viernes, 2 de julio de 2010

Jiménez y Aguiló pidieron pronta destitución de embajador en Panamá

Notas Relacionadas

Los diputados y miembros de la comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez (PPD) y Sergio Aguiló (PS), pidieron al Gobierno la destitución del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, luego de que este último fuese llamado a declarar por su vinculación con la llamada Operación Cóndor.

Asimismo se aprobó de manera unánime dentro de la comisión de DD.HH la remoción del diplomático en cuestión. "Es de extrema gravedad que él se mantenga en funciones, toda vez que la justicia lo investiga por uno de los delitos más graves en materia de Derechos Humanos ocurrido durante la dictadura militar. Es por eso que la comisión de Derechos Humanos, de manera unánime, acordó solicitarle al gobierno la inmediata remoción del embajador Labbé, porque es un despropósito. Lesiona gravemente los intereses de Chile ante la comunidad internacional", sostuvo Aguiló.

Por su parte, Jiménez llamó al gobierno a actuar con prontitud en la destitución y advirtió que las designaciones de gobierno corresponden a una "estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar".

"Es triste que nos demos cuenta que ya no es improvisación lo que está haciendo el Gobierno sino que una estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los Derechos Humanos. No puede ser casualidad que se produzcan tantas equivocaciones en estos nombramientos", afirmó Jiménez.
 
 
 
 
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Hinzpeter cuestionó trabajo del Programa de Derechos Humanos

El ministro del Interior criticó la lentitud de los procesos que lleva el organismo.
El titular de Justicia aseveró que el Gobierno tiene un compromiso "irrenunciable" con los DD.HH.
Cooperativa.cl   
 

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuestionó el trabajo del Programa de Derechos Humanos, organismo dependiente de la cartera, por la lentitud de los procesos que llevan adelante.
Imagen"Hay causas que llevan una tramitación excesiva, la justicia tiene que ser oportuna y siempre es deseable que los procesos judiciales avancen rápido", aseveró el ministro.
En tanto, el titular de Justicia, Felipe Bulnes aseguró que el Gobierno tiene un "compromiso irrenunciable" con los DD.HH. y por ello afirmó que "tenemos la confianza y la tranquilidad de que se va a seguir avanzando".
"Los DD.HH. no son patrimonio de un sector político, sino que es un patrimonio de todo el país", sostuvo Bulnes.







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La Moneda opta por cautela en caso de embajador Labbé

/ La Nación 
Viernes 2 de julio de 2010 | | Política  

Si bien el gobierno optó por poner paños fríos respecto de la situación del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, la oposición mantuvo a firme su petición de que el Ejecutivo pida la renuncia al diplomático.

El gobierno decidió desdramatizar la situación del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, que fue citado a declarar en el caso Operación Cóndor por petición de la abogada Karina Fernández, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En este escenario, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “no le asigno ninguna importancia distinta de la de cumplir con el deber que tienen todos los chilenos en nuestro país”, restando así validez a versiones sobre la molestia del Ejecutivo por la sorpresiva petición a un segundo funcionario de gobierno en causas relativas con violaciones de los derechos humanos.
Similar situación ocurrió tras el llamado a declarar del subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, en el proceso por la muerte del cantautor Víctor Jara.
Más firme en su postura fue el canciller Alfredo Moreno, quien sostuvo -en entrevista con Radio ADN- que si se comprueban los vínculos de Labbé con el ex agente de la DINA Enrique Arancibia -condenado por el crimen del general Carlos Prats- sería destituido, pues “no corresponde que sea un funcionario público”.
Agregó que Cancillería desconoce cualquier antecedente respecto del caso, por lo que “atengámonos a lo que resuelva la jueza”.
“En materia de los derechos humanos no hay que hacer ninguna transacción de ningún tipo”, agregó.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en tanto, aprovechó el episodio para criticar la lentitud del Programa de Derechos Humanos: “El tema de fondo es cómo estos abogados han llevado estas causas y el juicio que se tiene que tener respecto de ellos en términos de su efectividad. Tenemos procesos que van con gran lentitud y eso nos preocupa”.
MOLESTIA PARLAMENTARIA
Con todo, la citación al embajador Labbé causó molestia en la oposición. La senadora PS Isabel Allende dijo que “más allá de lo que la propia justicia resuelva, es muy lamentable que se sigan nombrando personas que claramente su situación no está del todo resuelta y eso es altamente inconveniente. La justicia chilena tendrá que terminar de desentrañar su participación en este horrible crimen”.
Además, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Sergio Aguiló (PS) y Tucapel Jiménez (PPD) pidieron al gobierno que destituya al diplomático.
La petición tuvo inmediata respuesta en Karla Rubilar (RN), quien llamó al presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez (PC), a dejar de “politizar esta comisión”.
“(Gutiérrez) usando su estatus está disparando hacia el gobierno del Presidente Piñera, si quieren hacerlo como parlamentarios o individuos, ningún inconveniente, pero no utilicen la comisión y el Parlamento”.



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Operación Cóndor: Canciller no descarta destitución de embajador en Panamá

Alfredo Moreno fue claro en señalar que si se comprueba que Alberto Labbé participó en el caso, "no corresponde que sea un funcionario público".
EFE
Jueves 1 de Julio de 2010 15:23
Pese a las acusaciones, Moreno sostuvo que en su ministerio no existen antecedentes.
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

SANTIAGO.- El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, aseguró este jueves que de comprobarse que el embajador en Panamá, Alberto Labbé Galilea, tuvo nexos con la llamada Operación Cóndor, lo que ha desatado emplazamientos de parte de la oposición.

En ese caso, "no corresponde que sea un funcionario público", dijo en declaraciones a radio ADN, aunque reiteró que enno existe antecedente alguno que lo relacione al caso.

Sobre esa base, pidió esperar los resultados de la investigación judicial: "Atengámonos a lo que resuelva la jueza", manifestó y subrayó que "en materia de derechos humanos no hay que hacer ninguna transacción, de ningún tipo".

Según fuentes vinculadas al proceso, Alberto Labbé, que fue citado a petición de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ha sido señalado por varios testigos de haber enviado informes que terminaron en manos de la DINA, cuando era segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires.

Labbé enviaba por valija diplomática documentos con información sobre exiliados chilenos que vivían en Argentina, que le era entregada por Enrique Arancibia Clavel, un agente de la DINA, quien años después fuera condenado por su participación en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974.




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Gutiérrez (PC): “Directora del Programa de DD.HH. conocía notificación a embajador en Panamá”

2 de Julio de 2010


"(Ella) está mintiendo al Gobierno, a su propio jefe directo, de que ella decía que desconocía que se había presentado la solicitud", sostuvo el diputado.

  Temas relacionados
El diputado del PC Hugo Gutiérrez aseguró hoy que la directora del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama, conocía la notificación al embajador en Panamá, Alberto Labbé, a declarar como inculpado en caso Operación Cóndor.
“Habían cumplido todos los protocolos que habían sido impuestos por la señora Rossy Lama, por tanto estaba informada de que efectivamente estas acciones habían sido presentadas en contra del embajador Labbé”, sostuvo el parlamentario en radio Cooperativa.
“(Ella) está mintiendo al Gobierno, a su propio jefe directo (subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla), de que ella decía que desconocía que se había presentado la solicitud”, indicó el abogado.
Agregando que “ella debió haber informado a su vez al subsecretario Ubilla, lamentablemente no fue así y ahí está lo grave porque los protocolos impuestos por ella fueron cumplidos”.
Gutiérrez salió al paso a las acusaciones del ministro de la cartera, Rodrigo Hinzpeter, en cuanto a la lentitud del programa. “Ha habido un avance sustancial importante en el desarrollo de todas estas causas que son lentas, que son difíciles (…) son causas que se entrampan porque no hay colaboración de los involucrados”, por ello, “no es sencillo echar la culpa a los abogados en causas que son complejas”, concluyó.



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Gutiérrez (PC): “Directora del Programa de DD.HH. conocía notificación a embajador en Panamá”

2 de Julio de 2010


"(Ella) está mintiendo al Gobierno, a su propio jefe directo, de que ella decía que desconocía que se había presentado la solicitud", sostuvo el diputado.

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El diputado del PC Hugo Gutiérrez aseguró hoy que la directora del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama, conocía la notificación al embajador en Panamá, Alberto Labbé, a declarar como inculpado en caso Operación Cóndor.
“Habían cumplido todos los protocolos que habían sido impuestos por la señora Rossy Lama, por tanto estaba informada de que efectivamente estas acciones habían sido presentadas en contra del embajador Labbé”, sostuvo el parlamentario en radio Cooperativa.
“(Ella) está mintiendo al Gobierno, a su propio jefe directo (subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla), de que ella decía que desconocía que se había presentado la solicitud”, indicó el abogado.
Agregando que “ella debió haber informado a su vez al subsecretario Ubilla, lamentablemente no fue así y ahí está lo grave porque los protocolos impuestos por ella fueron cumplidos”.
Gutiérrez salió al paso a las acusaciones del ministro de la cartera, Rodrigo Hinzpeter, en cuanto a la lentitud del programa. “Ha habido un avance sustancial importante en el desarrollo de todas estas causas que son lentas, que son difíciles (…) son causas que se entrampan porque no hay colaboración de los involucrados”, por ello, “no es sencillo echar la culpa a los abogados en causas que son complejas”, concluyó.



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jueves, 1 de julio de 2010

Diplomático ya declaró en 2004 en caso Operación Cóndor: Se repite caso Izurieta en citación judicial a embajador Alberto Labbé

El Mercurio.com
Santiago de Chile
jueves 1 de julio de 2010
Actualizado a las 6:05 hrs.

Abogada del Ministerio del Interior, Karina Fernández, insistió en citar al diplomático que ya había declarado por el funcionamiento de la embajada de Chile en Buenos Aires, cuando era segundo secretario. Directora del Programa de DD.HH., Rossy Lama, no estaba al tanto de la señalada petición.  

  El embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, quien deberá declarar en la investigación del caso Operación Cóndor luego que la ministra suplente Raquel Lermanda acogiera una petición que le hiciera la abogada Karina Fernández, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, ya había prestado testimonio en el proceso el año 2004, cuando lo sustanciaba el juez Juan Guzmán.
Labbé fue consultado en esa fecha por cómo funcionaba la embajada de Chile en Buenos Aires, entre los años 1975 y 1976, donde había sido tercer y segundo secretario.
La presentación de la abogada Fernández, quien pide que declare en calidad de inculpado, fue hecha después de que se conociera el nombramiento de Labbé en la embajada de Panamá, y si bien la resolución de la ministra se adoptó el pasado 18 de junio, se filtró recién ayer, mismo día en que el Presidente Sebastián Piñera se reunió con los embajadores.
La directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la abogada Rossy Lama, no estaba al tanto de la gestión de Karina Fernández. Se repitió así la misma situación que se dio en mayo pasado, cuando se pidió citar al hoy subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, en el caso Víctor Jara, sin informar de ello a Lama. En esa oportunidad, Rossy Lama dijo que no se habían cumplido los estándares de trabajo internos, pues existía un instructivo que consignaba que todos los escritos emanados del programa debían ser revisados antes de ser presentados ante el tribunal.
Paralelamente, el Ministerio del Interior decidió ayer incorporar al equipo del Programa de DD.HH. al abogado Gonzalo Fuenzalida (36), creador de la ONG Víctimas de la Delincuencia, y un hombre de confianza del Ejecutivo.
Su función será agilizar la tramitación de las causas. Fuenzalida se incorporará al equipo de 15 abogados.
Tres menciones
Alberto Labbé Galilea, quien tiene una vasta carrera en el servicio diplomático, aparece mencionado tres veces, por dos testigos, en la investigación que lleva hoy la ministra Raquel Lermanda.
La jueza asumió el caso en calidad de suplente el pasado ocho de junio, reemplazando al ministro titular Víctor Montiglio, quien enfrenta problemas de salud y que sustanció la causa desde mayo de 2005.
La primera vez que se nombra a Labbé es en el testimonio emitido en agosto de 2003, por un ex suboficial que era ayudante de un coronel, que habría estado secretamente asignado a la Dina en la embajada de Buenos Aires.
El ex suboficial contó al juez que, en ocasiones, el coronel le entregaba la información que deseaba enviar a Chile por valija diplomática y que él se la llevaba al funcionario que le tocaba armar la valija. Entre aquéllos, mencionó el nombre de Labbé.
Las otras dos menciones corresponden a las declaraciones formuladas en octubre del mismo año por otro suboficial en retiro, chofer de un coronel que tendría vínculos con la Dina.
Al suboficial en retiro se le preguntó a qué funcionarios recordaba de la embajada en esa fecha. Mencionó al embajador René Rojas Galdames, "a un señor Labbé y a otro señor Fernández".
Al mismo suboficial se le consulta con quiénes trataba el coronel, y éste le señala nombres y cargos de funcionarios que, según recordaba, hablaban con el oficial, como el embajador, el agregado aéreo, otro oficial, "y el señor Labbé", entre otros.
Con motivo de su rol en la embajada, se le solicitó declarar en 2004. El hoy embajador en Panamá declaró por escrito -estaba fuera del país- autorizado por el tribunal, quien le consultó sobre cómo funcionaba la embajada en Argentina. Nunca más fue citado.
La llamada Operación Cóndor correspondió a la coordinación a fines de la década del 70 y década del 80 de los servicios de inteligencia de países con gobiernos militares en América del Sur, cuyo fin era intercambiar información y perseguir a través de las fronteras a personas calificadas como "subversivas" por dichos regímenes.

 Ingresó a la Cancillería en 1966 La carrera diplomática de Alberto Labbé comenzó en 1966, cuando ingresó a la Cancillería como Administrativo Ameritante. En 1970 se integró a la planta del Servicio Exterior y ese mismo año asumió como secretario de la Dirección de Protocolo, cargo en que estuvo hasta 1974.
Después pasó a la embajada de Chile en Buenos Aires, donde ejerció como segundo y tercer secretario. En 1979 fue jefe de gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores, y en 1985 lo nombraron consejero de la embajada en EE.UU.
Entre 1988 y 1990 fue subdirector de Protocolo, y en 1990 fue designado cónsul de Chile en Miami. Regresó al país en 1995 para desempeñarse como enlace de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales con el sector privado y empresarial. En 1999 asumió como cónsul general en Chicago, y entre 2004 y 2010 se desempeñó en la oficina de enlace con el Congreso. Tiene estudios en la Academia Diplomática, el Instituto de Estudios Geopolíticos de la República Argentina y la Universidad Johns Hopkins, de Washington D.C.



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Embajador Labbé es citado a declarar por Operación Cóndor

 
Por Jorge Escalante / La Nación
 Jueves 1 de julio de 2010 | | País
 
El nuevo representante diplomático en Panamá fue convocado en calidad de “inculpado” y no como testigo.

La jueza Raquel Lermanda, que reemplaza al ministro Víctor Montiglio, decretó que el nuevo embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, debe concurrir a declarar en calidad de “inculpado” en el proceso por los crímenes de la Operación Cóndor.
De acuerdo a la resolución aprobada por la magistrada, Labbé, quien entre 1975 y 1976 se desempeñaba como segundo secretario en la embajada de Chile en Buenos Aires, deberá indicar cuál era su relación con los agentes de la DINA que integraban el departamento exterior de ese organismo represivo y que permanecían adscritos a esa sede diplomática.
El embajador, que es hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, deberá además dar razón acerca de los envíos que el agente DINA, Enrique Arancibia Clavel, hacía por valija diplomática dirigidos a la DINA en Santiago, conteniendo información y antecedentes de chilenos que residían en Argentina, algunos de los cuales luego desaparecieron en el marco de la Operación Cóndor.
El nombre de Labbé fue mencionado en el proceso Operación Cóndor al menos por los ex agentes DINA instalados entonces en esa embajada, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno.
Ambos sostienen que Labbé se relacionaba con ellos para recibir la información que se enviaba vía valija diplomática a la DINA en Santiago.
Sostiene Labarca Sanhueza procesalmente que el agente DINA, Víctor Barría Barría, oficial de Estado Mayor que en ese tiempo era el jefe de ese organismo en la embajada “me entregaba en algunas ocasiones documentos para entregarlos a la persona que en la embajada estaba encargada de enviar la valija diplomática, función que cumplía un diplomático que puedo recordar como un señor de apellido Labbé”.
A su vez Palma Moreno afirma judicialmente que “el señor Labbé” mantenía contactos con otro “agregado militar DINA” de ese tiempo en la embajada, “el coronel Osvaldo Hernández Pedreros”.
CANCILLER MORENO
Al cierre de esta edición, el canciller Alfredo Moreno manifestó que había conversado con el embajador Labbé, “quien se enteró por la prensa de la citación que ha realizado la jueza. El embajador me ha señalado que se pondrá inmediatamente en contacto con la jueza para entregar cualquier antecedente que le sea requerido”.
Añadió que como es sabido, “la posición invariable del gobierno es que todos los funcionarios, al igual que cualquier chileno, deben estar a completa disposición de la justicia”.
Asimismo, señaló que el ministerio que dirige “es respetuoso de la labor del Poder Judicial y espera que los hechos se aclaren en forma rápida y definitiva”.
 
 
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