Iglesia Católica pidió revisar caso a caso posible indulto a violadores de DD.HH.

Goic y Errázuriz presentaron propuesta de la Iglesia Católica a Piñera en La Moneda.
Piden una serie de beneficios para presos enfermos, mayores de edad y mujeres.

La Iglesia Católica pidió revisar caso a caso la situación de los violadores a los DD.HH. Revise el informe de Rafael Pardo. (Foto: UPI)

La Iglesia Católica pidió revisar caso a caso posible indulto a violadores de los DD.HH. en el marco de su proyecto Bicentenario, el cual fue entregado al Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, señalaron en su propuesta no estaría completa "si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar".
"No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado", señaló el oficio.
"La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos".
La propuesta entregada por la Iglesia Católica tiene como punto central que los condenados por sentencia ejecutoriada -con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad sean beneficiados con reducción parcial sus penas.
Además, pidió que se conceda una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad. Misma situación para aquellas mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años.
Que a las personas condenadas privadas de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel.
Que a los enfermos terminales, debidamente comprobados por la instancia competente, se les condone el saldo de las penas que les resten por cumplir.

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Revise la propuesta de indulto de la Iglesia Católica.

La Corte Suprema rebajó condena del máximo agente de Pinochet

lunes 12 de julio de 2010

ARGENPRESS.info

Chile: Recortan la cadena perpetua del jefe de los servicios secretos de Pinochet a 17 años de cárcel

La Corte Suprema de Chile rebajó a 17 años de cárcel la doble cadena perpetua impuesta anteriormente contra el líder de la policía secreta del general Augusto Pinochet, Manuel Contreras, por el asesinato del jefe de las Fuerzas Armadas de Salvador Allende, Carlos Prats, y de su esposa en 1974.

El tribunal cierra así una de las causas más simbólicas de las violaciones de Derechos Humanos cometidas en Chile durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), aunque también rectifica la sentencia previa dictada contra Contreras --ex jefe operativo de la de la represiva Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)--, y el brigadier Pedro Espinoza, quienes habían sido condenados en 2008 a doble cadena perpetua --una por cada asesinato-- en calidad de autores por el homicidio del matrimonio.

Ambos tendrán que cumplir 17 años de presidio en su grado máximo, sin posibilidad de medidas alternativas, y otros tres años y un día en condiciones de presidio menor por un delito de asociación ilícita, informó el diario chileno 'La Tercera'. No obstante, el octogenario Contreras cumple varias condenas por otros delitos, lo que le mantendrá en prisión el resto de su vida.

Otros tres ex oficiales de los servicios secretos de Pinochet han sido condenados a penas de 15 años en grado máximo como autores de la muerte de Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert. Otros dos han sido sentenciados a 5 años de cárcel como cómplices del asesinato.

El general Carlos Prats fue asesinado por la DINA en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, en el marco de la 'Operación Cóndor', después de que estallara una bomba colocada en su automóvil, un Fiat 125, en la ciudad de Buenos Aires, adonde había huido tras el golpe de Estado de 1973. Cuando sufrió el atentado, estaba acompañado por su esposa, que también falleció.

Prats había sido comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y luego ratificado en su cargo por Salvador Allende. Durante el gobierno de la Unidad Popular, además, ocupó los cargos de ministro del Interior, Defensa y Vicepresidente de la República.

Reacciones a una sentencia “histórica”

La decisión judicial ha generado reacciones de los familiares, organismos públicos y partidos políticos del país. "Creo que la sentencia es el cumplimiento de un compromiso que se le hizo a mi madre y a sus hermanas de hacer Justicia", indicó uno de los nietos del matrimonio asesinado, Carlos Cuadrado, en declaraciones recogidas por 'La Tercera'.

"Se demuestra que hubo una planificación con recursos estatales, pasaportes oficiales, transporte de explosivos a través de organismos públicos... un atentado terrorista cometido en unión con los agentes de la DINA que operaban en Buenos Aires y que después fueron ascendidos por el Ejército", añadió.

"Lo que ha hecho la Corte Suprema es escribir una nueva página de la historia de Chile. La Corte Suprema con su fallo confirma que la dictadura militar, apoyada entusiastamente por los partidarios del actual gobierno, amparó y exportó el terrorismo de Estado, asesinando a un ex comandante en jefe del Ejército", dijo el jefe del Partido Socialista chileno en el Senado, Juan Pablo Letelier.

En un comunicado, el propio Ejército expresó su "repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron, más aún cuando su acto criminal tuvo como víctimas a un ex Comandante en Jefe, y también a su esposa".

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, destacó que finalmente se estableció "la verdad judicial" en una investigación que se había dilatado por décadas. "(Manifestamos) toda nuestra solidaridad con la familia del ex comandante Prats y su mujer y nuestra solidaridad no solamente por lo que vivieron, sino porque estuvieron buscando justicia por más de 30 años", dijo en rueda de prensa.

Más de 3.000 personas murieron por razones políticas y otras 28.000 fueron torturadas durante la dictadura militar de Pinochet, que murió en diciembre de 2006 sin ser juzgado por los crímenes cometidos por el Gobierno 'de facto' que lideraba.

"Queda claro para la historia que acá hubo una asociación ilícita para asesinar al general Prats porque según la DINA constituía el principal enemigo de la dictadura", dijo la senadora Isabel Allende, hija del ex presidente muerto y derrocado durante el asalto al Palacio de la Moneda en 1973. "Aquí hubo altísimos militares involucrados y es una lección de que el Ejército ha incorporado y debe incorporar de por vida. Por fin se hizo justicia", agregó.




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La pobreza: una cachetada en el rostro a las dos castas neoliberales

 

 

 

 

 

ChileInforma.com

 

Puesta online a las 16:33, el 18 de Julio del 2010

Nada más torpe que el optimismo de las oligarquías. Antes de la encuesta Casen, de 2009, nos querían convencer de que Chile sería un país desarrollado en el año 2018 – fecha de nuestra verdadera Independencia-; bastó que se dieran a conocer los resultados de esa encuesta para que cayera, por su propio peso, tan cándido presagio.

El hecho de que en Chile un alto porcentaje de la población sean pobres no es ninguna novedad: ya, en 1910, el apóstol Luís Emilio Recabarren, en Ricos y pobres, mostraba el desolador panorama de la miseria. Tanto en el Centenario, como en el Bicentenario, las castas en el poder no sólo demuestran insensibilidad, sino que también su desnudez, respecto al alejamiento de la sociedad civil.

La canasta básica que se aplica en la encuesta Casen data del año 1987, da una visión distorsionada de la realidad de la pobreza, pues no considera la inflación y, por lógica, los cambios producidos desde esa época hasta nuestros días. Si la canasta básica se adecuara a año 2009, el número de pobres ascendería, aproximadamente, a cuatro millones de personas, y el porcentaje de de 15,1% a 30%.

Las cifras hablan por sí mismas: 2.634.000 entre pobres e indigentes – dos millones y 634, respectivamente-; de 2006 a 2009 el número de pobres aumentó en 355.000 personas. El presidente Piñera en su discurso, desde el Palacio de La Moneda, culpó a la ineficacia y corrupción del anterior gobierno el desalentador resultado con respecto a la pobreza. A su vez, la Concertación, sin ninguna capacidad de autocrítica, lo justifica con la crisis económica de los años 2008-2009, que arrojaron un crecimiento negativo e índices de cesantía superiores a los dos dígitos. La canasta de alimentos, por la cual se miden los resultados de los índices de pobreza, tuvo un crecimiento exponencial durante ese período. A nadie puede extrañarle que unos y otros utilicen la pobreza como tema política, pues no hay nada más político que la pobreza misma.

¿Quiénes son los pobres? Representan más que un mero dato estadístico: son ciudadanos inicuamente atropellados y maltratados; la pobreza es uno de los más violentos atropellos a los derechos humanos, y su existencia y persistencia constituye un baldón moral para toda la sociedad y, sobre todo, para las castas políticas en el poder, que han demostrado verdadera incapacidad para combatirla.

En primer lugar, la pobreza se localiza en algunas provincias, en especial en la zona sur, que va de la región del Maule hasta la de los Ríos; la novena región, La Araucanía, tiene un 27% de la población en estado de pobreza; la región del Bío Bío, un 21%; la región del Maule, 20,8%. Santiago mantiene un 11%, y las provincias con menor índice de pobreza están concentradas en Punta Arenas, un 9,3% y Antofagasta, 8%. Este predominio de Santiago sobre las regiones sigue demostrando que Chile ha fracasado, radicalmente, en el desafío de la regionalización y descentralización del poder. El régimen chileno, además de “monárquico”, sigue siendo monstruosamente desmembrado y centralizado.

La encuesta Casen demuestra que la tarea de iniciar un proceso de federalismo es más urgente que nunca: es imposible eliminar la indigencia y la pobreza si no se interviene ya, eliminando la institución de intendentes –designados por el presidente de la república- y consejeros regionales, que no representan a nadie; ambos cargos deben emanar de la soberanía popular; además, deben asignarse importantes recursos a las regiones que, en la actualidad, tienen alarmantes índices de pobreza que, seguramente, se ha multiplicado como consecuencia del terremoto y maremoto del 27 de febrero último. En el caso de estas provincias del sur, muchas de ellas dependen de un solo producto, por ejemplo, la Araucanía, de la madera, y las de más al sur, de la industria salmonera; basta que su producción se deprima para condenar a la población a la cesantía.

Los niños y los jóvenes constituyen el sector erario más castigado por la pobreza: de cero a tres años, 24,5%, y de cuatro a once años, un 25% - en total un 49,5%, son personas destinadas a la desesperanza aprendida y, en algunos casos, a caer en la cárcel; estas cifras no sólo son indignantes e inaceptables éticamente, sino también condenan a nuestro país a generaciones de deprivación materia l y cultural. Esta encuesta demostró que la educación chilena, tal como está, no sirve para nada, y es un factor de discriminación más que crear oportunidades para empezar a superar la pobreza.

La relación entre la cesantía y la pobreza e indigencia es indiscutible: el 51% de las personas indigentes y el 31% de los pobres son cesantes, decir, el 82%; sólo el 7,7% de los cesantes corresponde a los no pobres; el 47,9% de la población indigente corresponde a mujeres jefas de hogar. Según el INE la diferencia entre el sueldo más bajo y el más alto es de 22 veces.

Para combatir la pobreza no basta con sólo con políticas de protección social, esa necesaria una urgente revolución, para la cual están incapacitadas ambas castas en el poder – la Concertación y la Coalición -. Es imprescindible el cambio del sistema impositivo, con un impuesto del 30% en la primera categoría, es decir, aquel dirigida a la ganancia de las empresas, así como aumentar, sustantivamente, la carga fiscal a los dos quintiles más ricos del país; aprobar e implementar un verdadero royalty que no nos ate a las grandes trasnacionales – como lo hizo Ricardo Lagos y, ahora, quiere llevarlo a cabo Sebastián Piñera –que debe ser superior al 20% progresivamente; rebajar el Iva para los alimentos que conforman la canasta básica, y aumentarlo para todos los artículos suntuario y de lujo.

Todo este cambio en las cargas públicas posibilitaría una revolución educacional y prestaciones de salud de calidad, pata los más pobres, además de un salario ético que, considerando la realidad actual de la pobreza, debiera superar los $300.000. Si algo demuestra la última encuesta Casen es que la aplicación de apoyos importantes a un sector erario, como es el caso de la tercera edad, puede lograr, al menos, disminuir los índices de pobreza que, en este caso fueron sólo de un 8%.

Como la oligarquía en 1910, las actuales castas en el poder, inspiradas en el neoliberalismo, son completamente incapaces de superar la pobreza, lo que hace necesario tratar de visualizar cambios radicales que la izquierda se muestra incapaz de realizar.

Rafael Luís Gumucio Rivas
18/07/2010 




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Comandante en jefe del Ejército apoya indultos en vísperas de anuncio de Iglesia

General Juan Miguel Fuente-Alba respaldó iniciativa tras participar en una actividad en Antofagasta con Piñera. Hace tres semanas, las FF.AA. le enviaron una nota al Presidente, en la que le señalaban que esperaban un gesto de "clemencia".

por Lorena Ferraro - 11/07/2010 - 09:47 

Minutos después de que el Presidente Sebastián Piñera abandonara la explanada Bernardo O'Higgins de Antofagasta, donde participó ayer en la ceremonia de juramento a la bandera, el comandante en jefe del Ejército,  Juan Miguel Fuente-Alba, abordó una serie de temas que han marcado la agenda de la institución en los últimos días. Uno de esos asuntos, del cual fue consultado, apuntó al Indulto Bicentenario que prepara la Iglesia. 
"Creo que siempre lo que contribuye a la clemencia y tiene un carácter de humanidad respecto de personas que pueden estar privadas de libertad con avanzada edad y estando muy enfermas, creo que una propuesta en ese carácter siempre tiene un sentido positivo", respondió Fuente-Alba.
Las declaraciones del general surgen en las vísperas de que el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se reúna para zanjar el contenido final de la propuesta, que no distingue  el otorgamiento de beneficios a reclusos civiles o militares vinculados a causas de DD.HH. El encuentro de los obispos se realizará el próximo martes y, de acuerdo con personeros eclesiásticos, su contenido se anunciará el viernes de la misma semana.
De todas formas, Fuente-Alba afirmó que "al Ejército, sobre el detalle o el particular, no nos corresponde tener un pronunciamiento. Solamente señalo lo que me parece natural frente a una propuesta de esas características".
Hace tres semanas, por iniciativa de Piñera, las FF.AA. le enviaron una nota exponiendo su opinión frente a quiénes deberían verse favorecidos con el indulto. Altas fuentes de gobierno señalan que las ramas castrenses reforzaron la idea de que era una facultad del Jefe de Estado, pero que esperaban un gesto de "clemencia" para los uniformados enfermos y ancianos.
Ayer, la afirmación de Fuente-Alba acaparó rápidamente la agenda en la delegación que acompañaba a Piñera a Antofagasta. El tema, de hecho, fue comentario obligado durante un vino de honor que ofreció la institución en las instalaciones de la Tercera Brigada Acorazada del Ejército.
Al respecto, los diputados PPD Patricio Hales y Jorge Tarud señalaron que no aceptarán beneficios a uniformados. "Esto no puede dejar un precedente para la historia (...) las razones humanitarias debieran haberlas tenido ellos antes", dijo Tarud. En cambio, María Angélica Cristi, de la UDI, defendió en algunos casos el indulto.
"Estoy de acuerdo con una situación que pudiera de alguna manera hacer justicia con personas que están detenidas hace muchos años, que están afectadas por su salud", dijo Cristi, agregando que evalúa visitar Punta Peuco, junto a uniformados en retiro.
En paralelo, Piñera apoyó a Fuente-Alba por la condena del Ejército al crimen de Carlos Prats. La Suprema dictaminó el jueves dos cadenas perpetuas en contra del ex jefe de la Dina Manuel Contreras y 60 años de presidio al brigadier (R) Pedro Espinoza.
Por motivos de agenda, el Mandatario no participó en un almuerzo que preparó el Ejército para conmemorar la ceremonia del juramento de la bandera y se reunió con Carlos Cantero, quien se ha transformado en un voto clave en el Senado. Su visita incomodó a los representantes de la oposición en la comitiva, quienes argumentaron que existían razones de "protocolo" para asistir al evento.

 

 

 

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Informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura: la tortura y Chile en sus 200 años

Por Lucía Sepúlveda Ruiz



El informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el 23 de junio en la oficina de partes de La Moneda, sostiene que la represión – tortura incluida – se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”. El informe que apunta a problemas que tienen que ver especialmente con el uso de la tortura y tratos inhumanos crueles y degradantes, y con la denuncia de la impunidad en contra de los torturadores, se entrega cada año como parte de la conmemoración del Día Internacional Contra la Tortura, el 23 de junio.







La ley antiterrorista

En el caso de los mapuche, denuncia la aplicación de la ley 18,314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista, la utilización de la tortura en las detenciones, tratos inhumanos a menores y miembros de comunidades, y la vigencia de la impunidad por los asesinatos de mapuche de ayer y hoy. Al momento de la entrega de este informe, se recuerda que un comunero mapuche, Jaime Mendoza Collío, fue asesinado por la espalda por un carabinero del GOPE. Hay 57 presos políticos mapuche procesados o sentenciados por ley antiterrorista, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.



La Ley Antiterrorista, señalan, viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. Permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.



Libertad de expresión

Además, recuerda el informe, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela, recientemente absuelta de todo cargo por la justicia, es un ejemplo patético, pues ha debido soportar seis años de persecución injusta, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída, y su material de trabajo no le ha sido devuelto. Similar situación ha afectado, entre otros, a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.



La vida humana y las cárceles


Asegura la comisión que parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles. Ello a la luz de lo que sucedió para el terremoto, cuando al menos tres reos murieron por efecto de los disparos de gendarmes que aplicaron la ley de fuga en un momento de catástrofe, y otro reo, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los presos, al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama. Las tres víctimas de los gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años) y el informe documenta que el Ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo” para la mantención del orden, sin detenerse en el valor de la vida de un ser humano.



Respecto de quienes sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, la Comisión llama a superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.



Agregan que la pensión mensual otorgada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; e insisten en que debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.



La CECT reitera, ante los 200 años de vida de la República, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras por violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o en el exterior por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech; y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura. Se llama a la derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles que no pueden ser objeto de amnistía alguna.



Contenidos del informe

El informe 2010, de 70 páginas, incluye la Agenda de Derechos Humanos levantada por Amnistía Internacional y apoyada por una gran diversidad de organizaciones; un artículo sobre la Tortura y Legislación Internacional del abogado Roberto Garretón. A ello se agrega un estudio sobre la desigualdad del periodista Paul Walder, y una denuncia sobre la condición actual de los ex presos políticos, suscrita por Juan Rojas, ex preso político. Pablo Ruiz escribe denunciando la continuidad de participación de uniformados chilenos que cursan estudios en la Escuela de las Américas, actualmente situada en Fort Benning, Estados Unidos, y Hervi Lara se refiere a un tema estrechamente relacionado: el GOPE (fuerzas especiales de Carabineros) y la tortura.


Finalmente, en la parte gruesa del informe, Beatriz Brinkman escribe sobre los derechos del Pueblo Mapuche, y Lucía Sepúlveda aporta un registro documentado sobre Tortura y Prisión Política a luchadores sociales mapuche, que incluye el listado de casos de 96 presos políticos y procesados mapuche, de los cuales 57 personas cumplen prisión efectiva, y también 57 están siendo procesados o han sido condenadas por la legislación antiterrorista. En forma especial se alude al caso de la lonko Juana Calfunao, una de las fundadoras de la Comisión Ética, quien permanece en prisión por más de 3 años y a quien le ha sido negado el acceso a la libertad condicional. También se detallan las escasas sentencias absolutorias y las querellas (pendientes) por tortura o tratos inhumanos presentadas a la justicia. Un análisis final se refiere a la estrategia ideada por los fiscales de re-formalización de los presos como una nueva modalidad que permite extender los plazos de detención sin juicio oral y complejizar las tareas de la defensa. Hay testimonios de casos de tortura, y como anexo se entrega el informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la psicóloga Claudia Molina González y el organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas en enero de 2010, en Ginebra, Suiza.



La Comisión Etica Contra la Tortura es una entidad conformada en marzo de 2001 por organizaciones de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Etica contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia. La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.



Lucía Sepúlveda Ruiz


http://periodismosanador.blogspot.com/


Publicado por Colectivos MAPU en 13:34Etiquetas: Comisión Valech, derechos humanos, desaparecidos,ejecutados, impunidad, pueblo mapuche, torturados,violencia policial



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El conflicto en Interior por Programa de Derechos Humanos

El Mostrador

7 de Julio de 2010

Dichos del subsecretario por caso de embajador en Panamá encendieron ánimos de abogados

Rodrigo Ubilla trató de ineficientes a los profesionales de la entidad, aludiendo a que demoraban en tramitar las causas, luego que citaran a declarar como inculpado en la Operación Cóndor al embajador de Chile en Panamá, Carlos Labbé, sin informar al gobierno. Los jueces en privado calificaron sus dichos como “ignorancia”, aunque declinaron profundizar la polémica. No es lo único. En el organismo que dirige la ex fiscal Rossy Lama creen que el gobierno busca ser informado de las diligencias que se pedirán para ejercer poder de veto.

por Jorge Molina Sanhueza

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• Tres casos en cien días
• 1. Miguel Otero: Tuvo que renunciar a su cargo de embajador en Argentina debido a que en una entrevista con el diario Clarín aseguró que en Chile hubo muchas personas que no sintieron la dictadura militar.
• 2. José Miguel Steigmeier: El gobierno le pidió la renuncia cuando supo a través de este medio que el designado gobernador del Biobío aparecía ligado a triangulaciones de dinero de Colonia Dignidad.
• 3. Iván Andrusco: Ex general (R) de Carabineros, dejó la dirección de Gendarmería tras declarar como inculpado en el caso de degollamiento de cuatro profesores en 1985 por agentes de la Dicomcar.

Temas relacionados

• Gobierno nombra a nueva jefa del Programa de DD.HH. 

Programa de Derechos Humanos ya tiene nueva cabeza

 

Las relaciones entre los abogados del Programa de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior son cada vez peores; más aún con la directora, la ex fiscal Rossy Lama. La tensión no es nueva. Se viene arrastrando desde que Lama fue designada como nueva jefa del Programa e impuso nuevos criterios de productividad y administración que han caído como un balde de agua fría entre los profesionales que tramitan estas causas por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en una entrevista reciente con La Segunda, profundizaron las diferencias debido a que Ubilla cuestionó la eficiencia de los abogados y dijo que las causas demoraban más de lo necesario.

“Ignorancia”

Los dichos de Ubilla calaron hondo entre los abogados del Programa, sobre todo porque el secretario de Estado cometió un grave error de concepto: los sustanciadores de las causas son los ministros de la Corte de Apelaciones, responsables de los tiempos que usan para llevarlas adelante.
De esta manera, quizás no previendo el alcance de sus palabras, Ubilla le pegó al Poder Judicial. Algunos ministros consultados por este diario, se manifestaron molestos por la “alusión gratuita y oblicua” -otros usaron la palabra “ignorancia”- de Ubilla para criticar su trabajo, aunque declinaron hablar públicamente, para no verse envueltos en temas políticos que pudieran afectar su independencia.
Otro detalle que Ubilla olvidó, es que gran parte de las causas, muchas de ellas con condenas a firme, han demorado por la falta de colaboración de los militares, como también las dificultades propias de reconstruir organigramas secretos de la inteligencia política de los 70 y 80 en Chile. Casos para demostrarlo, están a la vista: el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró cinco años), del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.

Los protocolos

Todo lo anterior, sin embargo, tiene dos hechos precisos. El primero, la citación a declarar, en calidad de testigo, del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, el general (R) Óscar Izurieta, en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara.
Izurieta tuvo que prestar declaración, debido a que el subdirector de la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, lo mencionó en el expediente como quien tendría información sobre la muerte del folclorista y la identidad de “El Príncipe”, autor material del hecho.

La jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás.

El gobierno, en su oportunidad, cuestionó la diligencia, solicitada por los abogados Karina Fernández y Cristián Cruz, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambos profesionales han sido el centro de los cuestionamientos del subsecretario Ubilla y el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
Según Rossy Lama, en una entrevista otorgada a radio Bío Bío, no se respetaron las normas internas que obligan a informarle de las diligencias que se solicitarán en cualquier proceso.
Varios profesionales consultados por este diario, reconocieron que Lama no fue avisada, pero justificaron el actuar de Fernández, debido al clima de desconfianza mutua que reina al interior del programa.
En ese mismo contexto, el gobierno recibió un duro golpe de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La organización sostuvo un encuentro protocolar con el Presidente Sebastián Piñera, luego del cual las dirigentes salieron muy molestas, aduciendo una falta de respeto del Mandatario. Este hecho fue rebotado por todos los medios, pero duramente criticado por el ministro Hinzpeter.

Cambio de lógica

Transcurrieron algunas semanas y la citación a otra autoridad del gobierno volvió a caldear los ánimos de La Moneda. Esta vez fue requerido en calidad de inculpado, el recién designado  embajador de Chile en Panamá, Carlos Labbé –hermano del alcalde de Providencia y ex agente de la DINA, Cristián Labbé-, por la jueza Raquel Lermanda, en el marco del proceso que sustancia por las víctimas de la Operación Cóndor.
Labbé fue citado, debido a que a mediados de los 70 ocupó el cargo de segundo secretario en la legación diplomática de Buenos Aires, Argentina. En esa calidad, según el ex agente de la DINA Carlos Labarca Sanhueza -entre otros- era el nexo con Enrique Arancibia Clavel y el agregado militar de la época, enviando informes secretos a través de la valija diplomática.
En el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, cuando alguien ha prestado declaración como testigo o no lo ha hecho y luego de otros interrogatorios es imputado por terceros de alguna acción constitutiva de delito, la lógica de cualquier organismo perseguidor -como es el Programa de DDHH y el Consejo de Defensa del Estado-, es buscar la mayor cantidad de procesados y las más elevadas penas.

La preocupación de La Moneda está puesta en una entrevista que dio la abogada Karina Fernández y que se publicará este jueves. Según sus colegas, Fernández contará su verdad y se inmolará

Por esta razón, las palabras de Ubilla se instalan para el mundo de los derechos humanos como estrategia para constituir un poder de veto, a través de Rossy Lama, de las diligencias que se solicitarán y aplicar un criterio político más que persecutorio.

Dichos contradictorios

A diferencia de lo sucedido con Izurieta, la jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás, hecho que se contradice con la nota publicada por el diario El Mercurio, el 30 de junio pasado.
Cercanos a Lama aseguran que la versión no fue entregada al matutino por la jefa del programa, sino por Ubilla quien “se arrancó con los tarros en La Segunda”, desconociendo que en esta oportunidad si se cumplieron los protocolos. De hecho, existe un correo enviado por el propio Ugás a Lama, situación confirmada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, el primer profesional que logró procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte.
De allí que el conflicto interno subió de tono. Solicitudes de reunión, una discusión fuerte entre la abogada Karina Fernández y Lama, más el aumento de la desconfianza, terminaron por sellar la semana pasada este conflicto que ha ido escalando.
Pero también en ese contexto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla cuestionó la idoneidad profesional de los abogados del programa, tratando de evitar con esto que La Moneda fuera nuevamente cuestionada por nombrar funcionarios con un cuestionable pasado durante la dictadura, como lo dijera el propio Piñera durante la campaña (ver recuadro).
La preocupación de La Moneda, sin embargo, ahora está puesta en una entrevista otorgada por la propia Karina Fernández a The Clinic que saldrá publicada este jueves. Allí, la abogada cuenta su verdad y todos los episodios vividos al interior del Programa de DDHH. Según sus colegas, Fernández se inmolará. Para ellos, es altamente probable que desde Interior llegue la orden de despedirla.
Este diario intentó obtener una versión de Rossy Lama, del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y del abogado Ugás pero no hubo respuesta.

Preocupación en Cancillería

En Cancillería en tanto llamaron la atención las declaraciones del ministro Alfredo Moreno en torno a que si se comprueba la responsabilidad penal de Labbé, éste debería abandonar el servicio exterior, distanciándose del discurso estructurado por la Casa de Gobierno.
Fuentes del edificio Carrera comentaron que existe preocupación entre los funcionarios de carrera y los políticos, ya que a muchos de ellos les correspondió estar al mando de legaciones diplomáticas durante la dictadura militar, donde los servicios de inteligencia tenían una fuerte presencia y control.
En este sentido, recordaron el caso del embajador Luis Palma Castillo, quien fuera nombrado por Bachelet para asumir la agregaduría de Venezuela, pese a sus vínculos con la desaparecida CNI, obligando a la Cancillería a retirar su beneplácito.





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DECLARACIÓN DE LA AFEP A LA OPINIÓN PÚBLICA

ACERCA DE REUNIÓN EXCLUYENTE DE LOS QUERELLANTES

DECLARACIÓN DE LA AFEP A LA OPINIÓN PÚBLICA

           Con profunda indignación nuestra Agrupación se hace un deber denunciar ante la opinión pública la realización en el día de ayer, lunes 5 de julio, de una reunión acordada entre el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones para tratar la forma en que se abordará el curso de las nuevas querellas que la AFEP ha venido presentando en las últimas semanas y que continuará presentando hasta que no quede ningún caso de ejecutado político durante la dictadura militar sin que se investigue y se juzgue.

Este encuentro a espaldas de los querellantes, sin haber invitado a ningún dirigente de la AFEP ni a ninguno de nuestros abogados, no es sólo una desconsideración, un error jurídico y un problema ético, sino que es además una nueva señal que justifica nuestra apreciación en el sentido de que los personeros del actual gobierno buscan afanosamente la impunidad de los culpables. Tras la reunión que denunciamos está sin duda el Ministerio del Interior y en particular el Subsecretario Rodrigo Ubilla. Es nuestro deber que el país conozca lo que está sucediendo en materia de derechos humanos.

La AFEP valora la actitud del magistrado a cargo de los procesos, señor Mario Carroza, quien no concurrió a ese inaceptable encuentro y valora asimismo la conducta de los abogados del Programa que hicieron presente la necesidad de que en reuniones de esa naturaleza, quienes deben  participar con más derecho y legitimidad que nadie, son los representantes de las víctimas. Es decir, los querellantes.

Señalamos finalmente que ni las exclusiones ni los malos tratos nos harán desistir de nuestra infatigable búsqueda de verdad y justicia. Es más, anunciamos la presentación para los próximos días de cientos de nuevas querellas que corresponden a casos nunca investigados. Con o sin apoyo de quienes por otra parte están legalmente obligados a hacerlo, la AFEP llevará adelante su lucha en defensa de los derechos humanos que es a la vez una contribución poderosa al desarrollo de una democracia verdadera en el pais.

Santiago 06 de julio 2010

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