Piñera enfrenta nuevo escándalo por embajador vinculado a la Operación Cóndor

30 de Junio de 2010

Alberto Labbé tendrá que declarar en calidad de inculpado

El diplomático y hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se hizo cargo a fines de mayo de la legación chilena en Panamá. Sin embargo, la jueza Raquel Lermanda resolvió que debe comparecer por sus vínculos con el ex agente de la DINA y único condenado del caso Prats, Enrique Arancibia Clavel, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires. El diputado Tucapel Jiménez dijo que la comisión de DD.HH. de la Cámara ya acordó pedir al Ejecutivo su destitución. [Actualizada]

por El Mostrador

Temas relacionados

• Abogados del Programa de DD.HH. respaldan a familiares de víctimas de la dictadura militar

El recientemente nombrado embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, fue citado a declarar como inculpado en el juicio que se sigue por la denominada “Operación Cóndor”.
La citación de Labbé, un diplomático de carrera de cuyo nombramiento en Panamá se informó oficialmente el pasado 28 de mayo por la Cancillería, fue emitida por la jueza Raquel Lermanda, que reemplazó en el juicio al magistrado Víctor Montiglio a petición de abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para asesinar opositores en los años 70 y 80.
Alberto Labbé fue señalado por varios testigos de los casos de chilenos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet detenidos y hechos desaparecer en Argentina, Paraguay y Brasil desde 1975, cuando el diplomático era segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires.
Abogados de derechos humanos comentaron que Labbé, hermano del alcalde del Municipio de Providencia y ex coronel del Ejército Cristián Labbé, envió por valija diplomática, una lista con información de chilenos que vivían exiliados en Argentina.
Según las fuentes, la información le fue entregada por Enrique Arancibia Clavel, un agente de la DINA, la policía secreta de Pinochet, que años después fue condenado en Argentina por su participación en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
Arancibia Clavel vivía en un exilio no oficial en Buenos Aires por haberse implicado también en el asesinato de antecesor de Prats en la comandancia del Ejército chileno, René Schneider, ocurrido el 25 de octubre de 1970.
Aunque no se especificó cuando Alberto Labbé Galilea viajará a Chile para declarar, se informó de que la jueza Lermanda ha solicitado su presencia para saber cual fue “realmente” el papel que cumplió en la sede diplomática de Buenos Aires.
El listado enviado desde Buenos Aires por Labbé finalmente terminó en manos de la Dina.
Según informaciones entregadas por agrupaciones de derechos humanos, se estima que en Argentina, donde cientos de chilenos se exiliaron, desaparecieron unos 70 de ellos, desde la instauración de la dictadura militar en Chile.

Reacciones

El canciller Alfredo Moreno, consultado al respecto por la radio Bío Bío, se mostró sorprendido con la noticia y aseguró  que no tenía antecedente alguno de la situación que enfrentaba el diplomático.
“No conozco la información de la cual me están hablando, así que difícilmente le puedo dar una reacción”, dijo escuetamente el secretario de Estado.
En tanto y en declaraciones a la misma emisora, el diputado del PPD Tucapel Jiménez, quien integra la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, afirmó que dicha instancia ya acordó pedirle al gobierno  la salida de Labbé.
“Hemos aprobado como comisión pedirle al ministro de Relaciones Exteriores que destituya de inmediato a este embajador, porque creo que no podemos tener un embajador que representa a todos los chileno llamado a declarar como inculpado en un caso tan grave como es la operación Cóndor”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapearecidos (AFDD), Lorena Pizarro, manifestó su molestia por el hecho que sigan apareciendo en distintos cargos personas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
“Esta es una costumbre que está siendo demasiada costumbre, y uno se pregunta hasta cuando vamos a ir descubriendo,  como con un cuentagotas, a  sujetos que ocupan responsabilidades en el aparato del Estado vinculados a crímenes contra la humanidad”, sostuvo.



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Gobierno e indultos: “No daremos señal equívoca”

/ La Nación

Miércoles 30 de junio de 2010 | | Política 

 

 

“Esto no forma parte del programa de gobierno”. Así, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, enfrentó las críticas que las organizaciones de derechos humanos y la oposición levantaron contra la posibilidad de que el gobierno acoja un indulto promovido por la Iglesia para conmemorar el bicentenario y que podría beneficiar a militares en retiro condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Y aunque el Ejecutivo dará a conocer su opinión una vez que la Iglesia haga llegar su propuesta oficial, Bulnes adelantó que el gobierno ya ha definido algunos criterios: “Hay que combinar las nociones de misericordia con las de seguridad ciudadana. No vamos a optar por ninguna medida que implique dar una señal equívoca”.
Desde la Concertación, el senador DC Eduardo Frei sostuvo que “no puedo estar en acuerdo con una medida que me parece inconveniente. Sería retroceder el esfuerzo que hemos hecho en estos 20 años para ir ayudando a las familias de detenidos desaparecidos”.
El rechazo fue compartido por la senadora de Renovación Nacional, Lily Pérez, quien afirmó que la idea “va en una línea absolutamente opuesta a lo que la gente espera del nuevo gobierno, que es garantizar protección y mayor seguridad de las personas”.
En tanto, el senador UDI Víctor Pérez afirmó que “nos vamos a preocupar que si el gobierno acoge el llamado de la Iglesia Católica, éste se apegue al principio de misericordia que está en el espíritu de la solicitud. Esto implica que se debe considerar el estado de salud de los condenados, y por supuesto el delito que cometieron, y claramente en algunos casos no se puede acceder a la petición de la Iglesia”.



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Indulto Bicentenario: La Moneda estudia no aplicar beneficio a delitos graves

En el gobierno se ha impuesto la tesis de que el indulto general promovido por la Iglesia debe ser restrictivo. En caso contrario, podría ser una mala señal contra la delincuencia. Ese criterio dejaría fuera a casos de DD.HH.

por J. M. Wilson - 29/06/2010 - 08:26 

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Aunque a La Moneda aún no llega la propuesta de la Conferencia Episcopal para conceder un indulto general por el Bicentenario, en el Ejecutivo ven como lejana la posibilidad de beneficiar por esa vía a condenados por delitos graves, como hechos de sangre o de alta connotación social.
Ese criterio, según admiten en Palacio, dejaría automáticamente afuera del beneficio promovido por la Iglesia a los involucrados en causas de DD.HH. Los ex uniformados, en su gran mayoría, están sentenciados por homicidio y secuestro.
Además de las repercusiones políticas y en la opinión pública que podría tener una decisión de esa naturaleza, el problema del gobierno es que si extiende el indulto general a un ex militar vinculado a un hecho de sangre, la misma medida podría favorecer a civiles presos por crímenes de la misma tipificación.
Altos funcionarios del Ejecutivo  creen que el indulto será de carácter "restrictivo". De lo contrario -explican en el gobierno- podría darse una mala señal en el combate a la delincuencia, al existir pocas chances de establecer diferencias entre culpables de violaciones a los DD.HH. y condenados por un homicidio sin connotación política.
Sin embargo, la inclinación del gobierno a no incluir casos graves iría en contra de la postura mayoritaria de parlamentarios oficialistas  que -con motivo del Bicentenario y en un gesto de unidad- piden que se conceda algún tipo beneficio carcelario a ex uniformados, que cumplían órdenes, que no tuvieron participación reiterada en delitos o no estuvieron directamente involucrados.
Durante el fin de semana, el tema fue abordado por el Presidente Sebastián Piñera con los senadores oficialistas Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Andrés Allamand y Alberto Espina, quienes fueron invitados a pasar unos días en el Palacio de Cerro Castillo.
Espina -quien declinó opinar de sus conversaciones con el Presidente- tomó distancia de dirigentes de RN y la UDI que pidieron a La Moneda extender el beneficio a ex militares.
El senador RN dijo que el indulto Bicentenario debería ir dirigido a quienes cometieron hechos menores y "bajo ningún concepto delitos graves, que son aquellos como homicidios, secuestros o abusos sexuales".
"Pensar en darles indulto a personas que han cometido delitos graves es una señal profundamente equivocada, porque el gobierno está dando una durísima lucha contra la delincuencia", agregó.
Entre otros criterios necesarios para acceder al beneficio, Espina propuso que deberían ser reos con enfermedades terminales y que tengan una edad avanzada. "De haber un indulto tiene que hacerse sobre la base de criterios básicos, basados en el principio de humanidad", dijo.
Otras voces en el oficialismo creen que para el caso de ex militares, se podría materializar algún beneficio, gracias a la facultad presidencial que establece la Constitución de conceder indultos particulares, es decir, "caso a caso".
Consultado ayer el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, dijo que "no le corresponde a la Conferencia Episcopal determinar a quiénes, cómo y las modalidades (del indulto), porque eso forma parte del ordenamiento civil. Nos interesa que en la celebración del Bicentenario el país tenga un signo de reconciliación y misericordia".
El prelado agregó que "este indulto no puede tener restricciones particulares", salvo las que establezca la legislación.

 

 

 

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Indulto Bicentenario se convierte en el gran dilema de Piñera:

 ...Decidir si acoge la propuesta de la Iglesia y si la aplica a militares violadores de derechos humanos. Vicario Alfonso Baeza pide prudencia: “Si los indultan, primero deben mostrar arrepentimiento”

Fecha de publicación: 29-06-2010

Fue en julio de 2009 cuando la jerarquía de la Iglesia Católica comunicó su intención de proponer un indulto masivo, considerando que este año el país celebra el Bicentenario de su Independencia.

La noticia causó una gran polémica por el eventual “perdonazo” que alcanzaría hasta para militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura. No obstante, el propio gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, aseguró que de aplicarse el beneficio, en ningún caso se consideraba para este tipo de personas.

Pero el 11 de marzo, una vez que asumió Sebastián Piñera, el panorama fue distinto. Si bien, el Presidente no planteó una posición clara respecto al tema en su campaña, se mostró a favor de “acelerar los procesos en contra de militares involucrados en temas de derechos humanos”, situación que causó el profundo rechazo entre los familiares de detenidos desaparecidos.

La Iglesia Católica propone el indulto a reos mayores de 70 años, condenados por delitos menores, encarcelados que sufran enfermedades terminales y madres en etapa de crianza de sus hijos.

El martes 13 de julio, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se reunirá a debatir la agenda de la Iglesia. La tabla, como otras veces, ya está definida y cobrará especial relevancia porque ese día recibirán la propuesta final que le encargaran dos de sus hombres sobre el Indulto Bicentenario.

Gobierno en jaque
En el Ejecutivo ven como lejana la posibilidad de beneficiar por esa vía a condenados por delitos graves, como hechos de sangre o de alta connotación social.

Además de las repercusiones políticas y en la opinión pública que podría tener una decisión de esa naturaleza, el problema del gobierno es que si extiende el indulto a un ex militar vinculado a un hecho de sangre, la misma medida podría favorecer a civiles presos por crímenes de la misma tipificación.

Altos funcionarios del Ejecutivo creen que el indulto será de carácter "restrictivo". De lo contrario -explican- podría darse una mala señal en el combate a la delincuencia, al existir pocas chances de establecer diferencias entre culpables de violaciones a los derechos humanos y condenados por un homicidio sin connotación política.

Sin embargo, la inclinación del gobierno a no incluir casos graves iría en contra de la postura mayoritaria de parlamentarios oficialistas que -con motivo del Bicentenario y en un gesto de unidad- piden que se conceda algún tipo de beneficio carcelario a ex uniformados, que cumplían órdenes, que no tuvieron participación reiterada en delitos o no estuvieron directamente involucrados.

Alfonso Baeza: “Hasta ahora, todo ha estado en la penumbra”

En conversación con Cambio21, el sacerdote y ex Vicario de la pastoral de los Trabajadores, Alfonso Baeza, afirmó que “yo creo que esto del indulto tiene que ser una cosa de caso a caso. Las personas que sean indultadas, considero que deberían –por lo menos- haber demostrado un poco de arrepentimiento o que hayan ayudado a esclarecer casos, porque hasta ahora gracias al silencio es que aún existen detenidos desaparecidos”.

En cuanto a quién otorgarle el beneficio, Baeza asegura que “para ser coherente, siempre he sido partidario de que sea para todos lo enfermos terminales, pero no sólo para los militares, porque aquí se aprovechan los que tiene más poder y pueden llegar a los medios, pero ¿qué pasa con los más pobres? A ellos también se les debe dar una oportunidad y siempre y cuando sea así yo estaré a favor, para que terminen sus vidas al lado de sus familias”.

A juicio del sacerdote, “hasta ahora, todo ha estado en la penumbra. A mi me parece que hay una gran lista de personas que estuvieron involucradas en las violaciones a los derechos humanos y hasta ahora todo está oculto, por eso no me apresuraría por darle el indulto a todos”.

Rafael Villarroel: “Esperamos una solución del gobierno para el Bicentenario”

Por su parte el presidente de la organización de militares retirados Chile mi Patria, general (r) Rafael Villarroel, pidió a Piñera proponer una solución para el presente año a los casos de militares que se encuentran con problemas de salud y que están encarcelados.

"La Concertación trata muy mal a los militares, así que estamos esperando con mucha esperanza una nueva manera de ver las cosas, una solución que esperamos se dé en el Bicentenario", manifestó Villarroel.

En tanto el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, aseguró que el Indulto Bicentenario no es parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera, sino una iniciativa de la Iglesia que probablemente será presentada para los 200 años de independencia del país, en septiembre.

Mireya García: "Pedir indulto por enfermedad es un aprovechamiento injustificado"

Por su lado la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, afirmó que los militares condenados no se pueden aprovechar de su condición de salud o de edad para pedir indultos.

"Así son los ciclos de la vida: la vida y la muerte son parte de nuestra existencia y esto de ninguna manera implica que, por ejemplo, en los casos de violadores a los derechos humanos tengan que quedar libres porque tuvieron alguna enfermedad que finalmente les significó su deceso", dijo García.

Agregó que "ese es un aprovechamiento que no tiene ningún sentido, ninguna explicación ni justificación".



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Abogados del Programa de DDHH respaldan a familiares de víctimas

Por Jorge Escalante / La Nación 

 

La secretaria ejecutiva del programa, Rossy Lama, dijo que “ellos tienen la libertad para expresarse como quieran, pero no deben olvidar que éste es un programa del Ministerio de Interior y ellos son funcionarios de este ministerio”.

Viernes 25 de junio de 2010 | | País

 

Los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior respaldaron a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en lo que han sido sus disputas con el gobierno de Sebastián Piñera. En tanto, la secretaria ejecutiva de esa instancia, Rossy Lama, afirmó que “ellos tienen la libertad para expresarse como quieran, pero no deben olvidar que éste es un programa del Ministerio de Interior y ellos son funcionarios de este ministerio”.
La secretaria ejecutiva dijo a La Nación haber recibido “con extrañeza” la declaración de los abogados, pues “aquí nosotros, más allá de cualquier diferencia, siempre hemos recibido y conversado con todas las agrupaciones de familiares de las víctimas”.
En una declaración pública leída ayer en el Palacio de Tribunales, nueve abogados de ese programa manifestaron que “tras las opiniones vertidas por los dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos a la salida de la reunión sostenida con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en La Moneda el martes 22 de junio, queremos expresar que en nuestra calidad de abogados de derechos humanos, que hemos permanecido a lo largo de varios años junto a los familiares de detenidos desaparecidos, manifestamos nuestro apoyo a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en respaldo a su constante lucha por obtener verdad, justicia y castigo efectivo a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar”.
En su declaración, los abogados expresaron que “nos parece importante, en pro de la defensa de los derechos humanos, que se mantenga el diálogo entre el gobierno y las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, convencidos de que éste fortalece la democracia y resulta imprescindible para que se satisfagan las obligaciones internacionales que en la materia pesan sobre el Estado de Chile”. El texto lo firmaron los abogados Sergio Concha, Cristián Cruz, Jean Pierre Chifelle, Karina Fernández, Magdalena Garcés, Catalina Lagos, Loreto Meza, Hugo Pavéz y Luisa Sanhueza.

 

 

 

 

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AFDD a Hinzpeter: El Gobierno nos va a tener que escuchar

Lorena Pizarro fustigó los dichos del ministro y enfatizó que seguirán "diciendo lo que no nos parece".
La diputada Karla Rubilar criticó que la agrupación haya dicho que este es el Gobierno de la dictadura.

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Dichos "desafortunados"

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, respondió a las críticas de Rodrigo Hinzpeter quien el miércoles aseveró que la actitud de la dirigenta fue torpe tras la reunión que sostuvieron el martes con el Presidente Piñera.
"Las palabras de buena crianza que han expresado con tanta fuerza durante estos días no están relacionadas con tomar decisiones que apunten a resolver este tema, por lo tanto, la molestia también puede ser para desviar la tensión del tema de fondo", aseveró Pizarro.

El ministro del Interior afirmó el miércoles que "si van a plantear que nosotros somos el Gobierno que representa la dictadura, creo que no hay ninguna posibilidad de diálogo".
Ante ello, Pizarro enfatizó que "el Gobierno nos va a tener que escuchar, es La Moneda quien tiene que llamarnos y nosotros vamos a seguir demandando y vamos a seguir diciendo lo que no nos parece".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Hugo Gutiérrez, comparte el juicio de la AFDD, y estimó que los dichos de Hinzpeter sólo fue una "descoordinación" con el Mandatario.
"El Presidente de la República es el primer responsable y obligado a satisfacer la demanda de verdad y justicia del país. Espero que sea sólo una descoordinación entre el ministro del Interior y el Presidente de la República", sostuvo Gutiérrez.
El diputado enfatizó que si el Mandatario no recibe a la AFDD "va a estar demostrando que, sin duda, no está a la altura de las circunstancias y no puede ser el Presidente de todos los chilenos".

Dichos "desafortunados"

 | subir

La diputada de RN y miembro de la Comisión de DD.HH., Karla Rubilar, afirmó que el aseverar que el Ejecutivo es de la dictadura fue "desafortunado", sin embargo, también desestimó los dichos de Hinzpeter.
"Yo me quedo con las palabras del Presidente Piñera, entiendo que eso es lo que rige en este país, y el ministro probablemente lo que manifestó fue una molestia que él sintió y que de una forma tiene que ver con ese compromiso que también hemos manifestado en diversas oportunidades", manifestó Rubilar.
La parlamentaria enfatizó que se debe "evitar que quede la sensación de que no hay un compromiso, de que este es un Gobierno de la dictadura, que yo creo que son frases que también son desafortunadas de parte de las agrupaciones".



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Manuel Contreras fue procesado por nuevo delito contra derechos humanos

Ministro Solís dictó procesamiento por el secuestro de Agustín Reyes.
También fueron notificados Miguel Krassnoff, Marcelo Moren y Bascaly Zapata.

Cooperativa.cl   

 

El ex director de la DINA, Manuel Contreras, fue procesado por un nuevo delito contra los derechos humanos, en esta oportunidad, por el secuestro calificado de Agustín Reyes González, detenido desaparecido desde el 27 de mayo de 1974.
El ministro en visita Alejandro Solís además procesó al Miguel Krassnoff y los ex agentes de la DINA Marcelo Moren Brito y Bascalay Zapata, todos ellos como autores del delito.

La notificación a los cuatro procesados se realizó en los recintos donde ya cumplen condenas por otras causas de lesa humanidad.
Agustín Reyes González, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en 1974 cuando tenía 24 años y fue trasladado al recinto de la DINA en Londres 38.

Revise el procesamiento del ministro Solís






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