sólo a HidroAysén, sino también a Xstrata Copper, que planea unas hidroeléctricas en los ríos donde fue el epicentro del terremoto el año pasado.
También me refiero al negocio del agua. Porque hay que tomar en cuenta que es uno de los elementos que escasean en el mundo, al punto de que se cree que para el año 2025, 40 por ciento de la humanidad no tendrá alcance al agua potable. Y eso legalmente hablando en Chile tiene un cuestionamiento muy serio.
Según su tesis, el sistema neoliberal ha delineado la realidad medioambiental del país ¿De qué forma se ha llegado a eso?
-Una sociedad consumista fruto de una política neoliberal desenfrenada lleva a que gastemos y gastemos siempre más, que busquemos un desarrollo cada vez más desmedido. Y todo desarrollo necesariamente pasa por usar bienes de la naturaleza. Sin embargo, el gran cuestionamiento de la crisis económica es que vamos destruyendo con este uso desmedido, haciendo morir el planeta.
Sin embargo hay fuentes de energía que no son contaminantes ni destructivas, como la solar, eólica o mareomotriz, todas ellas de un enorme potencial en Chile. Pero no existe una política energética de Estado, que deja que la empresa privada asuma la responsabilidad de la producción energética. Evidentemente los criterios esenciales de la empresa privada apuntan al menor gasto y mayor rentabilidad, por lo tanto va por lo más fácil. Me pregunto ¿es éticamente correcta esta postura?
¿Considera que el Gobierno hace la vista gorda al respecto?
-Esto es un problema de Estado, no del Gobierno. Por eso entiendo que sería importante que las autoridades elegidas asuman su responsabilidad de soberanía. Incluso, los bienes y el potencial energético medioambiental se convierta en un tema de Estado. Por eso que el asunto de las aguas de Aisén y su uso es un tema estatal, no un problema de privados.
Iglesia “verde”
¿Considera que la defensa del medio ambiente asumido por la Iglesia en varias regiones del país puede equipararse a la lucha por los derechos humanos liderada durante la dictadura?
-Lo que yo planteo es que aquí en Aisén por lo menos, así como en el Valle del Huasco con el proyecto minero Pascua Lama, el tema medioambiental es una violación de la misma intensidad al las violaciones a los Derechos Humanos. Echar a perder, violentar la naturaleza, es una agresión contra el ser humano y contra el creador de esa naturaleza. En ese sentido diría que es un pecado social grave, que tiene la misma intensidad valórica que violar los derechos y divinidad de la persona.
Pero aún el movimiento no es a nivel nacional…
- Es que en otras regiones todavía no tienen problemas tan relevantes ni emblemáticos, lo que no quiere decir que no tengan problemas medioambientales. Como aún el asunto es muy localizado, como Iglesia de Chile todavía no está muy calientito el tema que digamos. Pero creo que esta carta va a encender un fuego que espero arda.
¿Por qué debería “prender” esta carta?
-Al tener una mirada ética-bíblica y espiritual sobre temas relevantes como el agua y el medio ambiente, evidentemente tiene que alcanzar problemáticas políticas económicas, empresariales, populares. Y obviamente a la autoridad. De hecho, uno de los temas importantes que se tocan es la estructura del poder que hay en Chile: el poder político, económico y judicial es el mismo que había en tiempos de dictadura. De esto he hablado personalmente con la Presidenta Michelle Bachelet.
¿Y qué concluyeron?
-Conversamos… . El encuentro fue en el marco de lo que viví directamente en el Caso Aisén. Los hechos son tan contundentes que uno no lo puede desmentir: el poder económico maneja al poder político y al judicial, son una íntima unidad. Entonces hay una estructura de poder para mantenerse en el poder, y pasa lo mismo con el tema de las megarepresas, porque jurídicamente tienen todo los derechos asegurados. No hay ningún derecho que señale que están haciendo algo ilegal.
ABOGADOS DE DD.HH. REITERARON NECESIDAD DE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN POLITICA Enviado el Martes, 05 agosto a las 09:31:31 www.cronicadigital.cl
Con un llamado a generar un movimiento amplio y ciudadano que provoque el establecimiento de una Asamblea Constituyente, se realizó este lunes un foro panel sobre el tema que organizó la Escuela de Derecho y la jornada vespertina de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Luego del saludo del rector del plantel educacional, doctor Juan Ruz, el abogado Roberto Garretón, explicó que un grupo importante de personas que a pesar de reconocer que en Chile se terminó la dictadura hace casi ya dos décadas, igual estiman que estamos viviendo bajo un régimen altamente antidemocrático.
El reconocido jurista afirmó que "hablando desde el punto de vista de los derechos humanos, la verdad es que se acabó la dictadura cívico-militar, pero el derecho humano del pueblo chileno a su libre determinación, no ha sido recuperado. Tenemos la Constitución que Pinochet dejó. Le habrán hecho retoques, pero aquellos arreglos no cambian la esencia de la Carta Fundamental", precisó.
Garretón agregó que esta Constitución es claramente "impresentable", al tiempo que hizo un llamado a seguir el ejemplo de Colombia, país que luego de mantener por un siglo su carta magna decidió comenzar un movimiento que puso fin al reparto entre dos partidos políticos del poder. Por ese motivo señaló que en las próximas elecciones es necesario que la gente marque su voto –lo que se encargó de aseverar que no constituye la anulación de la papeleta- con las siglas "AC" de Asamblea Constituyente, y de esa manera presionar a las autoridades que hasta hoy mantienen sin variaciones importantes el principal de los cuerpos legales del país.
En tanto, el abogado Hugo Gutiérrez recordó que al interior de la Asamblea por los Derechos Humanos se estimó en su primer encuentro realizado en diciembre pasado, que la actual Constitución impide la libre determinación del pueblo al no tener la posibilidad de generar una nueva carta que garantice la democracia y la participación popular.
Al mismo tiempo expresó que este cuerpo legal permite la gestación y mantención del sistema económico neoliberal "lo que a su vez impide el desarrollo y el aseguramiento de una serie de derechos económicos y sociales y también impide el desarrollo de otra serie de derechos políticos", lo que resulta de una profunda gravedad para el país.
Gutiérrez citó textual una parte de las resoluciones del encuentro de organizaciones por los derechos humanos de diciembre, de las que destacó que "la Constitución Política del Estado es la herramienta política y jurídica a la que le corresponde plasmar y proteger el derecho a la autodeterminación. En consecuencia se hace necesario dotar de una nueva carta fundamental que esté orientada a colocar al ser humano y su colectividad como valor central. Sabemos que existen trabas legales para que esto ocurra. No obstante, si bien los poderes del Estado, las autoridades y gobierno central no están facultados para llamar a una Asamblea Constituyente, existe el derecho inherente del pueblo, -ya que en él radica el poder constituyente-, a iniciar un proceso tal que reclame la refundación política, económica y jurídica del país", apuntó.
Gutiérrez y Garretón coincidieron en que los cambios hechos el 2005 por la administración de Ricardo Lagos a la Constitución de 1980 sólo buscó legitimarla, ya que no cambia sus fundamentos centrales, como son la convocatoria a plebiscito para consultar regularmente a la población, el sistema de elecciones binominal, el sistema educacional que rige al país, así como especialmente el sistema económico que mantiene marginados a millones de personas.
Este es el quinto encuentro organizado por la Jornada Vespertina de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la que continuará con el tema "El mercado laboral", en el que participará, entre otros, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Osvaldo Andrade.
Por Raúl Martínez M
Santiago de Chile, 5 de agosto 2008 Crónica Digital
El día 17 de Julio recién pasado fue uno de esos días en que los desaparecidos vuelven. Vuelven a nuestra memoria impactando todo el quehacer que en ese momento tenemos y nos hacen recuperar la memoria en forma sorpresiva, sin preámbulos, sin explicaciones ni excusas, solo llegan y se instalan en la vida cotidiana del país, en las calles de sus pueblos o ciudades que los conocieron en vida, y en sus casas, junto a sus familiares que los reciben con el mayor de los cariños y el mayor de los dolores al asumir finalmente que están muertos, sintiendo además esa alegría de poder al fin sepultarlos en forma digna, como ellos se lo merecen.. Son días desentimientos encontrados que solo nos hacen pedir que sea cierto que son ellos los hallados, que sean ellos los que están allí, en el lugar del dato dado por alguien.
Esta realidad de datos, hallazgos, búsqueda y dolor es parte de la gran herida abierta en nuestra historia y tendremos que sufrirla en el tiempo,mientras exista alguien que impulsado por su conciencia y bondad coopere con la búsqueda y mientras no pasen las cinco generaciones que se ven afectadas en una sociedad cuando se cometen los actos de genocidio que se cometieron en nuestro país. Por esto es que no debemos dejar de agradecer a esa persona que en confesión le dijo al párroco de Diego de Almagro donde habían desaparecidos, dándonos con ello la posibilidad de descartar el lugar o hallar a alguno de ellos, porque si no es Ricardo García, Maguindo Castillo o Benito Tapia, puede ser otro de nuestros desaparecidos, los trece desaparecidos de Atacama:
Benito TapiaT.= El Salvador.Dirigente Nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre y Miembro del Comité Central de las Juventudes Socialistas. Hecho desaparecer por la Caravana de la Muerte.
Ricardo García P. = El Salvador. Gerente General de COBRESAL, actual División del Salvador CODELCO Chile. Militante del Partido Socialista. Hecho desaparecer por la Caravana de la Muerte.
Maguindo Castillo A. =El Salvador. Trabajador de COBRESAL. Militante del Partido Socialista. Hecho desaparecer por la Caravana de la Muerte.
Guillermo Rojas Z. =Chañaral. Subdirector de la Escuela Consolidada de Chañaral. Militante Socialista... Desaparecido el 6 de agosto de 1974 en Chañaral.
Joel Huaiquiñir B. = El Salvador. Trabajó como Instructor de Seguridad Industrial en COBRESALde El Salvador. Miembro del Comité Central del Partido Socialista. Fue acusado de ocultamiento de armas al interior de El Salvador. Desaparecido en el Centro de Detención Cuatro Álamos, año 1974.
Aladín Rojas R. =Copiapó. Trabajador Minero. Militante de las Juventudes Comunistas. Desapareció en el interior del Regimiento de Copiapó el 9 de abril de 1975.
Pedro Acevedo G. = Copiapó. Estudiante de Ingeniería en Minas de la UTE de Copiapó. Militante de las Juventudes Comunistas. Desapareció en el interior del Regimiento de Copiapó en abril de 1975.
José Guggiana Espoz = Copiapó. Profesor y empleado administrativo del Ministerio de Educación en Antofagasta. Militante Comunista.. Desapareció en Santiago en 1976.
Alonso Lazo R. = Copiapó. Estudiante de Pedagogía. Militante del Movimiento de Izquierda MIR. Detenido y llevado al regimiento de Copiapó. Luego fue trasladado a “Cuatro Álamos”, en Santiago,donde desaparece, año 1975.
Yactong Juantock G.= Copiapó. Estudiante egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile de Valparaíso. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.Desaparecido en el Vapor Maipú de la Armada Nacional en Valparaíso, en septiembre de 1973.
Lenin Díaz S. = Vallenar.Economista.Militante del Partido Comunista. Desaparecido en Villa Grimaldi, año 1976.
LeonardoAntonio Iribarren =Vallenar. Trabajador Minero. Dirigente Sindical. Militante Comunista. Desaparecido en Vallenar, en octubre de 1973, mientras esperaba el bus que lo llevaba al trabajo.
Rafael Araya V.=Copiapó. Trabajador minero. Dirigente. Militante del Partido Comunista. Fue detenido por agentes del Estado en abril de 1976 en la vía pública de Copiapó y desde ese momento está desaparecido.
Los restos encontrados no son de dos personas, son solo de una, y al parecer no son los de Benito Tapia, Maguindo Castillo ni Ricardo García, por las características físicas que presenta, pero pueden ser los de Guillermo Rojas o pueden ser los de uno de los tres desaparecidos al interior del Regimiento de Copiapó.
Solo queda por esperar los resultados de los análisis de identificación que se hagan con este nuevo hallazgo y si no fuese ninguno de ellos, nos quedará la experiencia de haber vivido por un momento la vuelta a nuestro mundo de los desaparecidos de Atacama.
Y la convicción de seguir adelante con la búsqueda de todos ellos, la búsqueda de la Verdad, la Justicia y el Castigo a los Culpables, la Recuperación de la Memoria Histórica y el Nunca Más…en Chile.
