Rossy Lama: “No habrá ley de punto final en las causas de DDHH”

Por Jorge Escalante / La Nación Domingo

La abogada penalista sostiene que el trabajo del programa no cambiará y opina que “en delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni prescripción”. Se opone a fijar plazo de término a los procesos y dice que “seguiremos buscando la verdad y la justicia”, por lo cual continuará presentando las querellas que aún estén pendientes.

 

La joven abogada dice enfrentar con entusiasmo el desafío en su nuevo cargo, tan distinto a cuando en el Consejo de Defensa del Estado le tocó participar en la Operación Frontera 2000, relacionada con el tráfico de drogas. Fotos: Paula Farías.

La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.
Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será “pluralista” y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.
-¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?
-Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.
-¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?-Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.
-¿Cuáles serían los casos en que no correspondería presentar querellas?
-Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.
-Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?-Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.
-¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?-También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.
-¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?-El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.
-¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?-El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.
-¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?
-El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.
-¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?
-En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.
-Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?-Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.
-¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?-Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.
-¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?-He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.
-¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?-Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.
-Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…-No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.
-Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…
-Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.
-¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?
-No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.
-Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.-Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.
-Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?
-Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.
-¿De qué manera?
-Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.
-El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.-El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.
-¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?-Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.
-Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…
-Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.

CASO SORIA: RAZONES DE LA PETICIÓN DE APERTURA

Una de las primeras acciones efectuadas por el Programa de Derechos Humanos al mando de Rossy Lama fue solicitar la reapertura del caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Lama explicó a LND las razones que llevaron a esta entidad a persistir en la investigación de esta causa emblemática de derechos humanos, hecho ocurrido a mediados de la década del 70. Incluso, en 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía, confirmando una resolución de la justicia militar.
-Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?-Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.
-¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?-Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.



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Gobierno dio continuidad a políticas de DDHH

Por Lorena Ferraro L./ La Nación 

Jueves 18 de marzo de 2010 | | Política

La abogada y ex asesora de la Fiscalía Centro Norte, Rossy Lama, prometió proseguir con el trabajo que en este ámbito implementó la Concertación, y “mejorar la tramitación de las causas que están actualmente vigentes”.

En el marco del proceso de nominaciones en cargos de confianza que se encuentra realizando el gobierno, ayer el Ministerio del Interior dio a conocer el nombre de quien, a partir de hoy, asumirá como secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos: la abogada y ex asesora de la Fiscalía Centro-Norte, Rossy Lama Díaz, tal como adelantó ayer La Nación.

Lama, quien fue presentada por el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, encabezará un programa creado por los gobiernos de la Concertación en 1997 con la misión de “contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos sucedidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990” y ayudar “a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados”, según establece el propio organismo.

DEFINICIONES

En ese sentido, y tras tener un encuentro con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la abogada aseguró que el sello de su gestión será dar continuidad a la tarea desarrollada por el programa.
“Mi labor fundamental -y que me ha sido encomendada- es precisamente continuar con este programa y no solamente continuar sino que mejorar la tramitación de las causas que están vigentes actualmente en las distintas zonas del país”, explicó Lama, quien calificó los derechos humanos como “un tema muy sensible para todos”.

Según precisó la abogada a La Nación, pese a que su decisión es mantener los equipos de trabajo que se desempeñan en el Programa de Derechos Humanos, la idea es integrar un grupo de abogados asesores externos que otorgue “más rapidez” a la tramitación de las causas judiciales.

“El sello y la misión fundamental es precisamente darle un perfil bastante técnico, prestarle ayuda a los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la tramitación de los procesos judiciales que se encuentran actualmente en el país, trabajando profesionalmente, con un equipo de abogados asesores externos que van a permitir que esto se maneje de una forma más expedita y con mayor rapidez que como ha estado hasta el momento y con el apoyo, por supuesto, de los tribunales de justicia”, dijo.
Para coordinar su tarea con Interior -cartera de la cual depende-, la secretaria ejecutiva trabajará en coordinación con el abogado Gastón Gómez, quien ayer fue presentado como el nuevo asesor del ministerio en materia de derechos humanos.

CONTACTO CON ORGANIZACIONES
Hasta antes de asumir como encargada del Programa de Derechos Humanos del gobierno de Sebastián Piñera, Rossy Lama era abogada asesora de la Unidad de Corte de la Fiscalía Centro-Norte.
Tras su presentación oficial, la nueva secretaria ejecutiva precisó que -a partir del lunes 22 de marzo- comenzará a contactar a representantes de las distintas agrupaciones ligadas a los derechos humanos para fijar encuentros con ellos, con el fin de poder plantearles personalmente los objetivos de su gestión.


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Chileno presidirá Comisión Interamericana de DDHH

/ La Nación / Agencias

El abogado fue uno de los integrantes de la misión que elaboró el año pasado un informe para la OEA sobre la situación de Honduras tras el quiebre institucional de junio.

Martes 16 de marzo de 2010 | | Internacional

El chileno Felipe González fue elegido ayer como el nuevo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según informó el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
González -elegido presidente por un año- reemplaza en el cargo a la venezolana Luz Patricia Mejía, quien dirigió el ente autónomo de la OEA desde 2009.
Como primer vicepresidente fue elegido el brasileño Paulo Sergio Pi-nheiro y como segunda vicepresidenta la estadounidense Dihan Shelton.
El comisionado chileno integra la CIDH desde 2008 y el año pasado cumplió un importante papel como miembro de la comisión que viajó a Honduras a evaluar la situación de los derechos humanos tras el golpe de Estado del 28 de junio que desató una fuerte crisis político-institucional.
Al respecto, el abogado chileno dijo a La Nación que en Honduras se registró un “cuadro grave de violación de derechos humanos”, tras lo cual la CIDH elaboró un informe que presentó a la OEA.



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“Se acabó la transición” en Chile

Osvaldo León


ALAI, América Latina en Movimiento


2010-02-02



Chile



Entrevista con Marcos Roitman



El próximo 11 de marzo, la presidenta Michelle Bachelet entregará el bastón de mando al multimillonario Sebastián Piñera. Más allá del protocolo, el acto marcará el cierre del ciclo político de la transición liderada por la Concertación a lo largo de diecinueve años. “Así acaba un período en el cual nadie se siente defraudado”, sostiene Marcos Roitman, sociólogo chileno y actualmente profesor de la Universidad Complutense de Madrid, en un análisis crítico que desarrolló en diálogo con ALAI, cuyos términos presentamos a continuación.







- ¿Cuál es tu lectura del triunfo presidencial de Sebastián Piñera y las implicaciones en la futura dinámica política chilena?







En primer lugar, con el triunfo de Sebastián Piñera se cierra la transición. Los acuerdos generados entre la derecha, las fuerzas armadas y los miembros del comando por el No, emergente en 1988, culminan con éxito. Así acaba un período en el cual nadie se siente defraudado. Lo acontecido refuerza la constitución política instaurada por el dictador y da alas a la derecha natural para no derogarla en sus artículos más represivos. En segundo lugar, el discurso oficial es triunfalista. Consiste en remarcar la excelencia de la democracia chilena. Es parte del juego y de la tan manida alternancia. En tercer lugar se da una explicación sobre falsos fundamentos. Se presenta a los partidos de gobierno como la izquierda real derrotada por la derecha natural. Pero se olvida que en los partidos de la Concertación viven golpistas, exiliados y sujetos que colaboraron con el orden represivo de la tiranía. La democracia cristiana, sin ir más lejos. Los hoy perdedores han jugado un sucio papel, lavarles las manos a los torturadores, dejar libre a los responsables políticos del golpe militar y administrar el orden neoliberal. En esta lógica, no se puede hablar de una derrota de la izquierda. Sus representantes éticos, políticos y sociales fueron marginados conscientemente con el fin de evitar una transición democrática. Me refiero a los movimientos populares, al Partido Comunista, a los restos del MIR, la Izquierda Cristiana e independientes, a los cuales hay que sumar los miles de desencantados provenientes de la concertación en sus primeros años. Aquellos que abandonaron la coalición de gobierno por falta de compromiso social y económico con las clases trabajadoras, el pueblo mapuche y los sectores mas desprotegidos afectados por las reformas neoliberales.







En estos diecinueve años de gobierno, la deserción se fue generalizando en la coalición de gobierno. Aunque algunos no lo hicieron precisamente por la izquierda. El triunfo de Piñera supone la consolidación del golpe militar bajo el paraguas de una constitución espuria y una fórmula electoral poco transparente. Más de cuatro millones de chilenos no se encuentran inscritos en los registros para votar. Y no olvidemos que tanto el nuevo presidente como su hermano, José Piñera, Ministro de Trabajo con Pinochet y Frei hijo, pertenecen a la generación de quienes conspiraron para derrocar al gobierno del presidente Salvador Allende.







Por otro lado, pienso que puede haber una recomposición política entre los partidos de la izquierda real y aquella que se define como tal inmersa en la Concertación. Sin embargo para que suceda debe haber una ruptura interna. La democracia cristiana no tiene cabida en un proyecto de estas dimensiones. Su espacio natural está cubierto por Renovación Nacional en la derecha. Seguramente, este resultado es el fin de la Concertación tal y como se la conoce. En esta dinámica, tras un mea culpa es posible que el Partido Socialista también se fracture o tome otro rumbo. Recordemos que el actual se refundó para gobernar y buscar el contrapeso a la Democracia Cristiana. En él cohabitan sectores del MAPU, Izquierda Cristiana, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Partido Radical, Partido Comunista, independientes y algunos militantes del Partido por la Democracia. Además, la candidatura de Enríquez Ominami con el 20% de votos, abre la posibilidad a la emergencia de una nueva fuerza política. Ello, claro está, si logra transformar los votos en organización militante. Un partido cuyo programa sería reivindicar aquello que la Concertación no hizo y que debería de haber hecho. Creo que no tendría un largo recorrido, aunque a corto plazo una parte de la juventud y sectores medios le darían su apoyo.







Asimismo, la derecha tiene que deshacerse de su pasado pinochetista, cuestión harto difícil sino imposible. Aún la memoria y la conciencia histórica siguen pesando en la formación del imaginario social chileno. Pero la democracia cristiana puede ayudar a deshacerse de tales lastres. Si la derecha confió en la Concertación para administrar su proyecto se debió en gran parte a la presencia de la democracia cristiana. Tras las elecciones, la derecha pinochetista y no pinochetista retoma el gobierno formal, pero no olvidemos que el poder real nunca le fue esquilmado.







- Se entiende que la mayoría de los cuatro millones que no participaron en el proceso electoral es joven. ¿Se podría hablar de una fractura generacional?







Si bien es cierto que la candidatura de Marco Enríquez Ominami Gumucio contaba con un apoyo más numeroso entre la población joven inscrita para votar, no podemos señalar que ese voto fuera un voto de compromiso con el candidato. Este no tenía un programa ni un proyecto alternativo de sociedad. Distintos elementos pueden haber condicionado tal aproximación. La propia juventud del candidato, la forma de hablar, ser hijo de Miguel Enríquez, un histórico dirigente de la izquierda chilena asesinado por la dictadura y porqué no decirlo sus películas y cortos criticando la acción de los viejos dirigentes de la izquierda chilena. Aunque esto último es mas bien secundario. Debemos además, ser concientes del tipo de campaña propio del marketing político. Su imagen era mucho más atractiva para los jóvenes que para una población cuya edad superase los cincuenta años. Pero no podemos decir que fuese un candidato antisistema. Su discurso está dentro del orden y como tal participa de esta lógica. Puede expresar ese cabreo latente por la política represiva contra el pueblo mapuche, los estudiantes secundarios, la corrupción, el aumento de la desigualdad, la pobreza extrema y la perdida de ideales. Sí su discurso fuese parte de un proyecto alternativo, hubiese calado en aquellos sectores entre 18 y 30 años, hijos de la concertación que no se inscriben para votar y que forman una no despreciable cifra de mas de un millón y medio de personas.







De modo que no veo una fractura generacional. Pero sí un desgaste en la forma de hacer política, en el sistema electoral y sobre todo en un proceso de despolitización. Proceso iniciado en los años siguientes a la dictadura y continuado y profundizado por los partidos de la Concertación. Tampoco creo que Marco Enríquez Ominami Gumucio, tenga un proyecto socialdemócrata enquistado en un capitalismo keynesiano de pleno empleo y distribución de la renta. Seguramente su máxima aspiración, que no es poca cosa en el Chile actual, sería tal vez poner fin a la impunidad y cuestionar la ley de amnistía. Aunque no metería mano a la falta de libertad de prensa, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, el control sobre las aguas, hoy en manos de las transnacionales y los megaproyectos para la construcción de represas, autopistas, etc. En fin, no creo que ese 20% que votó por él en la primera vuelta, lo hiciera convencido de un proyecto alternativo, fue más bien un voto de castigo a Frei. Por ello la democratización del país deberá esperar al menos un lustro.







- Cuando hablas de despolitización, ¿cuál es el sentido y alcance de este fenómeno?







Hablo de la pérdida de la ciudadanía plena y la centralidad de la política a la hora de tomar las decisiones. La sustitución de la res-publica por el mercado, un espacio competitivo, altamente monopolizado, excluyente y sin posibilidad de crear ciudadanía, auspicia la guerra de todos contra todos. El mercado crea consumidores, la política ciudadanos con derechos y obligaciones en el proceso de toma de decisiones. En Chile se destruyó esa ciudadanía. Eso fue lo mas revolucionario del golpe militar. En su lugar emergió, aquello que Aristóteles denominó con justa razón, el idiota social. Una persona que renuncia a su participación en la esfera pública en aras de un individualismo extremo. Sálvese quien pueda pero yo el primero. Podríamos decir que la política pierde los valores éticos y las virtudes democráticas del ejercicio del poder. En su lugar emerge la política como gestión del Estado. Así, las decisiones se pactan fuera del parlamento. El voto se hace obligatorio en las bancadas. La conciencia se aparca con tal de no caerse de las listas de candidatos. La política se convierte en profesión, en peor sentido weberiano. Son funcionarios, empleados de la razón de estado. Burócratas bien disciplinados. Los acuerdos se alcanzan a espaldas de los propios diputados. No hay transparencia ni horizontalidad. En términos actuales, ni empoderamiento ni transversalidad. Aunque para contestar a la segunda parte de la pregunta, este fenómeno se puede generalizar en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo occidental en el cual se pusieron en práctica las políticas neoliberales. Las reformas del Estado, con sus procesos de desregulación, privatización, descentralización y cambio en la gestión pública tenían dicho fin. Se trataba de cambiar las relaciones entre la economía y el sujeto social. La primera se transformó en una teología fundante del orden social y el ciudadano se difuminó hasta su desaparición política. En contrapartida tenemos un sistema donde el social-conformismo emerge para facilitar el ejercicio de un poder totalitario, en el cual se renuncia a la conciencia y la voluntad en pro de una sumisión que garantice el éxito individual. Chile fue el primer laboratorio y desde luego no podemos decir que haya fracasado el experimento.







La entrega del poder formal por parte de los militares y el triunfo de la Concertación fueron la prueba de fuego de este proyecto. La Concertación administró el proyecto, y llevó a cabo las últimas reformas que Pinochet no había realizado. Por eso digo, volviendo a la primera respuesta, que se acabó la transición. El reproche al modelo impuesto por Pinochet y la derecha tenia su razón en haber tenido su origen en un golpe de estado. El regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles abría una interrogante: ¿es posible administrar el proyecto por quienes fueron sus detractores? Bien, la Concertación demostró su maleabilidad y su falta de ética. No tuvo problemas en administrarlo. Sólo tuvo que desprenderse de los valores democráticos que habían sido su bandera de lucha durante la dictadura. Y debo decir que no tuvieron empacho en hacerlo.







- Un proyecto que se le ha proyectado como ejemplar, por cierto…







Desde luego. Los medios de información y disuasión han proyectado esta imagen idílica. Pero no olvidemos que Chile es el país con mayor desigualdad en América Latina y de los primeros en el mundo. Mérito poco recomendable, para decir que es un país gobernado por la izquierda. Sin embargo, para no ser injustos, hay que reconocer que en el gobierno de Michelle Bachelet, se implementaron políticas sociales tendentes a disminuir la extrema pobreza, dando cierta cobertura sanitaria a los más desatendidos y salarios mínimos más acordes con el coste de la vida. Estas políticas se han vendido como parte de un proyecto de cohesión social. Mero espejismo, si consideramos la privatización de la sanidad, de las empresas públicas, el fracaso de las políticas educativas, la flexibilidad laboral y la creación de empleos de baja calidad amparados en las leyes que favorecen el despido libre. Factores a los cuales se debe sumar la emergencia de la corrupción política, cuestión relativamente inédita en Chile.



En este sentido, un gobierno de izquierda, como se autodenomina el chileno, debería haber construido una política social diferente a la dinámica neoliberal. Si sólo se dedican a tapar agujeros para un mejor funcionamiento del neoliberalismo en realidad no hay cambios estructurales. Si sus éxitos consisten en dar un retoque humano al capitalismo salvaje, entonces han fracasado. Por eso, tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet quisieron darles un perfil progresista a sus gobiernos y distanciarse de los gobiernos democristianos de Patricio Alwyin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y es cierto, lograron dar una capa de barniz a las políticas más excluyentes que habían marcado al Chile de Pinochet y los dos primeros gobiernos de la Concertación.



En ese sentido es ilustrativo lo que dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Bachelet, Alejandro Foxley en un ataque de sinceridad. Permítame citarlo textualmente ya que tengo la frase anotada en una ficha que siempre llevo conmigo: “Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de adelantarse al proceso de globalización que ocurrió una década después. Al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo: descentralizar, privatizar, desregular. Esa es la contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de este proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien no para mal, eso es lo que yo creo. Y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”. Bueno, cuando uno oye esto no sabe como reaccionar. Si no sabe su origen seguro que se lo atribuye a un miembro de la derecha o algún disidente de la dictadura.







- Con estos elementos, ¿qué se puede esperar del nuevo gobierno?



Yo creo que habrá un aumento de la conflictividad social entre otras cosas, porque hay que recordar que Piñera es un empresario y como tal va a tratar al país con el criterio de ser una empresa. Disciplina, eficacia, racionalidad y mucha mano dura para maximizar los beneficios. Una especie de Berlusconi, sin sus connotaciones esperpénticas. Es posible que se profundice el proceso desnacionalizador en la minería del cobre. También se seguirá aplicando la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche, criminalizando sus demandas y protestas sociales. Las consecuencias inmediatas serán una militarización de la zona bajo el criterio de una guerra de baja intensidad. En esta dinámica, Piñera no tiene que justificarse, el es por antonomasia el ejemplo de hombre rico creado por la dictadura. Y se siente cómodo en ese traje.







En sentido opuesto, la Concertación, al ser oposición, puede presionar al gobierno con movilizar a su electorado con el lema “paremos a la derecha”. En esta estrategia, contará con el apoyo de los comunistas, los sindicatos y los movimientos sociales, hasta ahora reprimidos. A diferencia de Marco Enríquez Ominami Gumucio, la Concertación es una suma de partidos con cuadros y estructura, lo cual permite movilizar a sus afiliados de forma orgánica.







Cabe también recordar que cuando ganó Piñera, un sector no desdeñable de sus votantes exhibió carteles de Pinochet. Cuestión que deja al descubierto alguno de los compromisos adquiridos por Piñera. Su triunfo, no lo olvidemos, es visto por estos sectores como el comienzo de una revancha donde articula todo su odio contenido durante veinte años. Quizás sea lo más doloroso, observar que una proporción de chilenos siga pensando en Pinochet como un salvador de la patria y no como un asesino, culpable de crímenes de lesa humanidad.







- ¿Descartas que en los planes de Piñera esté una aproximación hacia la Democracia Cristiana?







Ya lo señale anteriormente. Como miembro de la derecha cuenta con muchos amigos dentro de la democracia cristiana. Mismos que se prestarían para una acción de estas características. Seguramente, si las condiciones lo ameritan, Piñera utilizará todos los medios para provocar primero una aproximación, que todo hay que decirlo ya existe. Pero su objetivo va mas lejos, busca la ruptura definitiva de la Concertación. En esta lógica, la Democracia Cristiana, dentro del gobierno de Piñera, le puede otorgar un respiro si quiere mantener cierta distancia con la UDI. No nos olvidemos que Piñera era un admirador de Frei padre y sus vínculos con militantes democristianos se remontan a décadas. Fijarse una política de atomización de la oposición y atraer la democracia cristiana forma parte de un proyecto refundacional de la derecha chilena a mediano plazo y seguro que Piñera está en este contubernio.







- En el frente externo, ¿qué podemos esperar del Chile bajo la conducción de Piñera?







En este plano, como en todos, los cambios irán a peor. Aún así, cabe recordar que fue un gobierno de la Concertación quien impidió a Venezuela sentarse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyando la candidatura de Guatemala, todo para después abstenerse. También debemos subrayar que durante todos estos años que ha gobernado la Concertación, Chile ha roto con el proceso de integración latinoamericana, es más, no ha querido estar en América Latina. Mira más al Norte que al Sur. Tiene firmados 72 tratados de libre comercio con los países del llamado “primer mundo”







Chile rompió ese concepto de lo latinoamericano presente en la identidad chilena. La nacionalidad chilena se entendía como parte del ser latinoamericano. Ahora el chileno medio y de éxito se siente más vinculado con EE.UU. y Europa. Es cierto que frente al golpe contra el presidente boliviano Evo Morales, el gobierno chileno y Michelle Bachelet lo condenó, apoyándose en la estructura de Unasur. Pero no ha participado y se ha mostrado indiferente, por decir lo menos, frente al ALBA, el Banco Sur y los proyectos de integración que buscan romper la hegemonía de los EE.UU. en la región. Por el contrario, EE.UU. ha encontrado en Chile un fiel aliado. Queda claro, entonces, que la política de los partidos de la Concertación ubicó a Chile en un bloque: el bloque hegemónico de los EE.UU. Con todo, es cierto que uno puede señalar que el nuevo presidente Sebastián Piñera va a inclinar la balanza hacia la posición colombiana defendida por Álvaro Uribe, tendiendo una mano a Felipe Calderón en México y dando una bocanada de oxigeno a los gobiernos conservadores de Panamá, Perú y Honduras. Su política exterior no se va a enfrentar a Brasil, no es un enemigo. Y en los aspectos más inmediatos y conflictivos, cerrará las puertas a cualquier diálogo con Bolivia en lo tocante a una salida al mar. En todo ello hay un común denominador, el triunfo de Piñera es un punto de inflexión a lo que se creía el fin de la hegemonía neoliberal en el continente. La batalla sigue y ahora se abre un nuevo capitulo. Esperemos que no suceda lo mismo en las próximas elecciones presidenciales en Brasil.







Pese a todo estoy seguro que estos nubarrones no anuncian tormenta. Pero el neoliberalismo no ha sido, como piensan algunos, derrotado. Hoy vive una segunda juventud, mucho más peligrosa. El orden neo-oligárquico se consolida. Combatirlo es el deber de todo demócrata, viva en Chile, Ecuador, México o Brasil.



















http://alainet.org/active/35932











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Ex DINA no procesados, eliminados de lista a honorarios del Ejército

/ La Nación

Martes 15 de septiembre de 2009 | | País

El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías.

Dos ex agentes DINA que no están procesados por violaciones de los derechos humanos pero que se mantenían en la lista de funcionarios a honorarios del Ejército percibiendo sueldos mensuales por prestaciones de servicios fueron eliminados de esta nómina.

Se trata del coronel (R) de Ejército que fue ayudante del ex jefe de esa asociación ilícita Manuel Contreras, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, y del médico cardiólogo Sergio Pliscoff Marcovick.

Dado que el Ejército informó al ministro de Defensa Francisco Vidal y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que de todas las listas de funcionarios de planta, a contrata y honorarios, no existía ningún ex agente DINA que no se encontrara encausado por delitos de lesa humanidad, La Nación consultó a esa institución por qué Acevedo y Pliscoff fueron borrados de la lista a honorarios si sobre ellos no pesaba un auto de procesamiento.

La respuesta del Departamento Comunicacional del Ejército fue que “los motivos de sacar de la lista de funcionarios a honorarios del Ejército a los señores Hugo Acevedo Godoy y Sergio Pliscoff Marcovick, se debió a que ambos presentaron la renuncia voluntaria a la institución”.

De esta manera, suman doce los ex agentes y miembros de esa rama castrense que no pertenecieron a los servicios represivos, que dejarán de seguir recibiendo pagos mensuales en calidad de recontratados.
De ellos, diez están procesados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

Hay otros tres ex agentes de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que si bien están procesados por este tipo de delitos, aún permanecen en servicio activo. A éstos el Ejército no les cursó la baja y los mantuvo en servicio, hasta que en su contra exista una sentencia condenatoria de primera instancia.

El ex integrante de la Brigada Rengo de DINA, Hugo Acevedo, recibía mensualmente $751.259 por asesorías, mientras que Pliscoff percibía $532.864 al mes trabajando en el Centro Médico Militar Santiago Centro.

Acevedo fue uno de los seis ex agentes que La Nación Domingo presentó en el reportaje “La DINA a honorarios” publicado el pasado 30 de agosto.

Pliscoff operó en la década de los setenta en las clínicas en que la DINA asesinó prisioneros, y luego fue médico de la CNI operando hasta fines 1989 en los centros clínicos heredados de su antecesora. Después, el Ejército lo recontrató para seguir trabajando en la institución.

QUEDAN ALGUNOS

En la nómina a honorarios continúan los ex agentes de la CNI y DINE, coronel (R) Pedro Pablo Bustos Valderrama y Adolfo Born Pineda, respectivamente. Bustos, ex agregado militar ante Naciones Unidas, recibe $1.341.205 mensuales por asesorías, y Born $873.018 como “analista en seguridad”.

Born, ex jefe de seguridad de Copesa, fue condenado en mayo de 2003 a cinco años como autor del secuestro y desaparición en 1978 del agente DINE Guillermo Jorquera.

En 2007 la Corte de Santiago elevó la condena a seis años, pero en 2008 la Sala Penal de la Corte Suprema lo absolvió, a pesar de las múltiples pruebas en su contra.


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CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN EXIGE ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Todos los actores de la Educación por un cambio profundo.

Congresos Regionales

El pasado 28 y 29 de agosto, se realizó en el aula magna de la ex Universidad Técnica del Estado (USACH) el Congreso Regional Metropolitano de Educación, previo al nacional. Así mismo se realizaron congresos en muchas universidades y regiones del país donde discutieron las grandes problemáticas de la crisis de la educación chilena. 

Entre las regiones y ciudades congregadas están: Concepción, Atacama, Valparaíso, la Araucanía y la Metropolitana.

CONGRESO NACIONAL

Alrededor de mil quinientas personas, reunidas en representació n de todos los sectores de la educación, repletaron este viernes 4 y sábado 5 de septiembre las instalaciones del sector poniente de la USACH para participar de un acto histórico. 

Todas las regiones del país asistieron al evento para discutir y dar forma a un proyecto nacional de Educación y dar solución a los problemas que vienen socavando el sistema educativo del país. 

Frente a la crisis de la educación chilena, la ciudadanía busca construir una alternativa propia haciendo uso de su soberanía. 

Los asistentes se dividieron en seis ejes temáticos distribuidos en siete grupos de discusión cada uno (42 grupos). Luego de dos días de discusión, los participantes se reunieron en seis grandes comisiones para sintetizar y deliberar las conclusiones generales que serían planteadas al pleno después del mediodía del sábado. 

Varios temas fueron tópico de análisis para la ciudadanía. 

Se discutió durante dos días y se concluyó acerca de seis importantes ejes temáticos: Institucionalidad y Rol del Estado, Financiamiento, Acceso y permanencia, Sentido de la Educación Pública, Educación a lo largo de la vida y Participación ciudadana. 

Estos fueron los temas que cientos de profesores, estudiantes secundarios, universitarios, académicos, funcionarios y asistentes de la educación, reflexionaron y deliberaron en la región y a lo largo del país. 

Algunas conclusiones del Congreso fueron:

Asamblea Constituyente, para una Nueva Constitución Política que permita:

- Poner fin al Estado Subsidiario.

- Establecer el rol garante del Estado hacia el Derecho a una Educación gratuita, democrática, plural, laica y participativa. 

- Garantía de acceso y permanencia en Educación, desde el nivel Parvulario hasta la Educación superior.

- Desmunicipalizació n de la Educación básica y media, y el traspaso de los establecimientos educacionales al Estado.

- Fortalecimiento del Ministerio de Educación en su rol administrativo y fiscalizador de la educación. Con mecanismos de desconcentració n regional y con participación directa de la ciudadanía.

- Fortalecimiento de la Educación Pública universitaria de carácter Estatal. 

- Democratizació n de la Educación en todos sus niveles. 

- Pluriestamentalidad en las instituciones.

- Participación vinculante de la ciudadanía en las políticas y legislación educativa del país.

- Fin al sentido mercantil de la educación, por un sentido humano y social.

- Participación ciudadana en la configuración de un proyecto país que guíe el sistema nacional de educación.

- Rechazo categórico a la LOCE, Ley General de Educación, Ley de financiamiento de la Educación superior y Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.

Todas estas fueron conclusiones en la mayoría de los congresos Regionales (III, V, VI, VIII,  IX, Metropolitana y otras) y tuvieron su contundente ratificación en el Congreso Nacional de Educación.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE, como necesidad de un cambio profundo.

Una educación que no esté al servicio del mercado y sí al servicio del ser humano fue una de las primeras preocupaciones. Pero, como lo planteó la gran mayoría de las comisiones, ni esto ni ningún otro cambio pueden llevarse a cabo sin una transformació n profunda a la Constitución Política del país. 

La discusión fue larga y por primera vez en la historia de nuestra patria, gran parte del pueblo chileno en reunión asume un compromiso soberano de tal magnitud, tomando el destino en sus propias manos. 

La Asamblea Constituyente debiera ser desde hoy la causa principal del Movimiento Educacional chileno, convirtiéndose en piedra angular para el logro de todas las demandas planteadas. 

Esto formó parte de una serie de propuestas que reflejan la necesidad de una mayor participación ciudadana en las decisiones del país. 

Una nueva constitución permitiría poner fin al Estado subsidiario que durante 17 años ha ido privatizando el derecho a la educación y otros derechos como el agua, la electricidad, la salud y el cobre. Establecer el Derecho a la Educación como una responsabilidad del Estado, quien deba garantizarla de manera gratuita hasta la universidad, fue uno de los acuerdos más importantes. 

Las Universidades Estatales y las privadas ya no se diferencian, y pensar en una educación gratuita, como existe en todos los países del mundo, resulta imposible sin un cambio profundo. Respecto a esto surgió un gran debate, el cual concluyó acordándose la necesidad de acabar con el financiamiento estatal hacia universidades privadas.

Se demostró un categórico rechazo a la Ley General de Educación (LGE) y a todas las leyes relacionadas, proponiendo la participación de los actores educativos en la configuración de nuevas leyes. 

Así terminó esta jornada histórica, no vista desde hace varias décadas en nuestro país.

Es de esperarse que este consenso nacional se transforme en una actividad articulada y permanente de reflexión y movilización social para la construcción de una nueva educación y de una nueva sociedad chilena.

Atte

Matías Sagredo Z 

PD: Fotografía gentileza de periodista FECH

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Atentamente

REDESCHILE

Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente

Vicaría digitaliza sus archivos

Jueves 3 de septiembre de 2009
La Nación

Con el apoyo de la embajada de Alemania, todos los documentos de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz reunidos desde 1973 serán archivados digitalmente antes de fines de año.
Así lo informó ayer María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría durante la visita a la entidad que realizó Wilfried Krug, encargado de negocios de representación diplomática germana.
El proyecto en marcha busca preservar la totalidad de la documentación archivada relativa a personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas y conformar una gran biblioteca digital que estará disponible para actividades de educación, promoción y defensa de los derechos humanos.


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